Negligencia jurídica de la Generalitat: casi cuatro años sin resolver la reclamación del joven mutilado por una bala de foam de los Mossos en Urquinaona
Irídia denuncia la negligencia jurídica de la Generalitat de Catalunya en la tramitación de la reclamación de responsabilidad patrimonial del joven mutilado por un proyectil de foam disparado por los Mossos d’Esquadra, que le hizo perder el ojo izquierdo. Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, en la calle Trafalgar, durante las protestas posteriores a la sentencia del procés en la plaza Urquinaona.
La reclamación se presentó hace casi cuatro años, el 15 de noviembre de 2022, después de agotar la vía penal. El procedimiento de instrucción se archivó por falta de autor, ya que no se pudo identificar al agente que efectuó el disparo, pero dejó acreditado que la lesión la causó un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra.
Una vez finalizada la instrucción del expediente administrativo —que duró dos años y medio—, el 12 de junio de 2025 el Departamento de Interior comunicó a Irídia que el expediente se encontraba ya pendiente de la resolución pertinente, previo informe de la Comisión Jurídica Asesora, el órgano que debe emitir el dictamen previo a la resolución.
Tras diversos escritos de impulso presentados por Irídia, que no han obtenido respuesta, el 16 de octubre el Departamento de Interior ha informado de que el expediente todavía no se había enviado a la Comisión Jurídica Asesora. Es decir, en lugar de estar pendiente del dictamen de este organismo, el expediente del joven ha estado parado en Interior un año y cuatro meses más, sin ninguna justificación.
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común fija en seis meses el plazo máximo para resolver una reclamación de responsabilidad patrimonial. La Generalitat lo ha superado con creces y ni siquiera ha dado el paso que ella misma había anunciado. Además, estos retrasos vulneran la Resolución de 13 de mayo de 2014, por la que se aprueba el Protocolo de reparación del daño a las víctimas de actuaciones de los Mossos d’Esquadra. El Protocolo establece que estos expedientes deben «tramitarse prioritariamente» y «con la máxima celeridad posible», y que debe procurarse la «vía de urgencia» cuando se requiera el dictamen de la Comisión (apartados V.2 y V.3). La propia Generalitat incumple sistemáticamente este Protocolo: no ha iniciado de oficio ningún procedimiento de reparación para las víctimas de brutalidad policial atendidas por Irídia y ni siquiera tramita con diligencia las reclamaciones que presentan las propias víctimas.
Para Irídia, esta inactividad no es un simple retraso: es una negligencia que prolonga el daño a una víctima de violencia institucional. Aunque es un caso especialmente flagrante de dilación y negligencia, no es un caso aislado: la mayoría de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por violencia policial que lleva Irídia se alargan mucho más allá del plazo legal.
«Es inaceptable que la Generalitat siga sin hacerse responsable de reparar de forma efectiva y rápida a un joven que tenía 18 años cuando uno de sus agentes lo mutiló. Aunque no se ha identificado al agente que disparó, el juzgado de instrucción determinó sin ninguna duda que la lesión la causó un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra. La Generalitat es, por tanto, la responsable de los graves daños que sufre, y su responsabilidad era reconocer los hechos y reparar a este joven de forma inmediata. Casi cuatro años de retraso en el expediente administrativo están causando a la víctima unos impactos irreparables que se suman a los de la terrible lesión», afirma Irídia.
Desde el punto de vista psicosocial, a la experiencia traumática y al impacto físico y estético de la mutilación ocular se suma, en este caso, el impacto específico de una espera judicial y administrativa de siete años. La recuperación implica integrar lo ocurrido, adaptarse a las secuelas y recuperar la sensación de seguridad y de confianza. Pero la incertidumbre, la falta de reconocimiento y la ausencia de reparación dificultan enormemente este proceso y alargan el sufrimiento. Esta espera se traduce en impunidad y hace sentir a la víctima que la vulneración continúa.
El caso
El joven acababa de cumplir 18 años cuando recibió el impacto. Pasó un mes ingresado en el Hospital de Sant Pau, ha sido operado dos veces y lleva una prótesis ocular. Un informe del Instituto de Medicina Legal de Cataluña de 2021 confirmó que la lesión la causó un proyectil viscoelástico de 40 milímetros, es decir, el proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra. El mismo informe recoge las graves secuelas psicológicas que el joven sufrió a causa de estos hechos.
Los Mossos sostuvieron durante la instrucción que, si bien se dispararon proyectiles de foam, no se podía identificar al autor del disparo, lo que confirma una vez más la falta de trazabilidad de estos proyectiles y la absoluta ineficacia de los mecanismos internos de control de la policía. Por eso la vía de la responsabilidad patrimonial es clave: permite que la Generalitat reconozca y repare el daño a la víctima, aunque no se identifique al agente. Desde hace años, Irídia reclama también la retirada de los proyectiles de foam de las intervenciones de orden público, precisamente por su falta de trazabilidad y por las deficiencias de los mecanismos internos de investigación de los Mossos d’Esquadra.