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El 1 de julio de 2024 se cumplen nueve años de la entrada en vigor de las denominadas Leyes Mordaza en España, la Ley de Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal. En opinión de nueve organizaciones, estas leyes han aumentado las herramientas de censura, obstaculización y control de la sociedad civil a través de la vía penal y administrativa y han enquistado la impunidad de la violencia policial. Las organizaciones (Amnistía Internacional, Greenpeace, Defender a quien Defiende, Futuro Vegetal, Novact, Irídia, Extiction Rebellion, No Somos Delito y Rebelión Científica) publican hoy el manifiesto conjunto “Protestar no es Terrorismo” para denunciarlo.

Estas organizaciones consideran que la criminalización de la protesta ha aumentado en estos nueve años al aplicarse medidas que limitan la capacidad de la ciudadanía para defender sus derechos. Uno de los métodos utilizados más recientemente para desmovilizar a la población y debilitar el tejido social, y sobre el que las organizaciones quieren poner el foco, consiste en acusar falsamente de terrorismo u organización criminal a movimientos sociales y políticos. Contribuyendo así a una deriva que no es compatible con un Estado de derecho democrático ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La definición excesivamente amplia e imprecisa en algunos artículos en el Código Penal de los delitos de “terrorismo” implica graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reunión, manifestación y la libertad de expresión e información.

El caso de Tsunami Democràtic

Las organizaciones defienden que estas acusaciones no son ni nuevas ni constituyen un caso aislado, sino que forman parte de una tendencia que va en aumento. En 2023, esta tendencia se evidenció cuando la última memoria del Fiscal General del Estado (2022) clasificó las acciones de los movimientos antifascistas, ecologistas e independentista catalán en la sección de “terrorismo nacional”. En la actualidad, el caso más grave —que no el único— es la investigación abierta en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo contra el movimiento catalán Tsunami Democràtic.

La acusación contra este movimiento pacífico ataca directamente a los derechos fundamentales de las personas que en 2019 salieron a la calle en Cataluña y demuestra la aplicación extensiva de algunos artículos del Código Penal, que penalizan indebidamente la protesta y la desobediencia civil. Las organizaciones denuncian esta tendencia que permite que el mal uso del término “terrorismo” se haya banalizado y se haya convertido en una herramienta punitivista y ejemplarizante contra la movilización social masiva, para prevenirla y silenciarla.

Dada la definición excesivamente amplia e imprecisa que existe actualmente, las organizaciones recuerdan que el Congreso debe aprovechar la actual tramitación de la reforma del Código Penal para garantizar que sólo son tipificados como delitos de terrorismo los que se adecúen a la definición proporcionada por Naciones Unidas.

Según el Relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, para que un acto pueda ser considerado terrorista debe cumplir tres características acumulativas: intencionalidad de causar muerte, heridos graves o tomar rehenes; propósito de atemorizar o intimidar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; y cometer delitos definidos en convenciones y protocolos internacionales (o que contenga todos los elementos necesarios para constituir un delito grave según se define en la ley), algo que no ocurre en las actividades realizadas por Tsunami Democràtic.

Información adicional

El manifiesto de las organizaciones también señala que el número de casos aumenta y, actualmente, se investiga a más de cincuenta personas acusadas de terrorismo, organización o grupo criminal.

“Investigar por terrorismo u organización criminal a un movimiento social o político con el único objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia política, es una actuación que restringe el espacio de la sociedad civil, que no respeta los derechos humanos y pone en peligro los principios democráticos y del Estado de derecho”, concluyen las organizaciones.

Con el lanzamiento público de este manifiesto, acompañado de una campaña en redes sociales, las nueve organizaciones presentan la alianza entre entidades y plataformas para denunciar la escalada de la criminalización de movimientos sociales y políticos. Con el anuncio de este espacio colectivo de denuncia, las organizaciones han manifestado su compromiso e intención para, en los próximos meses, seguir denunciando activamente esta cuestión, siendo la de hoy, la primera acción de la campaña.