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Somos familiares de personas que están presas y también de personas que murieron en prisión. También somos entidades, colectivos y personas que trabajamos por los derechos de las personas presas y que exigimos que se respeten sus derechos y su dignidad. Hemos decidido juntar nuestras voces para romper el silencio y la opacidad que rodea la situación existente en las prisiones.

Las muertes en prisión son un problema insostenible y exigimos a las autoridades que dejen de mirar hacia otro lado. Raquel, Eduardo, Claudia, Lewis, Gina, y muchos más acerca de los cuáles no conocemos su historia. Muertes de personas bajo custodia del Estado que se aceptan y normalizan por quienes dirigen las cárceles. En el año 2017 murieron 41 personas en las cárceles de Cataluña y, de ellas, según las estadísticas de la Generalitat, 8 murieron por suicidio, en 9 casos se señala una causa “desconocida”, 5 por sobredosis y 19 por enfermedades.

Los “suicidios“ en prisión en muchas ocasiones se producen cuando las personas se encuentran en régimen de aislamiento. El aislamiento en prisión impone un régimen de vida a las personas que consiste en el encierro en soledad durante la mayor parte del día, entre 18 y 22 horas.

Hay personas que están días, otras meses, y otras incluso años, a pesar de que las normas internacionales para el tratamiento de las personas reclusas, conocidas como las “Reglas Nelson Mandela”, establecen que el tiempo máximo de reclusión en aislamiento tiene que ser de quince días. El aislamiento penitenciario genera un daño físico y psicológico enorme e irreparable.

Asimismo, hay muertes por sobredosis que no se deberían producir y personas con enfermedades mentales recluidas en departamentos de aislamiento que terminan por quebrarlas definitivamente. Respecto a las muertes por enfermedad, cabe destacar que en la actualidad hay personas enfermas que no deberían estar en prisión, ya que existe la posibilidad de que se les conceda la libertad condicional por el motivo de su enfermedad.

Sin embargo, son muchísimos los casos que conocemos de personas con enfermedades terminales que no son liberadas y que finalmente mueren en prisión o que obtienen un tercer grado in extremis para salir a morir fuera de la cárcel pero que vieron avanzar su enfermedad dentro hasta consumirlos. Exigimos que se revise el régimen de visitas y las condiciones en prisión de las personas que sufren enfermedades. Todo esto demuestra que no se protege de manera adecuada la vida y la integridad física y psíquica de las personas encarceladas.

Denunciamos que en prisión se producen situaciones de violencia institucional hacia las personas presas: se las maltrata, se las denigra y se las veja diariamente. Estas vulneraciones de derechos y estos abusos de poder no se están investigando de manera adecuada, y esto genera una terrible indefensión para quienes las sufren en primera persona y también para sus familias.

También denunciamos que están teniendo lugar discriminaciones hacia las personas migrantes y/o racializadas, pues el conjunto de discriminaciones que opera en la sociedad se intensifica dentro de la institución carcelaria. Todo esto demuestra que no se protege de manera adecuada la vida y la integridad física y psíquica de las personas encarceladas.

Como familias, denunciamos que el trato cotidiano que se ofrece por parte de los funcionarios de prisión hacia los familiares y hacia las personas presas es denigrante. Además, hay una gran indefensión jurídica debido a que el sistema público de defensa no funciona de manera ágil y efectiva. Las familias sufrimos una gran desinformación y esto nos resulta desconcertante, a la par que hace aumentar nuestro dolor y nuestra angustia.

Hacemos un llamamiento a emprender una lucha colectiva. A generar una red dentro y fuera de las cárceles, acompañando iniciativas como la huelga de hambre que numerosos presos y presas iniciaron el pasado 1 de octubre. Queremos romper el silencio en torno a la prisión y poder emprender una lucha que nos lleve a defender los derechos de las personas presas y sus familiares así como a poder cuestionar un sistema penitenciario obsoleto, que lesiona fuertemente a las personas que pasan por dicho sistema y que genera un gran daño social.