La entidad de derechos humanos ha litigado en 68 casos en 2021, por los cuales hay un total de 124 agentes de policía, de seguridad privada y fucionarios de prisiones investigados
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En este periodo Irídia ha actuado como acusación en 68 litigios, de los cuales 56 siguen abiertos y 12 han finalizado. Cabe destacar dos condenas: una al agente de Mossos d’Esquadra que rompió el dedo a un periodista de La Directa; y otra a un agente de Guardia Urbana por un caso de maltratos en comisaria. También es necesario señalar que en 19 casos se ha detectado un componente de racismo. Por estos ligios hay 124 agentes de policia investigados: 23 de Mossos d’Esquadra, 83 de Policía Nacional, 5 de Policía Local o Guardia Urbana, 5 de seguridad privada y 8 funcionarios de prisiones. Además, se ha asumido un caso de torturas de la Brigada Político-Social durante el franquismo.
Este año, el informe pone el foco en las intervenciones de agentes de seguridad privada, por las cuales se han recibido 9 denuncias. Es preocupante el aumento en la gravedad y la desproporción de las actuaciones, que en 3 casos incluyeron detenciones que desde el Servicio se consideran ilegales. En total, 6 casos tubieron lugar en estaciones de transporte público y la mayoría son actuaciones discriminatorias: 5 por racismo y 1 por salud mental. Los datos disponibles, de 2016, indican que entonces en Catalunya había 12.537 vigilantes de seguridad en activo, una cifra que se entiende mejor comparada con los 16.600 agentes de Mossos d’Esquadra y los 10.700 de policía local. Estos efectivos hacen funciones públicas, ya que trabajan en servicios externalizados.
Fátima B., una de las personas atendidas por el Servicio en 2021, ha expuesto su caso: dos vigilantes de seguridad la increparon en un centro comercial cuando una dependienta la acusó de robar unos pantalones. Pese a demostrar que no había cometido ningún hurto con el tiquet de compra, los vigilantes la siguieron al salir de la tienda y la registraron, llegando a levantarle la camiseta en público. A continuación, la llevaron a una sala de detención del centro donde le propinaron empujones y comentarios racistas y la dejaron encerrada. Cuando llegaron los Mossos d’Esquadra, Fátima sufría una crisis de ansiedad. Pese a ello, la mantubieron retenida más de una hora mientras hacían las comprovaciones pertinentes y no quisieron recoger su denuncia por los hechos en el mismo momento.
Por otro lado, este año se ha asumido un nuevo caso de pérdida del ojo por impacto de un proyectil de foam durante una manifestación. Ya son 4 los litigios que representa Irídia por lesiones graves en la zona de la cabeza; incumpliendo la normativa internacional que prohibe disparar por encima del abdomen. También se ha sabido que el Departamento de Interior permite disparar proyectiles SIR-X, el tipo más lesivo, a 20m de distancia, pese a que el fabricante aconseja no dispararlo a menos de 30m.
Por todo ello, el Área Psicosocial de la entidad ha realizado 236 intervenciones. Se constata, una vez más, que la violencia institucional provoca fuertes impactos psicológicos. Estas afectaciones pueden agravarse con el proceso judicial; en que la administración perpetúa la impunidad de los hechos o no valida el relato de la persona afectada, provocando así revictimización.
Del total de 68 casos, solo en 5 el propio cuerpo policial ha identificado a los responsables. Además, solo en 3 ocasiones la Fiscalía ha tenido un rol proactivo en la investigación. Po contra, en 27 casos ha pedido el archivo del caso o la absolución de los acusados. Para acabar, es necesario resaltar que en 35 casos se ha procedido al archivo del caso antes de practicar todas las diligencias de investigación: en 25 se ha aceptado el recurso de Irídia para que el proceso siguiese adelante.
Irídia también pone en valor las buenas prácticas de la administración. Este año destaca la creación de la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial en el Parlament de Catalunya, en que la entidad compareció en febrero, así como la constitución de la Comisión de Estudio sobre el Racismo Institucional y Estructural. También la inclusión de cámaras para grabar las actuaciones policiales con pistolas Taser.
Para acabar, la entidad hace diversas recomendaciones, la principal de las cuales es la creación de un mecanismo independiente de control de los cuerpos policiales, así como la mejora de los mecanismos de control internos en todos los cuerpos policiales. A nivel estatal, propone la identificación de los agentes policiales en tres lugares visibles (por delante, por detrás y en el casco), tal como se implementó en el cuerpo de BRIMO de Mossos d’Esquadra y está pendiente en la ARRO. También pide la prohibición del uso de las balas de goma en todos los cuerpos policiales del estado español.
A nivel catalán, solicita al Departamento de Justicia que recupere la Circular 2/2021 para regular las contenciones en las cárceles, que fue substituida en febrero por una normativa que no se encamina a las contenciones cero. Finalmente, pide a la Dirección General de Administración de Seguridad una auditoría sobre los planes de prevención de delitos e infracciones de las empresas de seguridad privada que operan en Catalunya. Así mismo, que en la memoria del Departamento de Interior se desglose por que infracciones se ha tramitado expedientes sancionadores y de que tipo.