La Sala 2ª del Tribunal Supremo ha dictado la interlocutoria de inadmisión del recurso de casación interpuesto por la defensa del agente de Mossos de Esquadra M.A.P., confirmando así, la sentencia condenatoria dictada por la Sala 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado 17 de julio de 2017.

La Sección 7ª consideró al agente ahora condenado, responsable de un delito de lesiones, por lo que le imponía una pena privativa de libertad de 2 años y una accesoria de inhabilitación especial por trabajo o cargo público relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Administración autonómica o local, durante 2 años. La Generalitat de Catalunya fue condenada como responsable civil subsidiario. A cuatro años de los hechos juzgados, la Sala Penal del Tribunal Supremo considera ajustada a derecho la sentencia condenatoria, rechazando así los argumentos de la defensa, que pretendía la absolución del acusado, por entender que este actuaba en el ejercicio legitimo de su deber y cargo. Es decir, que actuaba amparado en su condición de agente policial.

El Tribunal Supremo considera acreditado por las pruebas practicadas durante el juicio oral y por las circunstancias de los hechos que la violencia utilizada por el agente condenado no era en absoluto necesaria, ya que en el momento del los hechos el ambiente en la plaza de Sants era pacífico, sin provocaciones de la vítcima hacia el agente condenado que pudiera justificar la actuación policial, estimando que, indudablemente,  la fuerza utilizada por el acusado no era necesaria para el mantenimiento del orden público y la defensa de los interesas que tenia encomendados.

La resolución del Alto Tribunal confirma la tesis seguida en todo momento tanto por la acusación particular como por la acusación popular, por entender que el condenado se extralimitó en sus funciones, siendo consciente en todo momento de su actuación y, por lo tanto, del uso extralimitado de la defensa personal, que acabó impactando en el craneo de la víctima y partiéndole en dos el pabellón auricular.

La defensa dispone de 30 días para interponer un recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional.

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