Desde Irídia, junto con otras abogadas, se ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para denunciar las graves vulneraciones de derechos fundamentales derivadas de las infiltraciones policiales en espacios políticos y sociales de Barcelona y la absoluta falta de investigación de los hechos.
Esta acción responde a la decisión de la justicia ordinaria de confirmar la inadmisión a trámite de la querella interpuesta el 31 de enero de 2023 por ocho personas afectadas contra el agente infiltrado D.H.P., sus superiores jerárquicos y el Ministerio del Interior. Una resolución que, según Irídia, supone un incumplimiento grave de la obligación del Estado español de garantizar la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, tal como establecen los estándares internacionales de derechos humanos.
Este incumplimiento pone en riesgo la protección efectiva de los derechos humanos y consolida la impunidad de las autoridades responsables de unas prácticas tan innecesarias como abusivas.

Un caso que evidencia graves vulneraciones de derechos fundamentales

Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando un agente de la Policía Nacional se infiltró con una identidad falsa en diferentes espacios sociales y políticos del barrio de Sant Andreu de Barcelona. La infiltración continuó durante dos años, hasta octubre de 2022. Esta infiltración se llevó a cabo mediante el establecimiento de vínculos sexoafectivos con varias mujeres activistas, que el agente instrumentalizó para obtener información política y personal bajo una identidad falsa, así como para mantener la confianza de otros colectivos y mujeres.

Por estos hechos, se interpuso una querella por los delitos contra la integridad moral, abuso sexual continuado, descubrimiento y revelación de secretos, e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. Aunque se aportaron pruebas contundentes, fue inadmitida por resolución del Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona y posteriormente confirmada por la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

La ausencia de una investigación judicial de estos hechos implica una vulneración de los derechos a la integridad moral (art. 15 CE), a la intimidad (art. 18 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

El Estado está incumpliendo su obligación internacional de investigar de manera exhaustiva aquellos hechos que puedan constituir tortura o tratos inhumanos o degradantes, como exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español en 13 ocasiones por no investigar debidamente casos de tortura. Es por estas vulneraciones que se ha interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, exigiendo que, dos años después de la interposición de la querella, no se hayan investigado unos hechos tan graves.

Especial trascendencia constitucional

El recurso subraya la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los límites legales y éticos del uso de relaciones sexoafectivas por parte de agentes policiales infiltrados, una práctica aún no resuelta por la jurisprudencia en relación con la figura del agente infiltrado en estos casos. Es importante destacar que el Ministerio del Interior los ha descrito como agentes de inteligencia, diferenciándolos de los agentes encubiertos. Esta práctica afecta gravemente la dignidad, la libertad sexual y la participación política de las personas afectadas, al tiempo que criminaliza y limita los movimientos sociales.

Compromiso con la reparación y la protección de los derechos humanos

Con esta acción, Irídia reafirma su compromiso de agotar todas las vías judiciales para exigir que se investiguen unos hechos tan graves y se establezcan responsabilidades políticas y judiciales. Si el Tribunal Constitucional no garantiza la protección adecuada, el equipo jurídico ha reafirmado su compromiso de llegar hasta el final, acudiendo a instancias internacionales si fuera necesario.

La constante negativa de transparencia sobre las infiltraciones policiales

Este caso no es aislado, ya que desde junio de 2022 hasta la actualidad se ha conocido la presencia de nueve agentes infiltrados en movimientos sociales en cuatro ciudades del Estado español (Barcelona, Girona, Valencia y Madrid).

Desde entonces, se han iniciado otros dos procedimientos penales contra los agentes infiltrados, así como contra sus superiores jerárquicos, el último el pasado jueves 9 de enero en Valencia.

Aunque estas operaciones se han demostrado como una tendencia represiva al alza, se han enfrentado a la negativa sistemática del Estado español a desclasificar el número de agentes policiales infiltrados en espacios de movilización social y política, amparándose en la Ley franquista de Secretos Oficiales. Esta falta de transparencia no solo limita el derecho a la información de la ciudadanía, sino que también dificulta la rendición de cuentas por unas prácticas que tienen impactos devastadores en las personas afectadas y en el tejido asociativo.

Estreno del documental “Infiltrats”

El anuncio de esta acción llega al día siguiente del estreno del documental “Infiltrats”, producido por La Directa y emitido en el programa 30 Minuts de 3Cat. Este documental aporta información inédita sobre el caso y sus impactos en las personas y los movimientos afectados, respondiendo a algunas preguntas que señalan la falta de voluntad política para esclarecer los hechos. La investigación periodística refuerza la necesidad de abrir un debate público sobre la legitimidad de estas operaciones y sus graves implicaciones en los derechos fundamentales.

Puedes ver el reportaje completo de 30 Minuts aquí.