Decenas de organizaciones denunciamos que Instituciones Penitenciarias no ha adoptado las recomendaciones de la OMS y el Consejo de Europa
- Según el último informe del Consejo de Europa, el Estado español se encuentra entre los países con la cifra más elevada de personas presas mayores de 65 años de toda Europa.
8 de abril de 2020. En un comunicado publicado esta mañana distintas organizaciones sociales han denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) “aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa”. Si bien estos organismos internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las personas presas, hasta ahora, advierten desde las distintas organizaciones, “la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la SGIP, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo”.
Por otra parte, recuerdan que la semana pasada el Defensor del Pueblo Español (DPE) emitió un comunicado en el que recomendaba al Ministerio del Interior “llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación” en relación con las recomendaciones emitidas por los organismo internacionales. Sin embargo, aunque estas organizaciones celebran que después de haber presentado varias quejas “por fin se haya pronunciado el DPE sobre la situación en las prisiones”, consideran que las recomendaciones emitidas son “muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa”.
Así, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, apuntan que el Síndic de Greuges catalán emitió el mismo día que el DPE una declaración pública en la que recomendaba a las instituciones penitenciarias “la agilización de las actuaciones para excarcelar (…) al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2”. Se trata, según las organizaciones que firman el comunicado, “de una declaración mucho más acorde con los estándares y recomendaciones realizadas por la OMS y el Consejo de Europa”. En este sentido, recuerdan que el Estado español es, según los últimos datos del Consejo de Europa, “uno de los Estados europeos con el mayor número de personas mayores de 50 años (20% de la población total) y mayores de 65 años (2,5%)”.
Sin embargo, tal y como denuncian, “Instituciones Penitenciarias ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones”. En este sentido, además del escaso uso que se ha realizado de los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario -en sus artículos 100.2 y 86.4-, denuncian que “apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Así, critican que en esta materia la principal y única medida adoptada por la SGIP ha sido repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas. “En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”.
Por todo ello, las organizaciones insisten en que es necesario “adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad”. En este sentido, tal y como solicitaron al Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo, es “esencial reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión al mismo tiempo que activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria”. Por último, solicitan que “se deben garantizar de forma efectiva canales alternativos de comunicación entre las personas presas y sus familias”.
Organizaciones
Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia
Associació Memòria Contra la Tortura
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Movimiento Antirrepresivo de Madrid
Solidarios de la sanidad
Coordinadora de Barrios
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
Obra Social Madrid Tetuán
Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos
Asociación Apoyo
Colectivo Cassandra
Salhaketa Nafarroa
Oteando – Observatorio para la defensa de las libertades
Red Jurídica
CAMPA
ALAZ
Movimiento Feminista de Murcia
Asamblea contra el CIE de Aluche
OMV Obra Mercedaria Valencia
Colectivo Pronoia
Colectivo Anticarcelario La Corda
Grupo de apoyo a presxs
CNT-AIT Granada
Juventudes Libertarias de Jaén
CGT Región de Murcia
Osabideak
Salhaketa Araba
Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense (CAXPOU)
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense
Comisión Legal Sol
Colectivo Anticarcelario Todo Puede Caer
Stop Represión Granada
CNT-AIT Tarragona
EsCULcA – Observatorio dereitos e liberdades
Rights International Spain (RIS)
Anticapitalistas Aragón
Derechos Civiles 15M Zaragoza
Comisión Penal ALA
Marcha contra la macrocárcel de Zuera
Oficina de Dereitos Sociais – Coia
Sare Herritararra – Red ciudadana Sare
Etxerat
Grupo Juristas por los Derechos Humanos en Andalucía, 17 de marzo
CGT Estatal
FUIG – Grup de Suport a Persones Preses
Altsasu Gurasoak
Familias frente a la crueldad carcelaria
Fundación Gaztelan
IACTA Cooperativa d’advocades
Puyalón de Cuchas
Colectivo de Prostitutas de Sevilla
Salhaketa Bizkaia
CGT Aragón – La Rioja
Colectivo anticarcelario Fuera del Orden
Grup de Suport Amadeu
HENAS
Centro Social Autogestionado Librería La Libre
Distribuidora Anarquista Polaris
SOS Racismo Nafarroa
Pastoral Penitenciaria de Navarra
Madres contra la Represión
Ateneo Libertario Xosé Tarrío
Familias de presxs en Catalunya
Comité Isabel Aparicio
Socorro Rojo Internacional (SRI)
Coordinadora Fran Molero
CNT-AIT Catalunya
Eraikiz Kolektiboa