Podréis leer el informe completo próximamente.

El presente trabajo realiza una aproximación a la situación del racismo estructural en el Estado español, mediante una exposición sobre cómo la raza, como constructo político y social, impacta en nuestra sociedad generando consecuencias muy dispares en términos de desigualdad, discriminación y vulneración de derechos fundamentales. En concreto, este documento se centra en el rol que juegan las fuerzas y cuerpos de seguridad (FCS), a través de la práctica policial de parada, identificación y registro por perfil racial. Hablamos de actuaciones policiales basadas en criterios racistas que son sistemáticamente negadas y reducidas a lo anecdótico desde las diferentes administraciones e instituciones del Estado implicadas, si bien se trata de prácticas ampliamente documentadas y denunciadas de forma constante por colectivos antirracistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como por diversos organismos estatales e internacionales.

Los cuerpos policiales, como instituciones cuya función es garantizar el cumplimiento de la ley y velar por la seguridad de la ciudadanía, acaban por incrementar la desconfianza de las personas migrantes y racializadas en las instituciones, al verse señaladas y discriminadas de forma constante por lo que son y no por lo que hacen. Al mismo tiempo, con esta práctica, los grupos de población históricamente oprimidos son criminalizados por quienes ostentan el uso legítimo de la fuerza, contribuyendo a un imaginario social discriminatorio sobre los grupos de población más vulnerabilizados.

Además, como se señala a lo largo de este informe, no solo resulta primordial combatir las paradas y registros por perfil racial por su carácter discriminatorio, sino porque esta práctica actúa, también, como una puerta de entrada a abusos mayores. Es decir, el perfilamiento racial por parte de la policía es un primer contacto que puede derivar en vulneraciones de derechos más graves, como actuaciones desproporcionadas, malos tratos y/o torturas. A su vez, hablamos de una práctica criminalizadora, que perpetúa el control de fronteras y traslada su lógica al espacio público, dentro del propio territorio del Estado, limitando el derecho a la libre circulación, bajo el amparo de la Ley de Extranjería.

Lejos de reconocer las vivencias de las personas que a diario sufren estos controles y los impactos que generan las mismas, el hecho de que desde las instituciones del Estado se niegue de forma consciente y reiterada su existencia conlleva una postura que impide abordar un problema de primer orden y de enormes consecuencias políticas y sociales. El no reconocimiento de la existencia de esta práctica racista institucionalizada impide que se puedan implementar mecanismos de supervisión y sanción de actuaciones que generan un gran impacto en los derechos de las personas afectadas, además, de impedir un debate importante sobre su efectividad real en términos de resultados policiales.

Sumado a ello, contribuye a crear una cultura de la impunidad que no solo dificulta que quienes sufren abusos puedan denunciar, especialmente cuando se trata de personas en situación administrativa irregular, sino que también genera numerosas barreras a aquellas personas que denuncian y que deciden enfrentar largos procesos judiciales, con el importante coste personal que ello supone. Todo ello conlleva un escenario de infradenuncia de este tipo de prácticas, que se suma a las dificultades por obtener datos cuantitativos, en la medida en la que la negación de este fenómeno por parte de las instituciones impide la existencia de registros oficiales o herramientas para su recolección.

El presente informe, por tanto, busca impulsar un necesario debate social y político sobre el racismo en el Estado español, huyendo de lugares comunes, simplicidades y los reduccionismos a los que se nos acostumbra desde ámbitos mediáticos y políticos. El racismo es un problema político y se plantea un abordaje del mismo como tal. Para ello, además de aportar nociones y argumentos básicos para el debate sobre la existencia de un racismo policial, el objetivo de este documento es analizar el estado de los recursos públicos destinados a acompañar a las personas que son víctimas de ello hacia la denuncia. En ese sentido, se observa, no solo la externalización de servicios en entidades especializadas de la sociedad civil como una práctica recurrente, sino el vacío existente en términos de una respuesta institucional integral y reparadora. Por último, y con base en todo lo expuesto, el presente informe presenta diez conclusiones clave y aporta un conjunto de recomendaciones que buscan ahondar en la protección de derechos y libertades fundamentales y en la consecución de la eliminación de cualquier forma de discriminación.