Admitida la querella por el gas pimienta de Sants, 13 meses después de los hechos
El dispositivo de los Mossos d’Esquadra lanza gas pimienta contra manifestantes que protestaban por la presencia del Hapoel de Jerusalén, el 15 de octubre de 2025 en la estación de Sants (Barcelona). | Foto: Joanna Chichelnitzky
Barcelona, 16 de noviembre de 2026. El Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona ha admitido la querella de seis personas a las que los Mossos d’Esquadra rociaron con gas pimienta el 15 de octubre de 2025 en la estación de Sants, durante la huelga por Palestina. La coordinación jurídica formada por Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical y la IAC, con el apoyo de Stop Gas Pebre, celebra la decisión, pero denuncia que llega tarde y forzada.
Unos 40 manifestantes sentados en el suelo fueron rociados en la cara sin aviso previo por agentes que no llevaban el NOP visible. La querella se presentó el 16 de diciembre y el juzgado la inadmitió en 48 horas, sin practicar ninguna diligencia. La Audiencia de Barcelona revocó la decisión el 21 de abril: aprecia indicios de lesiones y de una actuación desproporcionada, y califica el gas pimienta de «instrumento peligroso». Han hecho falta casi siete meses más para que el juzgado cumpla. Dos días para cerrar la puerta a las víctimas; medio año para abrirla.
El contraste con Madrid es evidente. La semana pasada, al día siguiente de la huelga general, el ministro Grande-Marlaska ordenó que la Policía Nacional dejara de utilizar gas pimienta en manifestaciones y abrió investigaciones sobre las cargas del 11-N. Aquí, Interior aprobó el 4 de noviembre un protocolo que abre la puerta a rociar a personas en resistencia pasiva a criterio del agente, y la consellera Parlon defiende que los Mossos actuaron «con ponderación». El protocolo vigente el día de Sants, que la GAIP ordenó entregar en marzo, todavía no se ha hecho público.
Las entidades reclaman al juzgado que identifique a los agentes y tome declaración a las víctimas sin más demora, y a Interior que no haga de Cataluña la única comunidad donde su policía puede gasear a manifestantes. Exigimos una moratoria inmediata del gas pimienta y su prohibición sin excepciones contra la resistencia pasiva.