Proximamente el informe completo en este enlace.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la potestad de hacer un uso proporcionado de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, pero ¿qué pasa cuando no se ajustan a la legalidad? ¿quién se encarga de investigar y sancionar cuando se trata de la policía?

Naciones Unidas ha advertido en numerosas ocasiones al Estado español de las deficiencias en las investigaciones penales relacionadas con casos de tortura, maltrato y uso desproporcionado de la fuerza. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado hasta en 13 ocasiones por no investigar denuncias por estos hechos. Mientras, territorios como Inglaterra y Bélgica han creado mecanismos independientes encargados de investigar actuaciones policiales, pero ¿cómo lo hacen? ¿sería posible que pudiera existir uno en el Estado español?

Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas que pongan fin a la impunidad de la violencia policial y la reparación a las personas afectadas. En el informe «Mecanismos independientes de control policial», distintas voces expertas aportan un análisis comparativo sobre este tipo de órganos en distintos países y proponen cómo podría trasladarse una iniciativa así al conjunto del Estado y sus territorios.