[iridia_cta format=”box” text=”Hazte socia!” link=”url:https%3A%2F%2Firidia.cat%2Fes%2Ffem-iridia%2F|title:Colabora|target:%20_blank|”]<\/p>\n
Cinco de las activistas afectadas por el caso de infiltraci\u00f3n en los movimientos sociales de Sant Andreu y de Barcelona y en el movimiento sindical entre mayo de 2020 y octubre de 2022 han interpuesto una querella por las conductas del agente del Cuerpo Nacional de Polic\u00eda, DHP. Se trata del caso destapado ayer por el semanario La Directa.<\/p>\n
Ambas asociaciones consideran que se trata de unos hechos muy graves, puesto que en ning\u00fan caso es aceptable que un polic\u00eda encubierto utilice las relaciones sexo-afectivas con activistas para obtener informaci\u00f3n y apuntalar su identidad encubierta para infiltrarse en el tejido asociativo y sindical.<\/strong> Hay que recordar tambi\u00e9n que la infiltraci\u00f3n de agentes solo tiene justificaci\u00f3n legal cuando se proyecta en la investigaci\u00f3n de unos delitos tasados en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo.<\/strong> Este caso quedar\u00eda fuera de este supuesto, puesto que el objetivo era monitorizar los movimientos sociales y\/o desestructurarlos \u2013 especialmente el movimiento libertario \u2013 suponiendo esto una grave vulneraci\u00f3n de derechos civiles.<\/p>\n El art\u00edculo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal menciona la posibilidad que en las investigaciones sobre delincuencia organizada el Juez instructor pueda autorizar funcionarios de la Polic\u00eda Judicial, mediante una resoluci\u00f3n fundamentada y teniendo en cuenta las necesidades de investigaci\u00f3n, a actuar bajo una identidad supuesta. Esta identidad supuesta ser\u00e1 otorgada por el Ministerio del Interior por seis meses, prorrogables por periodos de igual duraci\u00f3n, quedando leg\u00edtimamente habilitados los agentes encubiertos para actuar en todo lo que est\u00e9 relacionado con la investigaci\u00f3n concreta y a participar en el tr\u00e1fico jur\u00eddico y social con aquella identidad ficticia. La informaci\u00f3n obtenida por aquel agente encubierto, tendr\u00e1 que ser puesta en conocimiento de quien autoriz\u00f3 aquella investigaci\u00f3n y tendr\u00e1 que ser aportada de forma completa.<\/p>\n La Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues, acota al marco de la delincuencia organizada y de ciertos delitos tasados la infiltraci\u00f3n de agentes, que tendr\u00e1 que contar con supervisi\u00f3n judicial. Se desprende de este precepto que solo el riesgo fundamentado de conductas delictivas graves y peligrosas avalar\u00edan este m\u00e9todo de investigaci\u00f3n tan excepcional. Otro elemento a considerar de las limitaciones de la actuaci\u00f3n de los agentes encubiertos es que estos no podr\u00e1n llevar a cabo conductas que no podr\u00edan llevar a cabo bajo su identidad real.<\/p>\n Las normativas policiales y procedimentales suponen un cuerpo legal muy d\u00e9bil en atenci\u00f3n a las consecuencias para los derechos fundamentales derivadas de las intervenciones de los agentes encubiertos. Su actuaci\u00f3n se rodea de una total opacidad, que dificulta la fiscalizaci\u00f3n p\u00fablica y por parte de las fuerzas pol\u00edticas. A pesar de que la infiltraci\u00f3n de agentes est\u00e1 prevista y acotada en el campo de la delincuencia organizada y de la lucha antiterrorista, la realidad es que la ambig\u00fcedad del marco legal expone a la ciudadan\u00eda y a todo el tejido asociativo y social a ser v\u00edctimas potenciales de actuaciones de espionaje estatal arbitrarias o abusivas.<\/strong> Esta debilidad y opacidad, en t\u00e9rminos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, no alcanza el umbral de marco legal suficiente de cara a las prohibiciones del Art\u00edculo 3 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y de la garant\u00eda de los derechos reconocidos a los art\u00edculos 8, 10 y 11 CEDH.