Más de 110 organizaciones instan a votar en contra del Reglamento Europeo de Retorno
- Denuncian que la propuesta abre la puerta a redadas policiales en espacios públicos y privados y ampliaría la detención, incluso de niñas y niños.
- Estas redadas intensifican la normalización del perfilamiento racial: controles y verificaciones basados en la apariencia, el idioma o el origen percibido, en lugar de la conducta individual, lo que conduce a la discriminación hacia comunidades racializadas.
- Alertan de la deportación a “terceros países seguros” sin vínculo con la persona afectada y del riesgo de vulnerar el principio de no devolución.
Un total de 110 organizaciones antirracistas, entidades sociales y de derechos humanos de todo el Estado han firmado una carta dirigida a los miembros del Parlamento Europeo en la que alertan del impacto que el Reglamento Europeo de Retorno tendría en los derechos fundamentales y reclaman que no salga adelante en la votación prevista para el próximo mes de marzo.
Paralelamente, las entidades impulsoras de la iniciativa, AlgoRace Irídia y Novact junto con CEAR y Red Acoge han remitido también una carta a la Presidencia del Gobierno solicitando que España se posicione en contra de la propuesta.
Entre las organizaciones firmantes de la carta dirigida a los europarlamentarios se encuentran, entre otras, SOS Racismo, Espacio Afro, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos del Mundo, Oxfam o el Servicio Jesuita a Migrantes. En el texto, las entidades alertan de que la propuesta abre la puerta a un modelo de deportación caracterizado por la disminución de garantías legales, el aumento de la detención, afectando también a niños y niñas, y prácticas que podrían vulnerar principios básicos del Derecho Internacional, incluido el principio de no devolución.
Asimismo, entre los aspectos más preocupantes del Reglamento está la introducción de la obligación a los Estados miembros de “detectar” a personas en situación administrativa irregular. En la práctica, esto significaría el aumento de las identificaciones y detenciones por perfilamiento racial como medidas de detección.
Concretamente, el Reglamento que se está debatiendo abre la puerta a redadas policiales en espacios públicos y privados, incluyendo oficinas y centros de atención humanitaria administrados por organizaciones humanitarias. Estas redadas intensifican la normalización del perfilamiento racial: controles y verificaciones basados en la apariencia, el idioma o el origen percibido, en lugar de la conducta individual, lo que conduce a la discriminación hacia comunidades racializadas. Por otro lado, resulta preocupante el desarrollo y uso de tecnología para rastrear los movimientos de las personas y aumentar la vigilancia de migrantes indocumentados y personas racializadas.
Las entidades advierten que estas medidas discriminatorias generan miedo y rompen los lazos sociales y comunitarios. Además, dificultan el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
En la carta, las organizaciones expresan especial inquietud por que se permita la deportación a “terceros países seguros” (incluyendo países con dudosos estándares de protección de los derechos humanos, pero que han sido incluidos en la lista de “terceros países seguros” , como Egipto, Marruecos, o Colombia), sin que la persona tenga ningún vínculo con el país, y la creación de centros de retorno en terceros países.
Además, las entidades advierten que, al tratarse de un Reglamento, el texto pasaría automáticamente a formar parte del ordenamiento jurídico de los países de la Unión tras su aprobación.
“Nos preocupa profundamente la normalización de medidas que refuerzan la criminalización de la migración, el perfilamiento racial y la erosión de garantías fundamentales propias del Estado de derecho” , señalan las organizaciones firmantes.
A nivel español, las entidades hacen un llamamiento a los grupos políticos del Parlamento Europeo y a la Presidencia del Gobierno, a los cuales se han dirigido a través de una carta, para que voten en contra del Reglamento.
En conclusión, en un momento de deriva racista y xenófoba en las instituciones europeas y sus Estados miembros, así como respuesta a un fenómeno global de criminalización y persecución de las personas migrantes, es fundamental mantener un compromiso firme con los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen y su situación administrativa, y con el Estado de derecho.