• Tras una comunicación presentada por Irídia y CEAQUA, cuatro Relatores de Naciones Unidas señalan que España incumple sus obligaciones internacionales en derechos humanos por el archivo generalizado de querellas por crímenes del franquismo

Barcelona/Madrid, 12 de mayo. En una comunicación oficial remitida el 18 de febrero de 2026 al Gobierno de España, varios mandatos de Naciones Unidas —del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y de la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— muestran su seria preocupación ante la ausencia de investigación judicial en 18 casos tramitados ante tribunales españoles al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática por crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición.

Los Relatores consideran que se está obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo. En este sentido, la comunicación es contundente:

“En tal sentido, recordamos que mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período franquista, estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El documento pone de relieve la persistencia de obstáculos como la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción y una interpretación restrictiva del principio de legalidad penal, a pesar de la entrada en vigor en 2022 de la nueva Ley de Memoria Democrática. Así, los expertos recuerdan:

“Por su parte, recordamos que, si bien es importante asegurar que la justicia opere con respeto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías, a los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos”.

También han recordado que la falta de investigación y sanción adecuada de las graves violaciones de derechos humanos, y el incumplimiento de esas obligaciones por parte de las instituciones pertinentes, incluidas las judiciales, está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español en su conjunto.

Este pronunciamiento llega después de que, el pasado mes de diciembre, las entidades de derechos humanos Irídia y CEAQUA presentaran una comunicación conjunta ante el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, denunciando la responsabilidad internacional de España por la falta de investigación judicial efectiva de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista. Se incluyeron 18 casos denunciados tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática —17 querellas interpuestas ante Juzgados y Tribunales españoles y una denuncia presentada ante la Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Barcelona—.

La comunicación insta al Gobierno español a proporcionar información detallada sobre las querellas indicadas y a justificar cómo las decisiones judiciales de archivo se ajustan a los estándares internacionales. Asimismo, le insta a adoptar medidas que garanticen investigaciones eficaces, independientes y exhaustivas, a fin de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales, y de ofrecer un recurso adecuado a las víctimas.

En su respuesta, el Estado confirma que los tribunales archivan estas causas aplicando la doctrina constitucional sobre prescripción, la Ley de Amnistía y los principios de legalidad e irretroactividad penal. También reconoce que no dispone de datos desglosados sobre las cuestiones planteadas y no justifica el cumplimiento del derecho internacional, limitándose a destacar el papel del Ministerio Fiscal en su intervención judicial contra los archivos.

Desde Irídia y CEAQUA celebramos este pronunciamiento, que envía un mensaje claro a las instituciones españolas. Por un lado, al Poder Judicial le reprocha estar obstaculizando el acceso a la justicia a las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, y le insta a incorporar los estándares internacionales en sus resoluciones. Por otro lado, al Gobierno español le recuerda que la falta de investigación de estos casos implica su responsabilidad internacional.

Las entidades exigimos al Gobierno que implemente las peticiones de los Relatores con la máxima celeridad y, en concreto, que:

• Se traslade la comunicación a los órganos judiciales y se confirme públicamente que se ha efectuado.
• Se traslade la comunicación a la Fiscalía de Memoria y se elabore una circular interna para que, en el marco de sus investigaciones pre-procesales, se lleve a cabo una investigación exhaustiva, incluyendo la solicitud de la totalidad de los archivos policiales y judiciales, la práctica de diligencias de identificación de los presuntos autores y su toma de declaración.
• Se derogue la Ley de Amnistía de 1977.
• Se reforme el Código Penal para incluir el principio de legalidad internacional y la imprescriptibilidad del delito de tortura.
• Se ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.