<\/p>\n Por eso, en la querella interpuesta, se denuncia al agente por cuatro tipolog\u00edas diferentes de delitos cometidos contra cada una de las afectadas: cinco delitos de abusos sexuales continuados, cinco de tortura o subsidiariamente contra la integridad moral, cinco de descubrimiento y revelaci\u00f3n de secretos y, finalmente, cinco de impedimento del ejercicio de los derechos c\u00edvicos.<\/strong><\/p>\n En lo referente a los delitos de abuso sexual continuado,<\/strong> en la querella se argumenta que las leyes se basan en la idea del consentimiento, que en este caso se puede considerar viciado (en cuanto que las afectadas nunca habr\u00edan consentido si hubieran tenido la informaci\u00f3n): \u201cNo hay consentimiento si el agresor crea unas condiciones o se aprovecha de un contexto que, directa o indirectamente, impongan una pr\u00e1ctica sexual sin contar con la voluntad de la mujer.\u201c La querella recoge, citando la Ley, que:<\/p>\n \u201cLa Ley, parte de una definici\u00f3n de consentimiento seg\u00fan la cual (Arte. 178 CP) \u201csolo se entender\u00e1 que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atenci\u00f3n a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona\u201d. Este consentimiento podr\u00e1 ser revocado en cualquier momento dado que depende de la libre voluntad de la persona y esta, a su vez, depende de la informaci\u00f3n de la que disponga la persona y de las circunstancias que rodeen aquella interacci\u00f3n sexual concreta. Por lo tanto, la informaci\u00f3n sobre la persona y sobre el tipo de pr\u00e1ctica sexual, son inseparables del consentimiento sexual.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Adem\u00e1s, hay que tener en cuenta que el Convenio del Consejo de Europa (Convenio de Estambul) de 2011, en vigor para el Estado espa\u00f1ol desde el 2014, oblig\u00f3 a los Estados miembros signatarios a definir la violaci\u00f3n seg\u00fan la presencia o no de consentimiento. Desde los a\u00f1os 90, tambi\u00e9n se ha entrecruzado la conceptualizaci\u00f3n de las violencias sexuales con la de la violencia institucional. De este modo, \u201calgunos instrumentos internacionales empezaron a reivindicar que los Estados y no solo los infractores individuales, pudieran ser considerados responsables de las violencias contra las mujeres, bien por ser perpetradas por sus agentes, bien por actuar los Estados con pasividad frente en las violencias cometidas de forma recurrente por los particulares.\u201d, situaci\u00f3n que aplicar\u00eda en este caso.<\/p>\n Para acabar, el texto de la querella afirma:<\/p>\n \u201dEn el presente caso, la conducta de D.H.P no solo transgrede los l\u00edmites legales de la actuaci\u00f3n de infiltraci\u00f3n de los cuerpos policiales, sino que el mismo traspasa l\u00edmites \u00e9ticos, atentando contra el n\u00facleo esencial de aquellas mujeres y su autonom\u00eda sexual.\u201d<\/p><\/blockquote>\n En cuanto a los delitos de tortura y subsidiariamente delitos contra la integridad moral,<\/strong> el C\u00f3digo Penal recoge que:<\/p>\n \u201cComete tortura la autoridad o funcionario p\u00fablico que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesi\u00f3n o informaci\u00f3n de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier raz\u00f3n basada en alg\u00fan tipo de discriminaci\u00f3n, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duraci\u00f3n u otras circunstancias, le supongan sufrimientos f\u00edsicos o mentales, la supresi\u00f3n o disminuci\u00f3n de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisi\u00f3n o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Asimismo, el Tribunal Supremo ha definido como trato degradante \u201caquel que puede crear en la v\u00edctima los sentimientos de temor, angustia y de inferioridad susceptibles de humillarla, envilecerla y de romper su resistencia f\u00edsica o moral\u201d. Esto est\u00e1 \u00edntimamente ligado con la definici\u00f3n jur\u00eddica de la integridad moral, que se basa en el derecho de la persona a que se respete su dignidad y a no ser instrumentalizada.