La Ley Org\u00e1nica 1\/2024, de 10 de junio, de amnist\u00eda para la normalizaci\u00f3n institucional, pol\u00edtica y social en Catalu\u00f1a, conocida como ley de amnist\u00eda y aprobada el pasado 30 de mayo por la mayor\u00eda del Congreso, entra en vigor hoy despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE). Esta es una ley necesaria, que devuelve en el campo de la pol\u00edtica y al debate p\u00fablico aquello que nunca tendr\u00eda que haber entrado al \u00e1mbito judicial<\/p>\n
As\u00ed mismo, como Centro para la de los Derechos Humanos, desde Ir\u00eddia queremos constatar que, en conformidad con el art\u00edculo 2 de la Ley de amnist\u00eda, quedan excluidos de su aplicaci\u00f3n (a) los actos dolosos con resultado de p\u00e9rdida o inutilidad de \u00f3rgano o miembro y (b) los actos constitutivos de torturas o tratos inhumanos o degradantes. Por lo tanto, la amnist\u00eda NO es aplicable a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encausados por estos actos.<\/p>\n
Era esencial que esta previsi\u00f3n se incluyera en la ley para cumplir con las obligaciones derivadas de la ratificaci\u00f3n por parte del Estado espa\u00f1ol de la Convenci\u00f3n contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todos ellos son instrumentos que vinculan los Estados parte a adoptar todas las medidas efectivas para investigar y llevar ante la justicia los responsables de estas vulneraciones de derechos.<\/p>\n
Ir\u00eddia ejerce la acusaci\u00f3n en 15 causas relacionadas con la brutalidad policial durante las diversas protestas con actuaciones graves que pueden constituir delitos de tortura y contra la integridad moral y lesiones muy graves como amputaciones oculares o impactos psicol\u00f3gicos graves. Por eso mismo, queremos recordar que cualquier proceso de reparaci\u00f3n tiene que atender el principio de centralidad de las personas afectadas, garantizando su derecho a la justicia y a la reparaci\u00f3n.<\/p>\n
Hechos tan graves como los del 1 de octubre no tienen que quedar impunes. Despu\u00e9s de casi siete a\u00f1os de procedimiento judicial \u2014en que Ir\u00eddia hemos ejercido de acusaci\u00f3n popular en los dos procedimientos abiertos en Barcelona y de acusaci\u00f3n particular en representaci\u00f3n de 13 personas afectadas\u2014, hace falta que los 51 agentes acusados sean enjuiciados y condenados, y que las v\u00edctimas sean escuchadas y reparadas. Es un derecho de las personas afectadas y tambi\u00e9n de toda la sociedad, puesto que se trata de garantizar que no hay impunidad de los maltratos policiales en contexto de protesta. Una de las consecuencias de la obligaci\u00f3n de los Estados a investigar y condenar los actos de tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es ofrecer garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n
Aun as\u00ed, tal como establece el Derecho Internacional, las amnist\u00edas no pueden limitar el derecho de las v\u00edctimas del delito de tortura a un recurso efectivo, as\u00ed como a la reparaci\u00f3n, ni pueden obstaculizar el derecho de las v\u00edctimas y del conjunto de la sociedad a conocer la verdad de las violaciones cometidas. La investigaci\u00f3n de la paz y la convivencia no es incompatible con la lucha contra la impunidad, tal como reiteradamente han defendido diferentes mecanismos internacionales de protecci\u00f3n de los derechos humanos que vinculan el Estado espa\u00f1ol.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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