El pasado 5 de octubre se reactivaba el internamiento de personas en el CIE de la Zona Franca, a pesar de la continuación alarmante de la situación de pandemia global. Al mismo tiempo, la dirección del CIE notificaba que quedaban suspendidas las visitas a los internos por parte de familiares y personas próximas, así como de las voluntarias de ONG que, como la Fundación Migra Studium, han ido visitando a los internos ininterrumpidamente desde 2012. Desde el 5 de octubre hasta el día de hoy, más de 100 personas ya han sido internadas.

La suspensión de visitas era incompatible con la garantía y el respeto por los derechos de los internos a comunicarse con el exterior, a tener contacto directo con la familia y a recibir el acompañamiento de entidades de defensa de los derechos de las personas migrantes. Además, en los CIE de Madrid o de Algeciras sí que están permitidas las visitas. Por eso, la Fundación Migra Studium y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos – Irídia han activado los recursos legales y judiciales para obtener la tutela de estos derechos. Concretamente, han presentado escritos procesales los días 9, 14 y 16 de octubre, 4 y 13 de noviembre. La resolución judicial definitiva no había llegado hasta el día de ayer.

Desgraciadamente, han tenido que pasar más de 3 meses desde la primera demanda y casi 10 meses desde la declaración de la pandemia en nuestro país, para recibir una resolución judicial. El 13 de enero, el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Barcelona ha notificado a las dos entidades su decisión de exigir a la dirección del CIE que tome las medidas necesarias para que las familias puedan entrar al CIE a visitar sus parientes privados de libertad, y las ONG puedan retomar las visitas de acompañamiento.

En medio de la actual tercera ola de pandemia no debe ser fácil el internamiento en especiales condiciones de aislamiento y carencia de relación con las personas queridas. Y, a pesar de ser una buena noticia que reconoce los derechos de los internos, llega tarde.

Finalmente, y a raíz de los contagios y positivos por COVID19 del mes de octubre, las dos entidades, con el apoyo de Tanquem los CIE y Sos Racismo Catalunya, pedían a la autoridad judicial la clausura del CIE . El juzgado de instrucción se declara incompetente para tomar esta medida. Las entidades siguen defendiendo que la tutela de los derechos y la salvaguardia de la vida, la salud y la integridad de las personas internadas y de las trabajadoras en el CIE, es un encargo expresamente dado por la ley al juzgado de instrucción, incluso si esto implica cerrar el CIE. Otros órganos judiciales, como por ejemplo en Murcia o en las islas Canarias, al contrario que el juzgado barcelonés, han entendido que cerrar el CIE en pandemia con personas contagiadas dentro, sí que era de su incumbencia judicial.