Informe: Llegadas marítimas a Canarias: excepcionalidad y racismo Informe: Llegadas marítimas a Canarias: excepcionalidad y racismo

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Informe: Llegadas marítimas a Canarias: excepcionalidad y racismo

#Frontera#Migraciones#Racismo
Objetivos

Este documento, que tiene como objetivo identificar, sistematizar y denunciar las principales vulneraciones de derechos humanos que se producen en las llegadas a Canarias, recoge brevemente las principales vulneraciones de derechos detectadas en el 2023 desde una perspectiva de género y antirracista: desde el momento de la llegada al puerto, pasando por las 72 horas de detención, hasta la puesta en libertad o entrada en el sistema de acogida.

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Este informe se ha elaborado en colaboración con abogadas independientes, investigadores/as y activistas, con la especial colaboración de la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes de Lanzarote, la Asociación Derecho y Justicia y APDH Canarias.

Este año se ha producido un aumento del 134% del número de llegadas de embarcaciones a Canarias, según el Ministerio del Interior, provenientes principalmente de Senegal, Mauritania y las costas del Sáhara Occidental, controladas por Marruecos, con una presencia importante de niños, niñas y adolescentes sin referentes adultos. Algunas embarcaciones han conseguido llegar a las islas, pero más de 778 personas han muerto en la ruta Canaria solamente en el primer semestre de 2023, según datos de Caminando Fronteras, como consecuencia directa de una estructura internacional desigual, discriminatoria y racista de acceso a la movilidad internacional.

Estos datos son consecuencia de las políticas migratorias de los países de la UE y del Estado español, que limitan las posibilidades de obtener visados, impidiendo el acceso a vías legales y seguras, obstaculizando el acceso a la protección internacional en embajadas y exportando medidas restrictivas a través de la externalización de fronteras.

El recién anunciado Pacto Europeo de Migración y Asilo legitima la aplicación de la excepcionalidad y la disminución de garantías, así como el aumento de la criminalización de la migración y de la detención como medida de gestión de fronteras. Todo esto, empuja a las personas a tomar vías irregulares y cada vez más peligrosas para trasladarse, generando muertes indiscriminadas desde hace décadas.

Las principales vulneraciones de derechos humanos que recoge este informe señalan que las personas que llegan por vías marítimas a Canarias son detenidas sistemáticamente en los CATE, cuando organismos internacionales como ACNUR recomiendan buscar alternativas a la detención, teniendo en cuenta que entre las personas que llegan hay niños, niñas, bebés y mujeres, potenciales solicitantes de asilo y personas en situación de vulnerabilidad.

Los CATE se han consolidado como un espacio de aplicación excepcional de la ley donde la garantía de los derechos fundamentales parece diluirse cuando se trata de personas migrantes: no se están garantizando los derechos básicos, como la asistencia letrada, el derecho a ser asistido por un intérprete o el derecho a comunicarse telefónicamente con una tercera parte. En numerosas ocasiones la asistencia letrada se lleva a cabo en espacios sin privacidad como pasillos o habitaciones y el servicio de traducción e interpretación muchas veces se lleva a cabo por teléfono y de manera grupal. También se han detectado deficiencias en el acceso a la información, en particular a la relativa a la protección internacional, y la falta de personal especializado en infancia.

Especialmente graves son los interrogatorios en el CATE por parte de Frontex y Policía Nacional, sin garantías y sin asistencia letrada, incluyendo a menores de edad. Se han identificado varios casos de menores de edad en prisión preventiva tras ser interrogados sin garantías. Es imprescindible garantizar la tutela judicial efectiva, el derecho a la información y a la asistencia letrada.

En el puerto, es necesario un protocolo de actuación, en el que se aborde el tipo de asistencia sanitaria y psicológica que debe prestarse a las personas supervivientes y según el cual sea obligatoria la presencia de personal sanitario profesional del sistema público de salud y de personal especializado en infancia en el equipo que despliega Cruz Roja, así como de servicios de traducción, para la identificación de casos de personas en situación de vulnerabilidad (mujeres embarazadas, infancia y/o personas que necesiten derivación hospitalaria u otros recursos específicos).


Puedes leer la evaluación externa del proyecto aquí (catalán).