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El informe «Haciendo visible lo invisible: Impactos psicosociales de la violencia institucional. La impunidad y la revictimización a revisión», elaborado por el equipo de  psicólogas del área psicosocial, analiza los impactos en la salud mental de las personas que han sufrido violencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado u otros agentes con funciones de orden público. Para hacerlo, recoge casos de agresiones en la prisión, en el CIE, durante protestas y en el espacio público.

El informe ha sido elaborado a través de la observación de los casos que han llegado a la entidad durante los últimos años. En el periodo de 2020 y 2021 se han realizado 274 intervenciones relacionadas con los casos de litigio estratégico en que Irídia actúa como acusación popular o particular y 110 más en casos en que la entidad efectúa tareas de asesoramiento y seguimiento. En total, se ha facilitado atención psicológica en 384 ocasiones. Estas atenciones se hacen siempre con perspectiva psicosocial, que consiste a situar los impactos no solo en el sujeto sino en su espacio histórico y social.

Entre los principales impactos psicosociales identificados en el curso de esta investigación hay la revictimización, que se da cuando la versión de la víctima es cuestionada o cuando recibe nuevas violencias por parte de la administración pública en el curso de su denuncia. Esto se vincula con la deslegitimación personal y el daño a la dignidad de las personas. También un aumento de la inseguridad en el espacio público –con reacciones de miedo ante la presencia de cuerpos policiales– y una rotura de las creencias básicas de justicia o de la bondad de las personas que acostumbran a estar integradas en el imaginario colectivo. Además, cuando hay lesiones visibles especialmente, la autoestima y la autoimagen también quedan afectadas. Por último, se ha detectado que estos hechos suponen una afectación para la proyección de futuro de las personas y una rotura de su proyecto vital, ya sea por las alteraciones en su salud física o mental, por lo que supone implicarse en un proceso judicial o por el protagonismo que toma la agresión sufrida en su vida.  La impunidad –la carencia de castigo ante estas agresiones– que a menudo acompaña estos casos agravia estos impactos.

Por todo ello, se hacen una serie de recomendaciones a las instituciones con el objetivo de prevenir los impactos psicosociales y mejorar la atención a las personas que han sufrido violencia institucional. En primer lugar, pedimos que se activen mecanismos de control efectivos en los cuerpos policiales para facilitar los procesos de investigación que eviten la impunidad y generar mecanismos de reparación. También que los operadores jurídicos no cuestionen los relatos de las personas afectadas ni lo pongan bajo sospecha. Por último, piden que se genere una unidad específica dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC), especializada en la peritación de casos de violencia institucional, en la misma línea que la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) en casos de violencia de género.

En ámbitos concretos, como las prisiones o lo CIE, pedimos que se revisen los protocolos existentes para garantizar que se cumplan los derechos humanos y que se atienda a nivel sanitario a cualquier persona que lo necesite para garantizar su salud mental. Proponemos adoptar medidas como hacer un seguimiento de la salud mental de las personas tomadas y formar los funcionarios en primeros auxilios psicológicos.