<\/p>\n En el presente caso, las abogadas han considerado que \u201cla privaci\u00f3n de la condici\u00f3n de persona mediante un uso instrumental de las querellantes, as\u00ed como la generaci\u00f3n de un sufrimiento innecesario en ellas, son elementos que configuran el delito contra la integridad moral.\u201d<\/p>\n Continuando con el delito de revelaci\u00f3n de secretos<\/strong>, hay que incidir en el hecho que el C\u00f3digo Penal prev\u00e9 una agravante cuando este delito lo comete una autoridad o funcionario p\u00fablico. Se considera que ha sido as\u00ed cu\u00e1ndo ha sucedido: \u201csin mediar causa legal por delito, y prevaleci\u00e9ndose de su cargo\u201d. Adem\u00e1s, la Ley de Protecci\u00f3n de Datos reconoce una protecci\u00f3n espec\u00edfica a la informaci\u00f3n relativa a la ideolog\u00eda, la afiliaci\u00f3n sindical, la religi\u00f3n, la sexualidad, las creencias o el origen racial. Esta privacidad habr\u00eda sido vulnerada sin justificaci\u00f3n a trav\u00e9s del v\u00ednculo que DHP cre\u00f3 con las afectadas.<\/p>\n Por \u00faltimo, los delitos de impedimento de ejercicio de derechos c\u00edvicos<\/strong> suponen una vulneraci\u00f3n de uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constituci\u00f3n: el derecho de asociaci\u00f3n y reuni\u00f3n. Vulnerarlo de cualquier manera supone un agravio democr\u00e1tico.<\/p>\n Para entender la magnitud de estos delitos, es importante considerar los impactos psicosociales que las violencias sexuales y la violencia institucional (todav\u00eda m\u00e1s, cuando ambas se entrecruzan) tienen en las personas:<\/p>\n \u201cLa imposici\u00f3n de interacciones sexuales, sea intermediando vis f\u00edsica o compulsiva, o sea por enga\u00f1o o prevalencia, no solo afectan a la integridad f\u00edsica sino que tienen un severo impacto en la integridad moral y en la identidad de las mujeres. Esta violencia afecta sus proyectos vitales, su sistema de creencias, a sus relaciones afectivas y comunitarias, a su percepci\u00f3n de seguridad y, en definitiva, a su identidad personal. Cuando la violencia sexual es perpetrada o tolerada por el Estado, (\u2026) los impactos son mayores porque se genera en una situaci\u00f3n de asimetr\u00eda y de indefensi\u00f3n, y porque los agentes transgreden sus deberes de actuar dentro de los umbrales de la legalidad y de proteger los derechos de las personas.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Asimismo, la ley contempla que \u201ccuando las actuaciones de investigaci\u00f3n puedan afectar a derechos fundamentales, los agentes encubiertos tendr\u00e1n que solicitar al \u00f3rgano judicial competente las autorizaciones necesarias por Ley a tal efecto\u201c. Por este motivo, las acusaciones han hecho extensiva la denuncia al superior jer\u00e1rquico y reclaman una investigaci\u00f3n que identifique a los responsables de los hechos y garantice la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n La querella presentada recoge tambi\u00e9n antecedentes significativos a nivel nacional e internacional en relaci\u00f3n a casos de espionaje de estado. En el \u00e1mbito catal\u00e1n, cita casos como el de Pegasus o el precedente de agente infiltrado en los movimientos sociales de Barcelona (destapado en junio, tambi\u00e9n por el semanario La Directa) y recuerda que:<\/p>\n \u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os, el Ministerio del Interior ha llevado a cabo varias actuaciones la legalidad de las cuales ha sido cuestionada socialmente y ha merecido acciones de denuncia legal ante nuestros Tribunales y de organismos internacionales.