una investigaci\u00f3n<\/a> en la que conclu\u00eda que ha habido una amplia operaci\u00f3n de espionaje contra distintas personalidades catalanas y del Pa\u00eds Vasco con las herramientas PEGASUS y CANDIRU. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, confirmada por Amnist\u00eda Internacional, al menos 65 personas fueron atacadas o infectadas. Entre estas se encuentran periodistas, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes pol\u00edticos de Catalu\u00f1a y del Pa\u00eds Vasco (entre ellos presidentes de
\nla Generalitat y miembros del Parlamento Europeo).<\/p>\nA d\u00eda de hoy, este caso de espionaje se ha convertido en el m\u00e1s importante en Europa, siendo la cara m\u00e1s visible y m\u00e1s novedosa de una pr\u00e1ctica represiva de larga trayectoria, no solo en Catalunya o el Pa\u00eds Vasco. Las injerencias publicadas por el estudio de The Citizen Lab no se deben entender de manera aislada, sino como parte de un conjunto de herramientas destinadas a la persecuci\u00f3n de las voces cr\u00edticas, de la disidencia pol\u00edtica y de la reducci\u00f3n del espacio de la sociedad civil.<\/p>\n
Ante la informaci\u00f3n p\u00fablica sobre el uso de los programas esp\u00edas PEGASUS y CANDIRU, que solo pueden adquirir los estados, las entidades y colectivos firmantes queremos manifestar que:<\/p>\n
1. El articulo 18 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola protege el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, como tambi\u00e9n lo hacen los tratados internacionales suscritos por Espa\u00f1a. Cualquier injerencia a estos derechos fundamentales tiene que estar prevista por ley de forma clara, previsible y suficientemente accesible, resultar necesaria en una sociedad democr\u00e1tica y responder a las finalidades previstas en los diferentes convenios internacionales.<\/p>\n
2. La creaci\u00f3n del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue prevista en la Ley 11\/2002, del 6 de mayo, reguladora de esta entidad. En esta se prev\u00e9 la posibilidad de llevar a cabo \u201cinvestigaciones de seguridad\u201d sin especificar los mecanismos ni los l\u00edmites de estas. La norma viene acompa\u00f1ada
\nde la Ley Org\u00e1nica 2\/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del CNI, que prev\u00e9 que un magistrado del Tribunal Supremo pueda autorizar la adopci\u00f3n de medidas que afecten la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.<\/p>\n
3. Las actuaciones del CNI y las resoluciones judiciales que autoricen la afectaci\u00f3n de derechos fundamentales tienen el car\u00e1cter de secretas. En relaci\u00f3n al control parlamentario de los gastos y las actuaciones, este recae en una Comisi\u00f3n del Congreso de car\u00e1cter secreto; en esta legislatura,
\ny hasta la fecha, no se ha reunido ni una sola vez.<\/p>\n
4. La vaguedad e indefinici\u00f3n de las normas reguladoras del CNI no indica, con razonable claridad, el alcance y la manera de ejercer la facultad discrecional conferida a las autoridades p\u00fablicas, de manera que se garantice a los particulares el grado m\u00ednimo de protecci\u00f3n, al cual tienen derecho
\nen un Estado de derecho en una sociedad democr\u00e1tica, tal y como exigen los est\u00e1ndares del derecho internacional de los derechos humanos. Es importante recordar que los programas esp\u00edas PEGASUS y CANDIRU acceden a todo el contenido de los dispositivos interceptados, incluyendo
\nlas fotograf\u00edas y las aplicaciones, as\u00ed como a todas las comunicaciones y a la activaci\u00f3n remota de la c\u00e1mara y el micr\u00f3fono.<\/p>\n
5. El uso de programas esp\u00eda de estas caracter\u00edsticas implica una violaci\u00f3n flagrante del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. As\u00ed mismo, el espionaje de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, supone una amenaza a la libertad de expresi\u00f3n y de manifestaci\u00f3n. Defensoras de los derechos de las mujeres, como Hala Ahed Deeb en Jordania y Ebtisam al-Saegh en Bahrein, han sido atacadas por medio del programa esp\u00eda Pegasus. Este tambi\u00e9n es el caso de diferentes escritores cr\u00edticos con el gobierno indio, como Rona Wilson (actualmente en la c\u00e1rcel) y defensores de los derechos humanos palestinos, como el abogado Salah Hammouri (actualmente en la c\u00e1rcel) y los activistas Ubai Al-Aboudi y Ghassan Halarika. Finalmente, su empleo contra abogados y abogadas implica tambi\u00e9n una vulneraci\u00f3n del derecho de defensa y del deber del secreto profesional, parte fundamental de la tutela judicial efectiva, base de cualquier democracia sujeta al Estado de derecho.<\/p>\n
