«Me pregunto cuál es el límite de esta crueldad»: un superviviente del 24J recurre el archivo de su querella contra la Guardia Civil

Un juzgado de Melilla reconoce que los hechos son delito, pero archiva la causa por autor desconocido sin haber investigado. Irídia ha presentado un recurso

Mahamat, superviviente de la masacre del 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla y cofundador de Refugees in Libya, ha denunciado hoy la impunidad de los hechos en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña. Lo han acompañado Irídia, el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y Regularización Ya. El 15 de octubre, un juzgado de Melilla archivó provisionalmente su querella: reconoce que los hechos son delito, pero dice que no se pueden atribuir a nadie.

Mahamat ha explicado que, por cómo lo trataron los agentes, parecía que no tenía derecho a pedir asilo y que lo único que le esperaba era ser golpeado y expulsado. «Aquel día perdí mi dignidad, con las manos atadas. Me pregunto cuál es el límite de esta crueldad», ha afirmado. Huyó de Sudán cuando tenía siete años y pasó por Chad, Libia, Argelia y Marruecos antes de llegar a la frontera de Melilla. «No viajamos por gusto. Buscamos un lugar seguro».

Mahamat ha recordado a su mejor amigo, que desapareció aquel día: «Íbamos y soñábamos juntos. Me ha dejado un vacío que me hace preguntarme cuándo conseguiremos justicia». También ha explicado que todavía recibe mensajes de las familias de las víctimas: «Me preguntan si están vivos, si están en la cárcel. Yo no puedo dar respuestas. Solo sé que muchos cayeron delante de mí».

«No pararemos hasta que haya justicia y una reparación real, para quienes llegaron y para quienes se quedaron en el camino», ha concluido Mahamat.

Qué denuncia la querella

Irídia lleva el caso con sus socios internacionales: el ECCHR, PRO ASYL y el Digital Freedom Fund (DFF). Presentó la querella el 23 de diciembre de 2025 contra uno de los mandos del operativo, que está identificado, y contra los agentes que intervinieron. Los hechos podrían ser constitutivos de torturas, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa, con las agravantes de racismo y de abuso de la condición de agentes de la autoridad.

Mahamat dijo a los agentes que quería pedir asilo y que tenía el estatuto de refugiado reconocido por ACNUR. Mientras estaba en el suelo, retenido y obedeciendo órdenes, un agente lo golpeó en la cabeza con la porra y le causó un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento. Después lo mantuvieron horas esposado entre personas heridas y muertas y lo devolvieron a la fuerza a Marruecos, sin ningún procedimiento. Además, impidieron que Cruz Roja lo atendiera. Una pericial del Centro Sira realizada según el Protocolo de Estambul concluye que su relato es altamente consistente.

Un archivo sin investigar

El juzgado tardó cinco meses en abrir el procedimiento. Ahora lo archiva sin haber ordenado ninguna de las diligencias solicitadas para identificar a los agentes, como los cuadrantes del dispositivo o las imágenes de las cámaras, del helicóptero y del dron. Tampoco ha tomado declaración a la víctima ni ha respondido a la petición de acumular la causa a la investigación abierta por el 24J.

«Se archiva por autor desconocido sin haber hecho ninguna investigación para conocerlo. Es una frontera tecnificada para vigilar a personas migrantes, pero que no funciona cuando hay que investigar torturas», ha explicado Laura Medina, abogada de Irídia. Medina también ha criticado a la Fiscalía, que exige a la víctima pruebas que los propios agentes le impidieron obtener: «Una vez más, quien debía proteger a la víctima ha acabado dándole la espalda». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España 14 veces por vulnerar la prohibición de la tortura, 13 de ellas por no haber investigado de forma efectiva. «Archivar sin investigar es garantizar la impunidad», ha concluido Medina.

Una impunidad que va más allá de Melilla

«El derecho internacional es muy claro en la obligación de investigar de forma efectiva los hechos de tortura. El archivo de esta investigación no solo es un incumplimiento de esta obligación, sino también un intento deliberado de mantener la impunidad de las fuerzas estatales y normalizar la violencia contra las personas migrantes en las fronteras españolas», ha afirmado Silvia Rojas-Castro, del ECCHR. «Por ello hacemos un llamamiento al Estado español para que esclarezca los hechos del 24J, incluido el destino de las personas fallecidas o desaparecidas, y para que los responsables de esta violencia rindan cuentas».

Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros y de Regularización Ya, ha situado el caso en un contexto de racismo estructural: «Cuando se trata de personas migrantes, demasiadas veces no hay investigaciones rigurosas ni un seguimiento adecuado de los casos. Nadie debería estar por encima de la ley: ni la policía ni los políticos». Sarr ha añadido: «Somos seres humanos. No somos objetos de usar y tirar. Somos personas».

El impacto de la impunidad

«La violencia no acaba cuando acaban los golpes, sino que se perpetúa en los impactos y en la inacción del Estado», ha señalado Paula Rossi, psicóloga y referente de migración y frontera de Irídia. Rossi ha explicado que archivar sin investigar transmite a la víctima que su relato no importa, y convierte la búsqueda de justicia en una nueva experiencia de desprotección. «La impunidad en contextos de frontera no es un fallo del sistema: es el sistema». El 24 de junio de 2022, la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas en la frontera de Melilla causó al menos 37 muertes y 76 personas desaparecidas, y unas 470 personas fueron devueltas sumariamente a Marruecos. Más de cuatro años después, nadie ha rendido cuentas. Con el recurso, Irídia pide que se anule el archivo y que el caso se acumule a la investigación abierta por los hechos del 24J.

Vídeo de la rueda de prensa: YouTube