Conjuntamente con la Federació Salut Mental Catalunya, la Federació VEUS (salud mental) y La Cabecera (profesionales de la Atención Primaria), pedimos la suspensión de la compra de armamento taser por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Exigimos la realización de un análisis técnico independiente que permita evaluar sus impactos en términos de derecho a la salud y el respecto a los derechos fundamentales.

El año 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó el Estado español (y en consecuencia a todas sus instituciones) a “considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas Taser por parte de las policías locales.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General Número 36 (2018) en relación con el derecho en la vida, establece que los Estados tienen que “velar porque las armas menos letales sean sometidas en estrictas pruebas independientes y evaluar y vigilar los efectos en el derecho en la vida de armas tales como los dispositivos que generan contracciones musculares mediante descargas eléctricas (taser).

Se trata de armamento potencialmente mortal, pero en especial en casos de personas con cardiopatías, estados de agitación y embarazadas.

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