Desde Irídia, impulsamos una carta dirigida al Consejo de Ministros para solicitar la desclasificación de la información reservada que permita avanzar en la investigación judicial.
Actualmente, la justicia investiga el uso del software espía Pegasus contra diversas personas —abogados, periodistas, activistas y políticos—. Estos procedimientos se encuentran obstaculizados por la imposibilidad de acceder a información reservada protegida por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, tal como declaró en sede judicial la exdirectora del CNI, Paz Esteban, quien manifestó que no podía declarar porque la información estaba clasificada.
Pedimos que la abogacía conozca el funcionamiento y el uso de los programas espía disponibles para el Estado español, ya que comportan un riesgo real de vulneración de derechos fundamentales y libertades civiles de la ciudadanía, y también porque amenazan los derechos de los profesionales de la abogacía y de sus representantes.