Entidades de derechos humanos y de apoyo a personas presas rechazan el plan de actuaciones para aumentar la seguridad en prisiones pactado por el Departamento de Justicia con los Sindicatos de Funcionarios/as de Prisiones

El 22 de Marzo de 2023 el Secretario General de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima Amand Calderó y representantes de varios sindicatos de funcionarios de prisión, tras una serie de protestas laborales que incluyeron la ocupación física de oficinas de dirección de Centros Penitenciarios, firmaron un acuerdo sindical que incluye la adopción de diferentes medidas que afectan a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad sin que hayan sido escuchadas las mismas, sin informar previamente al Parlament de Cataluña y sin que se haya informado ni tenido en cuenta los posicionamientos de las entidades de derechos humanos y de apoyo a personas presas de Cataluña, enterándose las mismas por los medios de comunicación.

Entre las medidas pactadas en el marco de una negociación laboral se incluyen medidas como las siguientes:

• Planificación de un modelo de celdas de seguridad reforzada en los DERT-DS para incrementar el nivel de seguridad de las mismas.
• Se realizará una prueba piloto para la incorporación de cámaras unipersonales de uso para los trabajadores de las prisiones.
• Se realizará una prueba piloto sobre uso de aerosoles de acción adecuada para evaluar su eficacia ante incidentes localizados en espacios cerrados con anterioridad a la entrada de equipos de intervención.
• Se realizará un nuevo sistema de distribución en los DERT de Cataluña de las personas sancionadas o en primer grado.
• Se realizará un nuevo protocolo así como se analizarán qué medios de uso de la fuerza emplear ante situaciones de crisis, iniciando una prueba piloto en el CP de Joves durante el mes de abril.

Es altamente preocupante que, una vez más, las reivindicaciones sindicales de índole laboral en el sistema de prisiones de Cataluña se mezclen con decisiones estructurales sobre las prisiones que afectan a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La anterior Consellera de Justicia Lourdes Ciuró pactó con los sindicatos de funcionarios/as la reforma de la Circular 2/2021 sobre contenciones mecánicas, que suponía dar muchos pasos atrás en el camino hacia una política de 0 contenciones un año después de haberse aprobado la anterior circular y la actual Consellera de Justicia Gemma Ubasart ha pactado con los sindicatos de funcionarios/as, tan sólo unos meses después de asumir el cargo, la inclusión de nuevas medidas sobre la regulación del uso de la fuerza en el interior de las prisiones sin transparencia, ni diálogo parlamentario ni con las entidades de defensa de derechos humanos y de apoyo a personas presas.

Después de muchos años de trabajo, las organizaciones de derechos humanos hemos logrado que cuando hay decisiones de calado en materia de uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales el Parlament tenga un lugar central para el debate sobre qué tipos de uso de la fuerza deben realizarse así como los oportunos mecanismos de control que deben emplearse, como recientemente se demostró en la Comisión de Estudio del Modelo Policial. Decidir si se emplea un nuevo arma o de cualquier medio que suponga el uso de la fuerza y cuáles son los mecanismos de control que se adopten en el caso de que se apruebe su utilización ha de estar sometido a control y autorización parlamentaria.

Es por ello que consideramos muy grave la actual deriva que se está produciendo en la incorporación de medidas de uso de la fuerza en el ámbito penitenciario, ya que las medidas lejos de acordarse en sede parlamentaria, tras escuchar a los diferentes actores implicados incluídas las organizaciones de derechos humanos, se están tomando en el marco de negociaciones laborales sin tener en cuenta que son medidas que afectan a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Es especialmente preocupante la incorporación de un nuevo arma como el uso de sprays de aerosoles en el interior de los Centros Parlamentarios o de cualquier otro medio para emplear el uso de la fuerza, la incorporación de cámaras individuales o la generación de nuevos protocolos de uso de la fuerza. La regulación de dichos elementos tiene afectaciones en derechos fundamentales de las personas privadas de libertad como en el derecho a la integridad física y psíquica o el derecho a la intimidad, entre otros. Es intolerable que dichas medidas no sean sometidas al debido control democrático parlamentario, ignorando los avances que se han dado en Cataluña en los últimos años en relación a los debates oportunos para decidir y controlar el uso de la fuerza.

Especialmente queremos mostrar nuestro rechazo frontal a la aprobación de un plan piloto que prevé el uso de sprays de aerosoles en las prisiones, de manera contraria al posicionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. El uso de dichos sprays ha generado en otros países incluso la muerte de personas privadas de libertad, siendo especialmente riesgoso para personas con problemas cardiorrespiratorios. Asimismo, son preocupantes los efectos psicosociales y psicológicos que puede generar su uso o la amenaza de su uso para las personas presas. Asimismo, es necesario destacar que no se ha explicado qué tipo de espray exactamente quiere utilizarse durante la realización del plan piloto así como tampoco se ha explicado el proceso de incorporación de dicho arma, ni cómo se han evaluado sus potenciales riesgos, ni qué mecanismos de control se han previsto.

Por todo ello,

• Exigimos la retirada del plan piloto para el uso de sprays aerosoles en las prisiones de Cataluña y que en ningún caso se autorice la utilización de este tipo de sprays de aerosoles en las prisiones de Cataluña, cumpliendo de ésta manera los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
• Solicitamos que la Conselleria de Justicia y la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima realice una reunión amplia con las organizaciones de derechos humanos y de apoyo a personas presas de Cataluña.
• Solicitamos a los Grupos Parlamentarios del Parlament de Cataluña que se convoque una sesión monográfica de trabajo en el seno de la Comisión de Justicia del Parlament de Cataluña para analizar el impacto de las medidas planteadas, que prevea también la participación de las organizaciones de derechos humanos y de apoyo a personas presas de Cataluña.

Entidades adheridas:

• Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDDH)
• Alerta Solidària
• Associació de Famílies de Presos a Catalunya
• Comissió de Defensa de l’ICAB
• IACTA
• Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC
• Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans
• Observatori del Sistema Penal i Drets Humans – OSPDH
• Observa
• Xarxa Antirepressió de Familiars de Persones Detingudes