Interior aprueba un protocolo del gas pimienta que permite rociar a personas sentadas en el suelo, a una semana de la huelga por la vivienda

Un año después de Sants, el nuevo protocolo interno de trabajo de los Mossos no prohíbe el uso del espray OC contra la resistencia pasiva ni en espacios cerrados, como establecen las Naciones Unidas. Interior sigue sin entregar el protocolo vigente el día de los hechos, pese a que la GAIP se lo ordenó hace más de siete meses.

Barcelona, 4 de noviembre de 2026. Esta tarde, el Departament d’Interior ha hecho público el nuevo protocolo de uso del gas pimienta. El 15 de octubre del año pasado, los Mossos d’Esquadra lo utilizaron contra un numeroso grupo de personas que estaban sentadas en el suelo en la Estación de Sants y protestaban pacíficamente contra el genocidio en Palestina. Las rociaron sin aviso previo, con las personas encapsuladas entre dos cordones y dirigiendo el gas a la cara. Una cuarentena de personas tuvieron que ser atendidas.

Un año después aparece un nuevo texto repleto de excepciones. Y llega una semana antes de la huelga general por la vivienda del 11N, a petición de los mandos de la BRIMO, que lo quieren para poder usar el gas contra manifestantes pacíficos.

Vía libre para rociar a quien protesta pacíficamente

El protocolo dice que el gas “no debería utilizarse” en situaciones de resistencia pasiva ni en espacios cerrados, “salvo que” las circunstancias lo hagan “recomendable”. No lo prohíbe, sino que lo deja a criterio policial.

Las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Amnistía Internacional coinciden en que el gas pimienta no debe usarse contra la resistencia pasiva ni para dispersar, sino solo para defenderse de personas violentas ante la amenaza inminente de un daño. El protocolo cita la guía de la ONU que regula su uso y lo autoriza siempre que sea necesario “restablecer el orden público” y cuando sea estrictamente necesario.

Además, el nuevo protocolo no se limita a las protestas. También prevé usar el gas en “actuaciones de seguridad ciudadana” cuando “la gravedad de los hechos” lo haga necesario, y en esos casos el uso queda “a criterio del operador”. En la práctica, esto abre la puerta a utilizarlo en desahucios, donde la resistencia pasiva es la herramienta básica del movimiento por la vivienda para llamar la atención del vecindario.

El resto del texto sigue la misma lógica. El aviso previo solo es obligatorio “siempre que las circunstancias lo permitan”. Se puede disparar sin autorización en situaciones excepcionales que no se concretan. No existe ninguna obligación de atender a las personas afectadas. Y no se fija ninguna distancia mínima, aunque Amnistía Internacional alerta de que rociar desde demasiado cerca puede causar lesiones oculares y los protocolos policiales de otros países prohíben su uso a menos de un metro.

Celebramos que el nuevo protocolo se haya hecho público, fruto de la presión social encabezada por la Plataforma Stop Gas Pebre. También valoramos varios puntos: cada uso deberá registrarse en un informe que recoja las circunstancias, quién lo autorizó y qué espray se utilizó; deberá evitarse rociar directamente a los ojos; y no podrá usarse contra personas que ya estén bajo control policial. Pero estos avances no compensan que, en lo esencial, el protocolo deja en manos de los agentes decidir cuándo se puede rociar a gente pacífica.

Un protocolo nuevo, pero el antiguo sigue oculto

El nuevo texto sustituye a un “procedimiento interno anterior”, es decir, a las normas que los Mossos debían aplicar el día de la huelga por Palestina en la estación de Sants. Ese es el documento que la GAIP ordenó a Interior entregar el 26 de marzo. Más de siete meses después, todavía no lo ha hecho. Sin ese documento no se puede saber si los agentes cumplieron sus propias normas.

En cuanto a la investigación judicial, varias personas afectadas presentaron una querella con el apoyo de diez colectivos: Alerta Solidària, CGT Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), Coordinadora Obrera Sindical (COS), IAC, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Intersindical, Plataforma Antirepressiva de Barcelona (PAB) y Sindicat de Llogateres de Catalunya. La Audiencia de Barcelona ordenó su investigación el 21 de abril. Más de seis meses después, el juzgado no ha practicado ninguna diligencia.

La presión colectiva funciona

La campaña Stop Gas Pebre suma 1.336 firmas y 114 organizaciones. Hasta donde nos consta, los Mossos no han vuelto a usar el gas en protestas desde Sants: el entonces director general, Josep Lluís Trapero, ordenó evitar su uso hasta que hubiera un nuevo protocolo. Ahora ese protocolo ya está aquí.

Por eso:

• Exigimos a Interior que revise el protocolo y prohíba sin excepciones el uso del gas pimienta contra la resistencia pasiva y en espacios cerrados.
• Reclamamos la creación de un mecanismo independiente de control que deba ser consultado de forma preceptiva sobre qué armamento policial se adquiere y sobre los protocolos que regulan su uso, y que forme parte del procedimiento de elaboración y revisión de dichos protocolos. En este mecanismo deben participar entidades de derechos humanos, organizaciones sociales, profesionales de la salud y personas expertas.
• Reclamamos a la consellera Núria Parlon y al director general Ferran López el compromiso público de que no se utilizará esta arma hasta que el protocolo cumpla los estándares internacionales, muy especialmente durante la huelga del 11N y en los desahucios.
• Exigimos que Interior entregue el protocolo vigente en Sants el 15 de octubre de 2025, tal como ordenó la GAIP, y que el juzgado empiece a investigar.