{"id":2103,"date":"2020-04-16T14:01:28","date_gmt":"2020-04-16T12:01:28","guid":{"rendered":"https:\/\/test.iridia.cat\/?p=2103"},"modified":"2020-04-16T14:13:35","modified_gmt":"2020-04-16T12:13:35","slug":"organizaciones-de-derechos-humanos-exigen-que-se-investiguen-nuevos-casos-de-violencia-institucional-en-el-marco-de-estado-de-alarma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iridia.cat\/es\/organizaciones-de-derechos-humanos-exigen-que-se-investiguen-nuevos-casos-de-violencia-institucional-en-el-marco-de-estado-de-alarma\/","title":{"rendered":"Organizaciones de Derechos Humanos exigimos a Interior que investigue nuevos casos de violencia institucional"},"content":{"rendered":"
\n

Escrito al Ministerio de Interior<\/a><\/h4>\n

Escrito al Defensor del Pueblo<\/a><\/h4>\n<\/blockquote>\n

Las entidades, impulsadas por Defender a Quien Defiende, critican que en la gu\u00eda enviada por el Ministerio de Interior a las Delegaciones del Gobierno para unificar criterios ante sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana en el contexto de estado de alarma se prevea una interpretaci\u00f3n de las cuant\u00eda de las sanciones desproporcionada y que se prevea sancionar a las personas directamente por un desplazamiento no autorizado.<\/em><\/strong><\/h3>\n

Organizaciones de derechos humanos como Novact, Ir\u00eddia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acci\u00f3n, Stop Represi\u00f3n Granada y la Asociaci\u00f3n Pro Derechos Humanos de Andaluc\u00eda, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos como Sos Racismo, la Asociaci\u00f3n Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jur\u00eddica, la Associaci\u00f3 Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, presentaron este jueves un segundo escrito dirigido al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo, en el que denuncian siete nuevos casos de violencia institucional a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Polic\u00eda, quienes presuntamente incurrieron en un uso de la fuerza no autorizado, en el marco del Estado de Alarma decretado por el Gobierno para la gesti\u00f3n de la pandemia del COVID-19.<\/p>\n

Estos casos, documentados entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2020 en distintas ciudades del Estado<\/strong>, gracias a las grabaciones y denuncias realizadas por la ciudadan\u00eda, dan cuenta de bofetadas, empujones, golpes y patadas propinados por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en acciones contrarias a los protocolos existentes y a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que han de regir toda actuaci\u00f3n policial. Estos casos se suman a otros cuatro que ya fueron denunciados por la Plataforma el pasado 25 de marzo[1]<\/sup><\/a>, de los que tambi\u00e9n se exigi\u00f3 el accionar de los canales internos de investigaci\u00f3n y depuraci\u00f3n de responsabilidades y, cuando haya indicios de delito, la activaci\u00f3n urgente por parte del Ministerio de Interior de todos los mecanismos de investigaci\u00f3n y su remisi\u00f3n a las autoridades judiciales.<\/p>\n

A estas violencias, se suma la inseguridad jur\u00eddica que vive gran parte de la ciudadan\u00eda a la hora de circular por la v\u00eda p\u00fablica en las circunstancias que as\u00ed lo dispone el Real Decreto 463\/2020 sobre el Estado de Alarma, dado que no existe un mecanismo adecuado que pruebe o justifique un desplazamiento en el espacio p\u00fablico, cuando haya lugar a una identificaci\u00f3n. En ese sentido, es importante recordar que el Defensor del Pueblo ya ha instado[2]<\/sup><\/a> a la Secretar\u00eda de Estado de Seguridad a elaborar instrucciones internas dirigidas a la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda y a la Direcci\u00f3n General de la Guardia Civil, en las que \u201cse clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que s\u00ed est\u00e1n amparadas por las excepciones del art\u00edculo<\/em>\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el actual marco es discriminatorio porque no prev\u00e9 las circunstancias de subsistencia de las m\u00e1s de 500.000 personas en el Estado espa\u00f1ol que se encuentran en situaci\u00f3n administrativa no regularizada, y quienes se ven afectadas por las disposiciones de la Ley de Extranjer\u00eda. A su vez, muchas personas que trabajan en servicios que han sido considerados esenciales, como el trabajo de cuidados o la agricultura, no puedan demostrar de manera objetiva la necesidad de su desplazamiento<\/strong>. Esta situaci\u00f3n ha sido documentada por las organizaciones integrantes de la Plataforma, quien\u00a0 tambi\u00e9n ha puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y del Defensor del Pueblo al menos tres casos que dan cuenta de ello.<\/p>\n

Asimismo, las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana s\u00f3lo deben imponerse a los ciudadanos que son descubiertos salt\u00e1ndose las indicaciones del Estado de alarma, pero que adem\u00e1s se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad. La constataci\u00f3n de dicho proceder se ha producido a trav\u00e9s de la publicaci\u00f3n de la gu\u00eda que unifica las sanciones en el estado de alarma que se ha hecho p\u00fablica en el d\u00eda de hoy, 16 de abril. La indicaci\u00f3n que se est\u00e1 dando a las fuerzas y cuerpos de seguridad es que inicien expediente sancionador de manera directa cuando entiendan que no se cumple uno de los supuestos de justificaci\u00f3n de desplazamiento previstos en el decreto de estado de alarma. Asimismo, la indicaci\u00f3n a las delegaciones del gobierno es que incoen y sancionen por la mera conducta, no por desobedecer a una orden concreta del agente. Este criterio se une a la falta de seguridad jur\u00eddica con la que cuentan los ciudadanos\/as a la hora de dar cumplimiento a lo expuesto dicho decreto.<\/p>\n

Por su parte, entidades como SOS Racismo<\/strong> ya han alertado del incremento de identificaciones basadas en perfiles \u00e9tnico-raciales<\/strong>, por lo que es imprescindible que durante el per\u00edodo de alarma se generen mecanismos de control de las actuaciones policiales y de denuncia de malas praxis<\/em>; as\u00ed como incorporar mecanismos que exijan la justificaci\u00f3n objetiva de las identificaciones llevadas a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad.<\/p>\n

Por \u00faltimo, es importante recordar que la toma de im\u00e1genes no constituye una infracci\u00f3n en ning\u00fan caso. La Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) solo sanciona el uso no autorizado de las im\u00e1genes si pone en riesgo la seguridad personal o familiar de los agentes instalaciones protegidas o si pone en riesgo las operaciones policiales. Bajo esa directriz, la grabaci\u00f3n de actuaciones policiales est\u00e1 permitida y amparada por el derecho a la libertad de informaci\u00f3n y a la defensa, ya que algunas de las im\u00e1genes se toman con el objetivo de que se conviertan en pruebas ante procedimientos administrativos o judiciales. Estas grabaciones han permitido, adem\u00e1s, conocer y denunciar malas praxis<\/em> policiales e importantes vulneraciones de derechos. Los agentes no pueden sancionar a ciudadanos\/as por el hecho de grabar actuaciones policiales en el espacio p\u00fablico y tampoco pueden limitar la grabaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n

 <\/p>\n

[1]<\/sup><\/a> http:\/\/defenderaquiendefiende.org\/organizaciones-de-derechos-humanos-exigen-al-ministerio-de-interior-que-los-cuerpos-policiales-actuen-con-proporcionalidad-durante-el-estado-de-alarma\/<\/a><\/h6>\n
[2]<\/sup><\/a> http:\/\/defenderaquiendefiende.org\/ministerio-de-interior-y-defensor-del-pueblo-responden-ante-las-vulneraciones-de-derechos-humanos-por-parte-de-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado\/<\/a><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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