PROPUESTAS PARA LA DESESCALADA EN EL CONTEXTO DE COVID-19 EN LAS PRISIONES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

12 de mayo de 2020. Esta mañana numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos hemos presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas  “Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”. Desde las organizaciones que hemos impulsado este plan de actuación sostenemos que “es necesario adoptar para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”. Criticamos que, “aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios”.

Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa”. A este respecto, señalamos que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”. No obstante, insistimos en que es necesario la “ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”. Es urgente que, de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”. Igualmente recomendamos, al igual que numerosas organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”.

Por otro lado, también señalamos que es imprescindible “reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actividades de tratamiento como las formativas o de derivación a recursos externos “deben comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actividades las que cumplen con el mandato constitucional de la pena privativa de libertad: la reinserción y resocialización de las personas presas”. En este punto, queremos incidir en que es especialmente importante “recuperar el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas”. Así mismo es fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas programadas dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más beneficios penitenciarios.”

Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que hemos impulsado esta propuesta solicitamos el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento”. De igual modo creemos que “es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”. Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y que “se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas personas que vayan a visitar a centros penitenciarios”.

Por último, instamos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo”. De la misma manera, hemos solicitado que se lleve a cabo un “estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente a la Covid-19”.

Organizaciones firmantes

Asociación Libre de Abogadas y Abogados,

Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),

Centre Irídia,

Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,

Comision Legal Sol,

Etxerat,

Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,

Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,

Oteando,

Red Jurídica,

Salhaketa Araba,

Salhaketa Bizkaia,

Salhaketa Nafarroa,

Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.