Desde Ir\u00eddia, junto con otras abogadas, se ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para denunciar las graves vulneraciones de derechos fundamentales derivadas de las infiltraciones policiales en espacios pol\u00edticos y sociales de Barcelona y la absoluta falta de investigaci\u00f3n de los hechos.
\nEsta acci\u00f3n responde a la decisi\u00f3n de la justicia ordinaria de confirmar la inadmisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la querella interpuesta el 31 de enero de 2023 por ocho personas afectadas contra el agente infiltrado D.H.P., sus superiores jer\u00e1rquicos y el Ministerio del Interior. Una resoluci\u00f3n que, seg\u00fan Ir\u00eddia, supone un incumplimiento grave de la obligaci\u00f3n del Estado espa\u00f1ol de garantizar la prohibici\u00f3n absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, tal como establecen los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.
\nEste incumplimiento pone en riesgo la protecci\u00f3n efectiva de los derechos humanos y consolida la impunidad de las autoridades responsables de unas pr\u00e1cticas tan innecesarias como abusivas.<\/p>\n
Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando un agente de la Polic\u00eda Nacional se infiltr\u00f3 con una identidad falsa en diferentes espacios sociales y pol\u00edticos del barrio de Sant Andreu de Barcelona. La infiltraci\u00f3n continu\u00f3 durante dos a\u00f1os, hasta octubre de 2022. Esta infiltraci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo mediante el establecimiento de v\u00ednculos sexoafectivos con varias mujeres activistas, que el agente instrumentaliz\u00f3 para obtener informaci\u00f3n pol\u00edtica y personal bajo una identidad falsa, as\u00ed como para mantener la confianza de otros colectivos y mujeres.<\/p>\n
Por estos hechos, se interpuso una querella por los delitos contra la integridad moral, abuso sexual continuado, descubrimiento y revelaci\u00f3n de secretos, e impedimento del ejercicio de derechos c\u00edvicos. Aunque se aportaron pruebas contundentes, fue inadmitida por resoluci\u00f3n del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 21 de Barcelona y posteriormente confirmada por la secci\u00f3n 5\u00aa de la Audiencia Provincial de Barcelona.<\/p>\n
La ausencia de una investigaci\u00f3n judicial de estos hechos implica una vulneraci\u00f3n de los derechos a la integridad moral (art. 15 CE), a la intimidad (art. 18 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).<\/p>\n
El Estado est\u00e1 incumpliendo su obligaci\u00f3n internacional de investigar de manera exhaustiva aquellos hechos que puedan constituir tortura o tratos inhumanos o degradantes, como exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.<\/p>\n
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado espa\u00f1ol en 13 ocasiones por no investigar debidamente casos de tortura. Es por estas vulneraciones que se ha interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, exigiendo que, dos a\u00f1os despu\u00e9s de la interposici\u00f3n de la querella, no se hayan investigado unos hechos tan graves.<\/p>\n
El recurso subraya la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los l\u00edmites legales y \u00e9ticos del uso de relaciones sexoafectivas por parte de agentes policiales infiltrados, una pr\u00e1ctica a\u00fan no resuelta por la jurisprudencia en relaci\u00f3n con la figura del agente infiltrado en estos casos. Es importante destacar que el Ministerio del Interior los ha descrito como agentes de inteligencia, diferenci\u00e1ndolos de los agentes encubiertos. Esta pr\u00e1ctica afecta gravemente la dignidad, la libertad sexual y la participaci\u00f3n pol\u00edtica de las personas afectadas, al tiempo que criminaliza y limita los movimientos sociales.<\/p>\n
Con esta acci\u00f3n, Ir\u00eddia reafirma su compromiso de agotar todas las v\u00edas judiciales para exigir que se investiguen unos hechos tan graves y se establezcan responsabilidades pol\u00edticas y judiciales. Si el Tribunal Constitucional no garantiza la protecci\u00f3n adecuada, el equipo jur\u00eddico ha reafirmado su compromiso de llegar hasta el final, acudiendo a instancias internacionales si fuera necesario.<\/p>\n
Este caso no es aislado, ya que desde junio de 2022 hasta la actualidad se ha conocido la presencia de nueve agentes infiltrados en movimientos sociales en cuatro ciudades del Estado espa\u00f1ol (Barcelona, Girona, Valencia y Madrid).<\/p>\n
Desde entonces, se han iniciado otros dos procedimientos penales contra los agentes infiltrados, as\u00ed como contra sus superiores jer\u00e1rquicos, el \u00faltimo el pasado jueves 9 de enero en Valencia.<\/p>\n
Aunque estas operaciones se han demostrado como una tendencia represiva al alza, se han enfrentado a la negativa sistem\u00e1tica del Estado espa\u00f1ol a desclasificar el n\u00famero de agentes policiales infiltrados en espacios de movilizaci\u00f3n social y pol\u00edtica, ampar\u00e1ndose en la Ley franquista de Secretos Oficiales. Esta falta de transparencia no solo limita el derecho a la informaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda, sino que tambi\u00e9n dificulta la rendici\u00f3n de cuentas por unas pr\u00e1cticas que tienen impactos devastadores en las personas afectadas y en el tejido asociativo.<\/p>\n
El anuncio de esta acci\u00f3n llega al d\u00eda siguiente del estreno del documental “Infiltrats”, producido por La Directa y emitido en el programa 30 Minuts de 3Cat. Este documental aporta informaci\u00f3n in\u00e9dita sobre el caso y sus impactos en las personas y los movimientos afectados, respondiendo a algunas preguntas que se\u00f1alan la falta de voluntad pol\u00edtica para esclarecer los hechos. La investigaci\u00f3n period\u00edstica refuerza la necesidad de abrir un debate p\u00fablico sobre la legitimidad de estas operaciones y sus graves implicaciones en los derechos fundamentales.<\/p>\n