El Juzgado ha denegado todas las pruebas que hemos realizado desde la acusación particular, incluyendo la denegación de la segunda autopsia, al mismo tiempo que lanza un ultimátum a la familia para que entierre el cuerpo.

El día 5 de Agosto murió en una celda del DERC (Departamento Especial de Régimen Cerrado, módulo de aislamiento penitenciario) la interna Gina Katherine Gómez Gutiérrez, la cual llevaba privada de libertad 9 meses de manera preventiva.

La interna se había lesionado en varias ocasiones, razón por la cual la trajeron a un hospital penitenciario meses antes del fatal desenlace. A pesar de esto fue encerrada en numerosas ocasiones en el régimen de aislamiento, prohibido por la legislación internacional y estatal.

En el informe de autopsia se detecta que la interna estaba tomando Lette, Quetiapina, Tomapax y Transilium, entre otros, que son medicamentos utilizados como ansiolíticos, antidepresivos, antiepiléctivos y antipsicóticos.

La autopsia preliminar ha determinado como causa de la muerte el suicidio, pero la familia exige poder realizar un segundo informe de autopsia por parte de un médico forense externo.

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Martorell ha denegado en dos ocasiones la realización de dicha prueba, a la vez que ha dado un ultimátum a la familia: o entierran ellos el cuerpo o el Juzgado procederá a enterrarlo sin contar con la familia.

Cabe destacar que la jueza además ha denegado todas las pruebas solicitadas por la acusación particular, las cuales buscan investigar las circunstancias que rodearon el fallecimiento, así como examinar si existen indicios delictivos ya sean por acción como por omisión.

La acusación particular ejercida desde Irídia presentó ayer un recurso de apelación contra la denegación de todas las pruebas y ha contestado al Juzgado oponiéndose a realizar el entierro hasta que la Audiencia Provincial en segunda instancia se pronuncie sobre la conveniencia de realizar la segunda autopsia solicitada, así como el resto de diligencias de prueba.

Irídia ha solicitado que el cuerpo sea congelado a fin de garantizar la conservación del mismo, ya que el motivo alegado para apremiar al entierro es que el mismo no se halla en buen estado.

La familia quiere realizar la segunda autopsia para descartar cualquier otra causa de la muerte que no sea el suicidio, y además se quejan de la falta de claridad y transparencia que ha habido a la hora de explicar lo acontecido. Dicha opacidad les ha llevado a oponerse a enterrar el cuerpo sin que se produzca una segunda autopsia.

Desde Irídia hemos solicitado a la jueza que no entierre el cuerpo sin el consentimiento de la familia y acuerde una diligencia de prueba básica en un procedimiento iniciado tras una muerte.

La muerte de Gina en aislamiento se produce en Brians 1 tres años después de la muerte de Raquel, un caso que abrió el debate en Cataluña acerca del régimen de aislamiento. Se generó un grupo de trabajo sobre la materia en el Parlament y se cambió la normativa de aislamiento.

De hecho, el próximo 11 de diciembre tendrá lugar la vista en el Juzgado Contencioso Administrativo en un procedimiento en el que, junto a la familia, reclamamos la responsabilidad de la Generalitat en el resultado de muerte.

En dicha vista tendrá que declarar el que era Director de la prisión en ese momento, Juan Carlos Navarro, así como los facultativos que la atendieron y 5 funcionarios.

Desde la muerte de Gina hemos recogido también otras situaciones de muerte en aislamiento penitenciario, como la de Lewis Alfaro en Noviembre en 2017, caso acerca del cual presentaremos una demanda administrativa contra la administración en las próximas semanas. Y hace unos días se produjo una nueva muerte en la prisión de Quatre Camins.

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