\u201d<\/p><\/blockquote>\n A ra\u00edz de estos casos, tanto el Gobierno catal\u00e1n como organizaciones de la sociedad civil como \u00d2mnium iniciaron acciones legales en sede penal y administrativa, tendentes a denunciar que el marco legal existente abocaba a las personas activistas y al tejido asociativo a ser v\u00edctimas potenciales de la investigaci\u00f3n arbitraria y abusiva de sus personas, familias, comunicaciones y actividades asociativas y pol\u00edticas, pr\u00e1ctica que supon\u00eda una clara vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales individuales y colectivos, entre ellos de los art\u00edculos 18.1 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 8 y 11 CEDH.<\/p>\n Destacamos que, aun as\u00ed, la Comisar\u00eda General de Informaci\u00f3n dependiente de la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda, nunca aclar\u00f3 cu\u00e1l era la justificaci\u00f3n de la infiltraci\u00f3n del agente encubierto de la Polic\u00eda Nacional I.J.E.G (identidad real de Marc Hern\u00e1ndez Pons) ni cu\u00e1l era la investigaci\u00f3n concreta en la que se enmarc\u00f3 su infiltraci\u00f3n en el movimiento independentista y en los Sindicatos de Vivienda de Barcelona durante 2 a\u00f1os. Tampoco se ha aclarado el uso concreto ni la motivaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de softwares esp\u00edas, como Pegasus o Candiru.<\/p>\n La infiltraci\u00f3n de agentes en los movimientos sociales y pol\u00edticos es una pr\u00e1ctica que tambi\u00e9n se ha llevado a cabo en otros pa\u00edses.<\/strong> En algunos casos, la denuncia p\u00fablica y legal de aquellas pr\u00e1cticas, cuando se han llevado a cabo sin cobertura legal o de forma que exced\u00eda el cometido policial, ha conllevado un debate democr\u00e1tico sobre los l\u00edmites de las atribuciones del Estado en las tareas policiales y sobre la necesidad de llegar a consensos sociales y pol\u00edticos sobre el equilibrio entre las funciones de inteligencia policial y el respeto de los derechos fundamentales individuales y colectivos. Este debate afecta al n\u00facleo duro del principio de legitimidad democr\u00e1tica de la funci\u00f3n policial.<\/p>\n Un ejemplo paradigm\u00e1tico es el caso del Reino Unido<\/strong>, en que un agente encubierto tuvo una conducta an\u00e1loga a la que motiva esta querella criminal, y que deriv\u00f3 en el caso Kate Wilson v. The Commissioner of Police of the Metropolis and National Police Chiefs\u2019 Council, enjuiciado en el Investigatory Powers Tribunal (IPT). Este precedente judicial de 2021 aborda las consecuencias de la infiltraci\u00f3n de un agente de polic\u00eda en los movimientos sociales de Nottingham que implic\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de Kate Wilson, con quien el agente encubierto mantuvo bajo enga\u00f1o una relaci\u00f3n sexo-afectiva durante 2 a\u00f1os.<\/p>\n El polic\u00eda, para blindar su identidad ficticia, estableci\u00f3 relaciones personales e incluso dicha relaci\u00f3n sexo- afectiva como forma de encubrir su tarea y garantizarse el acceso en la informaci\u00f3n relativa en aquellos espacios pol\u00edticos de forma permanente y actualizada. Al descubrirse, el caso suscit\u00f3 un intenso debate p\u00fablico sobre los l\u00edmites legales y \u00e9ticos de las actividades de inteligencia de los cuerpos policiales. El Tribunal consider\u00f3 que se vulneraron los art\u00edculos 3, 8, 10, 11 y 14 CEDH, relativos a la prohibici\u00f3n de la tortura y del maltrato, al derecho a la vida privada y familiar, a la libertad de expresi\u00f3n, al derecho de asociaci\u00f3n y a la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n.