• El demandante, que perdió la visión de un ojo por el uso de material antidisturbios, lleva su caso frente a la ONU por falta de investigación por parte del Estado.

Un superviviente presenta una nueva queja ante el Comité contra la Tortura por la falta de investigación del uso de material antidisturbios durante la operación fronteriza del 6 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal (Ceuta), que le provocó la pérdida de visión de un ojo. Con el apoyo del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y de Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Brice O. acusa a España por incumplir su obligación de prevenir e investigar los malos tratos y de reparar a las víctimas. 

Puedes ver la retransmisión de la rueda de prensa, aquí.

Brice O. se encontraba en el agua a oscuras cuando recibió un impacto en el ojo causado por el lanzamiento de material antidisturbios aquella mañana. A pesar de que no existe un protocolo de actuación que regule la utilización de dicho material en el medio acuático y que los agentes de la Guardia Civil no han sido instruidos para ello, los agentes emplearon, el 6 de febrero de 2014, al menos 145 balas de goma, 355 cartuchos de proyección (salvas) y 5 botes fumígenos, en un margen de tan solo 21 minutos.  

“Como víctima de balas de goma, encuentro increíblemente peligroso que se utilicen. Les hablo hoy como testigo, habiendo quedado discapacitado de un ojo”, explica Brice O. y añade síntomas de asfixia, “me costaba respirar, así que abrí la boca, pero entonces tragué agua del mar”.  

El Estado español ha reconocido que hubo al menos 14 muertes y las autopsias de los 5 cuerpos encontrados en España confirmaron muerte por ahogamiento. A pesar de pruebas forenses confirmando lesiones por balas de goma, las autoridades nunca intentaron contactar a los supervivientes, que estaban sólo a unos kilómetros de distancia, excluyéndolos sistemáticamente del procedimiento judicial. “La investigación del Tarajal fue una farsa. No hubo evaluación legal de la fuerza utilizada por la Guardia Civil. Después de 11 años, es una vergüenza y España debe investigar adecuadamente esta operación fronteriza mortal,” afirma Hanaa Hakiki, directora del programa Border Justice en ECCHR.   

Tras 11 años de impunidad y ante el archivo definitivo, el caso se encuentra actualmente pendiente de la resolución del recurso de amparo interpuesto por CEAR, APDHE y Coordinadora de Barrios ante el Tribunal Constitucional. En la actualidad, todavía algunas de las víctimas y sus familiares se encuentran a la espera de resolución. “Es una oportunidad para establecer doctrina constitucional que proteja el derecho a la vida de las personas migrantes en las fronteras, para que no se repitan estos lamentables hechos y que las familias accedan por fin a la verdad, justicia y reparación”, señala Elena Muñoz de CEAR.   

“Desde hace décadas, la frontera hispano-marroquí se ha convertido en un escenario de violación de derechos humanos y de impunidad impactando de manera especialmente violenta y grave contra las personas negras. Tanto en el caso de El Tarajal en 2014 como los hechos ocurridos el 24 de junio en Melilla en 2022 son ejemplos de cómo el uso indiscriminado de material antidisturbios, las devoluciones ilegales combinadas con la excepcionalidad y la falta de investigación efectiva son elementos que conducen a situaciones de riego para la vida y, por tanto, conducen a la muerte a personas negras que intentan atravesar esa frontera”, afirma Maite Daniela Lo Coco de Irídia. Ni los motivos por los que se presenta esta queja ni la falta de investigación que los rodea constituyen un caso aislado en contextos de frontera, tanto dentro de la UE como en el Estado español.  

Las balas de goma son una munición incontrolable, potencialmente letal y torturante, que hace imposible prever su trayectoria y, por tanto, garantizar que no impacte en zonas sensibles del cuerpo. Naciones Unidas es clara en señalar que los proyectiles de energía cinética no pueden dispararse por encima de la cintura, ni usarse para la dispersión, mucho menos contra personas que están nadando y que no suponen un riesgo para la vida de los propios agentes ni para terceros. Por su carácter indiscriminado y su falta de trazabilidad, el uso de balas de goma pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales y la integridad física de las personas.  

Desde hace años, colectivos de afectadas como la plataforma Stop Balas de Goma exigen su prohibición, también, en los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil tal como se ha hecho en Cataluña, País Vasco y Navarra. “El derecho internacional prohíbe su uso indiscriminado y nunca por encima de la cintura. Es un armamento potencialmente legal. Es imposible su trazabilidad por eso imposibilita la rendición de cuentas posterior”, ha recordado Carles Guillot, de Stop Balas. 

Esta queja se recoge en el marco del trabajo de monitoreo permanente de derechos humanos en la frontera realizado conjuntamente por Irídia y NOVACT.