6. Desde la abogac\u00eda y las organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos manifestamos nuestro rechazo frontal al uso del programa Pegasus u otros programas esp\u00eda contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogac\u00eda, miembros de organizaciones de la sociedad civil, representantes pol\u00edticos y ciudadan\u00eda en general. Entendemos que esta medida no es legal ni democr\u00e1tica en los par\u00e1metros del derecho internacional de los derechos humanos y supone una amenaza para mantener el Estado de derecho y la democracia.<\/p>\n
7. Exigimos a las instituciones p\u00fablicas y al Poder judicial una investigaci\u00f3n independiente, r\u00e1pida y efectiva para esclarecer los hechos y garantizar que los derechos a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, el derecho de defensa, el derecho a la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n sean
\nrespetados y protegidos por los organismos estatales, incluidos los servicios secretos, en el marco de un Estado de derecho, democr\u00e1tico y social de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
8. Exigimos una revisi\u00f3n de la Ley 11\/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI y de la Ley Org\u00e1nica 2\/2022, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del CNI, para que se ajusten a los est\u00e1ndares de claridad, previsibilidad, accesibilidad y protecci\u00f3n de los derechos individuales,
\nexigidos en los tratados ratificados por el Estado Espa\u00f1ol.<\/p>\n
9. Recomendamos erradicar el proteccionismo corporativo. Asimismo, incorporar las peticiones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en las que exige tomar medidas de prevenci\u00f3n respecto al uso de dispositivos de espionaje estatal y privado; as\u00ed como exigir responsabilidades a las empresas responsables de desarrollar y distribuir dichas tecnolog\u00edas de vigilancia, por motivo de las consecuencias negativas que suponen en la protecci\u00f3n de los derechos.<\/p>\n
Entidades adheridas:<\/strong><\/p>\n1. ACDDH – Associaci\u00f3 Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
\n2. Addameer – Prisoner Support and Human Rights Association
\n3. Advocacia per la Democr\u00e0cia, Ponent i Pirineus
\n4. AED – European Democratic Lawyers
\n5. AFFAC – Associacions Federades de Fam\u00edlies d\u2019Alumnes de Catalunya
\n6. ALA – Asociaci\u00f3n Libre de Abogadas y Abogados
\n7. ALAZ – Asociaci\u00f3n Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza
\n8. Alerta Solid\u00e0ria
\n9. Al Haq – Defending Human Rights
\n10. APDHA – Asociaci\u00f3n Pro Derechos Humanos de Andaluc\u00eda
\n11. Associaci\u00f3 d\u2019Advocats d\u2019Osona en defensa dels Drets Humans
\n12. Bisan Center Research and Development
\n13. Calala Fondo de Mujeres
\n14. CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
\n15. Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
\n16. Col\u00b7lectiu Praga
\n17. Coordinadora de l\u2019advocacia de Catalunya
\n18. Ecologistas en Acci\u00f3n
\n19. ELDH – European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights
\n20. Erabakizaleak – Juristas por el Derecho a Decidir
\n21. Esculca – Observatorio galego para a defensa dos dereitos civ\u00eds e as liberdade
\n22. European Civic Forum
\n23. Fair Trials
\n24. Hungarian Civil Liberties Union
\n25. IDHC – Institut de Drets Humans de Catalunya
\n26. Ir\u00eddia – Centre per la Defensa de Drets Humans
\n27. Irish Council for Civil Liberties
\n28. Juristes de les Terres de l\u2019Ebre per les Llibertats
\n29. Juristes per la Rep\u00fablica de Tarragona
\n30. KHRC – Kenian Human Rights Commission
\n31. LaFede
\n32. Legal Resource Centre in South Africa
\n33. LRC – Legal Resource Center
\n34. Novact – Instituto Internacional por la Acci\u00f3n Noviolenta
\n35. ODHE – Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterr\u00e0nia
\n36. OMCT, World Organisation Against Torture
\n37. Osabideak
\n38. OSPDH – Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos
\n39. RIS – Rights International Spain
\n40. Suds – Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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