Los hechos tuvieron lugar el 2 de marzo de 2022. El joven, solicitante de asilo, ha interpuesto una querella asistido por Irídia por un delito de tortura y de lesiones, con los agravantes de racismo y prevalencia de carácter público. 

Djack tuvo que abandonar su país de origen, Mali, a causa de la situación de violencia creciente por un conflicto, por el que llegaron a morir en un atentado miembros de su familia. Al dejar Mali, trató de pedir asilo en Argelia, sin éxito, y finalmente pasó un tiempo en Marruecos, donde sufrió episodios de persecución y violencia policial, hasta que decidió solicitar asilo en territorio español. Ante la no existencia de vías legales y seguras y la imposibilidad de acceder a la oficina de protección internacional de la frontera de Beni Enzar un grupo de personas trató de saltar las vallas que separan Nador y Melilla el 2 de marzo de 2022. Las fuerzas y cuerpos de Seguridad trataron de impedirles el paso y detenerlas para ser devueltas inmediatamente al lado marroquí. De hecho, un número elevado de personas fueron devueltas de forma sumaria sin respetar la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia ni la normativa internacional.

Durante este operativo, un agente de la guardia civil golpeó a Djack en la cabeza directamente con la porra, causándole la pérdida de la visión en el ojo para siempre. Cuando este logró salir corriendo para evitar ser devuelto, el mismo agente le golpeó también en la espalda. Djack, que era menor de edad en el momento de los hechos, fue admitido en el centro para menores “La Purísima”, de Melilla, donde se le ofreció una primera atención médica. De allí fue derivado al hospital, donde estuvo ingresado 15 días. Los golpes en el ojo izquierdo le causaron una perforación ocular, que le ocasionó la pérdida de la visión en el ojo. En Melilla contó con el acompañamiento jurídico de Andalucía Acoge respecto a los hechos denunciados. Actualmente, sigue tratamiento en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, gracias a la acogida en un centro de CEAR y al acompañamiento de la Fundació Punt de Vista, para las lesiones oculares. Por otro lado, desde CEAR se le está proporcionando también tratamiento psicológico, en paralelo al tratamiento psiquiátrico que recibe en el Hospital Vall d’Hebron, ya que los hechos le causaron también graves impactos a nivel psicosocial.

Ahora Djack ha decidido interponer una querella contra el agente de la Guardia Civil que le causó las lesiones y contra el superior jerárquico en terreno; acompañado jurídicamente por Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, y mediante el peritaje psicológico de SIRA – Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Torturas. En la querella se apunta que se produjo un delito de tortura y/o contra la integridad moral, por lo desproporcionado e injustificado de la actuación, así como por el uso de la defensa en la zona de la cara, que incumple el protocolo, y un delito de lesiones causando pérdida o inutilidad de un órgano principal. A esto se suma el agravante de racismo, por el contexto en que se produjo, y el de prevalencia de carácter público.

El caso de Djack es un ejemplo más de la violencia institucional, muchas veces desproporcionada e injustificada, que tiene lugar en la Frontera Sur española, bajo el pretexto de la necesidad del control migratorio. Desde una lógica seguritista y que deja en segundo plano los derechos humanos, se han visto actuaciones policiales graves, incluyendo malas praxis e intervenciones que podrían ser constitutivas de delito, como en este caso. Durante el 2022 hubo dos momentos especialmente relevantes en cuanto a vulneraciones de derechos en la frontera terrestre en Melilla: los sucesos del 2 y 3 de marzo, cuando diversas personas saltaron la valla para acceder a territorio español, y los del 24 de junio, en lo que se conoce como la masacre de Melilla, en que murieron al menos 40 personas y tras la cual aún hay más de 77 personas desaparecidas.  Por tanto, estos hechos tuvieron lugar en un contexto concreto y sostenido de violencia y racismo institucional.

Es necesario remarcar que el trabajo que se ha realizado para interponer la querella es fruto de la colaboración en red entre diferentes entidades. El próximo 4 de mayo se presentará un informe coordinado por Novact e Irídia en el que se han recogido de manera colaborativa, por más de una decena de organizaciones, las vulneraciones de derechos acontecidas en la Frontera Sur del Estado español durante 2021 y 2022.

Es urgente que se habiliten vías legales y seguras de acceso al Estado español y al resto de países de la UE, y que se respete el derecho al asilo. Así mismo, este el respecto a los derechos humanos es lo que debería primar en las actuaciones policiales en frontera, y no la represión violenta para evitar el cruce de las personas ni para tratar de hacer devoluciones en caliente, incumpliendo la normativa nacional e internacional al respecto y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al no individualizar cada caso para determinar si existen circunstancias de vulnerabilidad, la mayoría o minoría de edad de la persona, o para garantizar la posibilidad de solicitar asilo. Por último, es necesario que se implementen mecanismos de control y rendición de cuentas para aclarar los hechos y repartir responsabilidades en casos como este o como los del 24J, todavía más graves y que aún no han sido investigados de manera efectiva. Para ello es imprescindible crear un mecanismo independiente de control de los cuerpos policiales, tal y como existe en numerosos estados, con la función de realizar investigaciones independientes y efectivas, a fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las personas afectadas directa o indirectamente.