El jueves 19 de abril hemos presentado en rueda de prensa en el Colegio de Periodistas el segundo informe anual del SAIDAVI, nuestro Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional.

En enero de 2016, gracias al esfuerzo colectivo de muchas, nació el SAIDAVI, un servicio gratuito inspirado en el funcionamiento de servicios similares que existen en América Latina. Concretamente, con el trabajo que realiza, desde hace más de trenta años, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, organización que ha asesorado nuestro proyecto.

A lo largo del 2017, hemos acompañado a 52 personas que han vivido situaciones de violencia institucional en el espacio público, prisiones, en contextos de reunión y manifestación, en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), desde cuatro ejes: jurídico, psicosocial, de comunicación e incidencia política. En total, a lo largo del 2017 se han realizado  246 actuaciones legales102 actuaciones psicosociales y 8 acciones comunicativas y de incidencia.

La violencia policial vivida durante el 1 de octubre en Catalunya, con un total de 1066 personas atendidas por los servicios médicos, merece una mención especial, tanto por la gravedad de los hechos como por el trabajo desarrollado por la red de observadoras #SomDefensores, de la que formamos parte. Actualmente, desde Irídia llevamos 12 casos representativos por los hechos ocurridos en seis escuelas de Barcelona. Con la representación de estos casos, queremos abrir un proceso de verdad, reparación y justicia colectivas.

En el informe también analizamos desde una perspectiva de derechos humanos las políticas públicas y prácticas de los operadores del sistema penal, y hacemos un seguido de recomendaciones a las autoridades competentes, con el objetivo de promover cambios y combatir la impunidad. Destacamos que, actualmente, en términos generales, no existen normativas específicas que contemplen medidas integrales para abordar la violencia institucional.

Algunas de las exigencias que presentamos en el informe se dirigen hacia la prohibición de las balas de goma en el conjunto del Estado espanyol y la identificación correcta de los agentes policiales para combatir la impunidad.

 

 

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