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Este informe se ha elaborado en colaboración con abogadas independientes, investigadores/as y activistas, con la especial colaboración de la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes de Lanzarote, la Asociación Derecho y Justicia y APDH Canarias.

Este año se produjo un aumento del 134% del número de llegadas de embarcaciones a Canarias, según el Ministerio del Interior. Provenientes principalmente de Senegal, Mauritania y las costas del Sáhara Occidental, controladas por Marruecos, con una presencia importante de niños, niñas y adolescentes sin referentes adultos. Algunas embarcaciones han logrado llegar a las islas, pero más de 778 personas han muerto en la ruta Canaria solo en el primer semestre de 2023, según datos de Caminando Fronteras, como consecuencia directa de una estructura internacional desigual, discriminatoria y racista de acceso a la movilidad internacional.

Estos datos son consecuencia de las políticas migratorias de los países de la UE y del Estado español, que limitan las posibilidades de obtener visados, impidiendo el acceso a vías legales y seguras, obstaculizando el acceso a la protección internacional en embajadas y exportando medidas restrictivas a través de la externalización de fronteras.

El recientemente anunciado Pacto Europeo de Migración y Asilo legitima la aplicación de la excepcionalidad y la disminución de garantías, así como el aumento de la criminalización de la migración y de la detención como medida de gestión de fronteras. Todo esto, empuja a las personas a tomar vías irregulares y cada vez más peligrosas para trasladarse, generando muertes indiscriminadas desde hace décadas.

Las principales vulneraciones de derechos humanos recogidas en este informe señalan que las personas que llegan por vías marítimas a Canarias son detenidas sistemáticamente en los CATE, cuando organismos internacionales como ACNUR recomiendan buscar alternativas a la detención, teniendo en cuenta que entre las personas que llegan existen niños, niñas, bebés y mujeres, potenciales solicitantes de asilo y personas en situación de vulnerabilidad.

Los CATE se han consolidado como un espacio de aplicación excepcional de la ley en la que la garantía de los derechos fundamentales parece diluirse cuando se trata de personas migrantes: no se están garantizando los derechos básicos, como la asistencia letrada, el derecho a ser asistido por un intérprete o derecho a comunicarse telefónicamente con una tercera parte. En numerosas ocasiones la asistencia letrada se lleva a cabo en espacios sin privacidad como pasillos o habitaciones y el servicio de traducción e interpretación muchas veces se realiza por teléfono y de forma grupal. También se han detectado deficiencias en el acceso a la información, en particular la relativa a la protección internacional, y la falta de personal especializado en infancia.

Especialmente graves son los interrogatorios en el CATE por parte de Frontex y Policía Nacional, sin garantías y sin asistencia letrada, incluidos menores de edad. Se han identificado varios casos de menores de edad en prisión preventiva tras ser interrogados sin garantías. Es imprescindible garantizar la tutela judicial efectiva, el derecho a la información ya la asistencia letrada.

En el puerto, es necesario un protocolo de actuación, en el que se aborde el tipo de asistencia sanitaria y psicológica que debe prestarse a las personas supervivientes y según el cual sea obligatoria la presencia de personal sanitario profesional del sistema público de salud y de personal especializado en infancia en el equipo que despliega Cruz Roja, así como de servicios de traducción, para la identificación de casos de personas en situación de vulnerabilidad (mujeres embarazadas, infancia y/o personas que necesiten derivación hospitalaria u otros recursos específicos).

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