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Hace diez años, como respuesta al aumento de la movilización social, el gobierno español aprobó la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza por su carácter represivo y su impacto restrictivo sobre derechos fundamentales. A pesar de la voluntad del gobierno socialista de reformarla y varios intentos parlamentarios, la ley sigue vigente y continúa siendo utilizada para reprimir derechos.

Hoy, Italia se encuentra en una situación similar. El 11 de junio, el gobierno de derecha de Giorgia Meloni impuso la aprobación definitiva del Parlamento del Decreto 1236 a través del voto de confianza. Esta ley, análoga a la Ley Mordaza, amenaza el ejercicio de las libertades individuales y colectivas. Ante esta ola restrictiva que recorre Europa, la sociedad civil se une como garante de las libertades y la democracia.

Una década después, se ha demostrado que la Ley Mordaza ha servido para reprimir derechos como la libertad de expresión, reunión, asociación e información. También ha criminalizado a quienes están en la primera línea de las luchas sociales: activistas por la vivienda, defensoras del medioambiente, ecologistas, independentistas catalanes, grupos de solidaridad con Palestina, feministas o sindicalistas. Ha servido para discriminar y vulnerar desproporcionadamente los derechos de personas racializadas, migrantes o refugiadas y los de todas las que han sido multadas, detenidas o expulsadas por ejercer pacíficamente sus derechos.
Desde su entrada en vigor y hasta 2023, se han impuesto más de 429.000 sanciones. Más del 76% corresponden a infracciones como “resistencia”, “desobediencia”, “negativa a identificarse” o “faltas de respeto a la autoridad”. Estas cifras evidencian un régimen sancionador arbitrario que ha ampliado la discrecionalidad policial y genera un efecto disuasorio, desmovilizando y autocensurando a quienes desean ejercer su derecho a la protesta.

Ahora Italia corre el mismo riesgo. El Decreto 1236, aprobado definitivamente con voto de confianza en el Senado italiano a pesar de la fuerte oposición en el aula y en las calles, busca criminalizar y restringir el derecho a la protesta con medidas represivas contra migrantes y formas de movilización y expresión de movimientos sociales. Tramitado de forma urgente y sin respetar procedimientos parlamentarios, reproduce lógicas punitivas de la Ley Mordaza: introduce figuras infractoras ambiguas y sanciones desproporcionadas contra conductas legítimas como cortes de carretera, ocupaciones pacíficas o desobediencia civil. Desde el principio, resultó evidente que esta ley iba a representar el “más grande ataque al derecho a la protesta” de las últimas décadas. Varias instituciones internacionales expresaron sus críticas y preocupación, entre ellas el Consejo de Europa, relatores especiales de la ONU y el OSCE-ODIHR. El 31 de mayo, cientos de miles se manifestaron en toda Italia para rechazar el Decreto y evitar consecuencias como en España. En ambos casos, la movilización ha demostrado que existe un rechazo social, mayoritario y plural contra estas leyes represivas.

El caso español demuestra lo difícil que es revertir leyes restrictivas de derechos, incluso con cambios de gobierno y mayorías favorables, pese a denuncias reiteradas de organismos internacionales como relatores de Naciones Unidas, la Comisión de Venecia o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Queremos anticiparnos a un escenario que ya conocemos: contrarrestar la “ley Seguridad” en Italia y lograr la derogación de la Ley Mordaza en España. Estas leyes activan el aparato represivo del Estado y criminalizan a los movimientos sociales. Desde la sociedad civil, construimos alianzas para denunciar cómo gobiernos recurren a legislaciones restrictivas para desmovilizar y reprimir a los movimientos sociales y socavar valores democráticos. El trabajo de colectivos y movimientos que denuncian estas leyes es el último bastión frente al aislamiento y la censura.

Aunque nos persigan por ejercer nuestros derechos, seguiremos ejerciéndolos y tejiendo solidaridad.