<\/p>\n En relaci\u00f3n a los efectos espec\u00edficos de la relaci\u00f3n sexo-afectiva mantenida con aquella activista inglesa haciendo uso de la identidad encubierta, el Tribunal considera que el agente de polic\u00eda invadi\u00f3 el n\u00facleo duro de la vida privada de Kate Wilson, le caus\u00f3 sufrimientos psicol\u00f3gicos, interfiri\u00f3 en su autonom\u00eda sexual y cometi\u00f3 una profunda falta de respeto hacia su integridad corporal y su dignidad humana. En este caso el Gobierno del Reino Unido se desmarc\u00f3 de la actuaci\u00f3n del agente policial, admitiendo que se trataba de una extralimitaci\u00f3n que cruz\u00f3 l\u00edneas legales y \u00e9ticas que no contaban con consenso social ni pol\u00edtico e inici\u00f3 un procedimiento de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica y econ\u00f3mica de la afectada.<\/p>\n El Estado espa\u00f1ol est\u00e1 vulnerando el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, ejerciendo violencia institucional sexualizada contra mujeres a quienes se ha instrumentalizado por el hecho ser militantes y activistas.<\/strong> La actuaci\u00f3n del agente se realiz\u00f3 de forma planificada, deliberada y con el conocimiento que se estaba abocando a mujeres politizadas a traicionar sus creencias y valores, puesto que se las estaba empujando a realizar actos que atentaban directamente contra su libertad ideol\u00f3gica y su identidad pol\u00edtica.<\/p>\n Las entidades denunciantes tambi\u00e9n valoran que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar de las afectadas:<\/strong> en el curso de estos dos a\u00f1os el agente tuvo acceso a informaci\u00f3n pol\u00edtica, pero tambi\u00e9n personal de las activistas con quienes se relacion\u00f3 y todo el entorno. En el caso de las querellantes, tuvo acceso a informaci\u00f3n especialmente protegida, de acuerdo con el art\u00edculo 9 de la Ley Org\u00e1nica 3\/2018, de 5 de diciembre de Protecci\u00f3n de Datos, que se remite en el art\u00edculo 9.2 a) del Reglamento UE 2016\/679, que reconoce esta protecci\u00f3n espec\u00edfica a la informaci\u00f3n relativa a la ideolog\u00eda, la afiliaci\u00f3n sindical, la religi\u00f3n, la sexualidad, las creencias o el origen racial.<\/p>\n Por \u00faltimo, y como ya se ha se\u00f1alado m\u00e1s arriba, consideran vulnerado el derecho de asociaci\u00f3n, el derecho de participaci\u00f3n en los asuntos p\u00fablicos y a la libertad ideol\u00f3gica:<\/strong> estos hechos atentan directamente contra el derecho fundamental a la libertad de asociaci\u00f3n y sindicaci\u00f3n de las afectadas. Adem\u00e1s, la infiltraci\u00f3n sin cobertura legal en los movimientos sociales genera unos efectos devastadores neutralizando espacios y colectivos enteros. Esta infiltraci\u00f3n les permite identificar a las personas significadas que impulsan estos movimientos, facilitando su criminalizaci\u00f3n indebida y la desarticulaci\u00f3n de estos movimientos por la desconfianza irreversible que instauran en su s\u00ed. En \u00faltimo t\u00e9rmino, la desarticulaci\u00f3n de espacios pol\u00edticos provoca que la ciudadan\u00eda y la sociedad civil organizada no pueda llevar a cabo su participaci\u00f3n social en pro de una sociedad diversa ni cumplir su funci\u00f3n democr\u00e1tica de fiscalizaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n Las abogadas Laia Serra, de la CGT, y Mireia Salazar, Ana\u00efs Franqueza y S\u00f2nia Olivella, de Ir\u00eddia, act\u00faan como letradas de estas cinco mujeres. No se descarta, pero, que se ampl\u00ede la denuncia, en el supuesto de que otras afectadas quisieran emprender tambi\u00e9n acciones legales.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [iridia_cta format=”box” text=”Hazte socia!” link=”url:https%3A%2F%2Firidia.cat%2Fes%2Ffem-iridia%2F|title:Colabora|target:%20_blank|”] Cinco mujeres activistas afectadas se personan como acusaci\u00f3n particular con el apoyo jur\u00eddico de Ir\u00eddia y la CGT y dirigen la querella tambi\u00e9n contra el superior jer\u00e1rquico del agente. 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