DESCARGA EL INFORME “VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL CIE 2021” (CAT)

Este 2021 las visitas al CIE han estado restringidas durante 6 meses: solo podrían entrar abogados/das a petición de los internos y con restricciones. Ni ONGs ni familiares tenían acceso. Durante este periodo se dieron situaciones tan graves como una huelga de hambre de 41 internos. Este es un ejemplo relevante de cómo se ha obstaculizado la tarea de monitoreo y denuncia de vulneraciones de derechos. Situaciones como esta o como las dificultades que ha encontrado el equipo de abogados para acceder al centro – llegando a impedirse su entrada en dos ocasiones- , constituyen una vulneración del derecho de defensa de los internos. Esto continúa una vez interpuesta la denuncia: los Juzgados tardan en ordenar las diligencias de investigación necesarias y acaban archivando la denuncia cuando la persona es deportada, usando este hecho como excusa.

Por otro lado, en el CIE también se vulnera el derecho a la salud, puesto que la atención que se ofrece es insuficiente y sin las garantías mínimas. Los servicios sanitarios corren a cargo de una empresa privada, Clínica Madrid, contratada por la dirección. Lo más grave de esta situación es que el hecho de que una empresa privada sea la gestora de la salud en el CIE supone una carencia de independencia a la hora de recoger lesiones provocadas por situaciones de violencia institucional; puesto que la empresa depende del mismo cuerpo de Policía Nacional que se encarga de la gestión del centro. Se han detectado injerencias de la dirección del centro e informes incompletos y sin firma. Por eso pedimos que la gestión de la salud en el centro se integre dentro del Servicio Catalán de la Salud y pertenezca a la red pública, garantizando independencia profesional y una calidad igual a la del resto de la ciudadanía.

Esto debería servir también para evitar que una medida tan grave como el aislamiento se aplique por motivos sanitarios. El aislamiento se ha utilizado tanto con motivaciones punitivas como con la excusa de la COVID-19, en casos de contacto estrecho o positivo, sin que exista ningún tipo de control ni regulación sobre sus causas o condiciones, y acompañado de medidas de contención como castigo. Además, se ha usado en casos con riesgo de suicidio, poniendo en peligro la vida de la persona. En total, el aislamiento se ha empleado en 84 ocasiones en el conjunto del Estado: 72 en el CIE de Barcelona. Es una cifra desproporcionada: en el mismo periodo en el CIE de Madrid se utilizó solo 6 veces.

Los internos relatan condiciones inhumanas y degradantes, tanto por el espacio como por el trato recibido por parte de los agentes. Uno de los afectados explica que estuvo aislado 24 horas al día durante 10 días en una celda muy pequeña y sin muebles, cama, lavabo, ni luz natural, por ser positivo de COVID-19. En esta línea, en junio se hizo viral el caso de un hombre que se autolesionó dándose fuertes cabezazos contra paredes y ventanas y como respuesta fue inmovilizado por 7 funcionarios. Los agentes le aplicaron una contención mecánica atándolo de manos y pies en el suelo y poniéndole un casco con visera en la cabeza durante más de 3 horas. Este es uno de los 6 casos por violencia institucional en el CIE que representa Irídia.

La entidad celebra como victorias importantes las reaperturas de 4 denuncias archivadas por casos en que los denunciantes habían sido deportados antes de tomarles declaración. Destacamos una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona que recoge la necesidad de que se realice una tutela judicial reforzada en los casos de maltratos y torturas y que se haga un esfuerzo indagatorio en situaciones en que hay pocas pruebas, empezando por la importancia de tomar declaración a la víctima. También apunta a irregularidades como la inexistencia de cámaras de videovigilancia en algunos puntos del interior del CIE sin explicación, o la carencia de exhaustividad de los informes realizados por el Servicio Médico del Centro. Se prevé que uno de los denunciantes, con quién Irídia ha podido contactar, declare por videoconferencia desde su país de origen.

También destacamos que 4 años más tarde han acabado de declarar los once agentes del Cuerpo Nacional de Policía investigados por una denuncia de 2017: varias personas manifestaron haber sufrido agresiones graves en espacios del Centro donde no había cámaras de videovigilancia tras un intento de motín. Existen imágenes de las lesiones; informes médicos y grabaciones de cámaras de los pasillos del Centro donde se ven actuaciones antirreglamentarias de los agentes. Durante sus declaraciones, los agentes investigados no contestaron a las preguntas de la acusación particular de Irídia: mantuvieron una versión exculpatoria de su actuación y explicaron que no solo no fueron sancionados, sino que fueron felicitados por su actuación el día de los hechos.

Acabamos el informe reclamando más transparencia al Ministerio de Interior; una regulación concreta para los CIEs en cuanto al uso del aislamiento y las contenciones mecánicas; que haya más intérpretes y traductores disponibles para facilitar la comunicación entre los internos y los médicos o abogados; y una mejora en la gestión de la salud, que tendría que encargarse a la Generalitat de Catalunya. Para acabar, pedimos que se garantice el derecho a la defensa de las personas internas y que no se repitan situaciones como las de este 2021, en que se ha impedido a entidades de derechos humanos y a abogados/das acceder al centro.