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El Plan de Acción para la mejora y modernización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español se trata de un documento dirigido al Gobierno central y al Congreso los Diputados, así como a los gobiernos territoriales con policía propia y sus respectivos parlamentos. En definitiva, se presenta como una hoja de ruta en materia de política pública para garantizar la investigación diligente y efectiva de casos que implican una vulneración grave de derechos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La propuesta recoge 36 recomendaciones concretas, divididas en tres bloques, y su elaboración es fruto del trabajo de 18 personas expertas con amplia experiencia en la materia y procedentes de diferentes territorios y campos de trabajo (académico, criminológico, policial, forense, jurídico, de derechos humanos, etc.), unidas en una mesa interdisciplinar que ha dado lugar a distintos encuentros.

El primero de los bloques plantea la necesidad de crear un órgano externo e independiente de monitoreo y análisis de las actuaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y su implementación. La creación de un órgano de esta naturaleza responde a los llamados de organismos internacionales dirigidos al Estado, para elevar los estándares internacionales en la materia: organismos como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que han instado al Estado español a su creación.

El segundo bloque de recomendaciones se centra en el análisis de los mecanismos internos de investigación y rendición de cuentas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y el tercero comprende propuestas relativas a la investigación judicial y a la atención a las personas afectadas.

Firma, aquí, por un mecanismo independiente de supervisión de la policía.