Esta tarde el Ateneu de Memòria Popular, entidad de la cual forma parte Irídia, ha expuesto en el Parlament su posicionamiento en relación a la propuesta de ley

El Ateneu de Memòria Popular (AMP), así como las entidades asociadas al mismo, celebramos la propuesta de actualización de la Ley catalana de Memoria Democrática. Aún así, consideramos que el anteproyecto de ley es insuficiente para permitir hacer efectivas políticas públicas de memoria que estén a la altura. Seguimos insisitiendo en que es necesario garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición conformo a los estándares internacionales y las recomendaciones que instituciones especializadas hayan venido haciendo sobre la materia. Así mismo, sostenemos que la falta de competencias y la realidad del sistema judicial español no deben ser impedimentos para que Catalunya tenga una ley de Memoria Democrática que garantice los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Por todo ello, hemos formulado una seria de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, de entre las cuales queremos destacar las siguientes:

• Es indispensable considerar como principio rector de la ley la integralidad de los derechos reconocidos (verdad, justicia y reparación) y la centralidad de las víctimas, las personas represaliadas (que ahora no se contemplan) y entidades memorialistas y su participación efectiva. En este sentido, la definición de víctima sigue siendo insuficiente: aunque incorpora nuevos grupos, no contempla por ejemplo a los y las trabajadoras despedidas por razones sindicales o políticas y limita al año 1952 los casos de menores separados.

• Con tal de adoptar políticas para garantizar el derecho a la justicia, se propone la creación de una oficina de información y asistencia a las víctimas y represaliadas del franquismo y la Transición. El objetivo de este servicio sería ofrecer acompañaiento jurídico y psicosocial a las personas afectadas, proporcionales información y fomentar que, quien lo quiera, pueda denunciar los crímenes de lesa humanidad y las vulneraciones de derechos fundamentales sufridas.

• La reparación y el reconocimiento de los efectos de los Tribunales es absolutamente insuficiente. Se prevé únicamente para los represaliados por tribunales catalanes, excluyendo, así, gran parte de las personas represaliadas por otros tribunales como el TOP (el Tribunal de Orden Público franquista) o personas que fueron juzgadas en ciudades de fuera de Catalunya.

• El Memorial Democràtic tiene que ser un órgano relevante, independiente y estable para asegurar la ejecución de las políticas públicas que diseñen los gobiernos, sin que se ve afectado por cambios políticos. En este sentido, se propone que la figura de dirección sea escogida por concurso público y que el MD responda al Parlament y no al Govern.

• És urgente y vital que se lleve a cabo la identificación, recuperación y resignificación de las fosas. Es indispensable la previsión de un protocolo de acompañamiento psicosocial a víctimas y familiares así como asegurar (actualmente no se hace) que todo el proceso de obertura de fosas irá estrechamente ligado a la judicialización de los hallazgos, en tratarse de prubas de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que tendrán que ser debídamente documentados, comunicados y denunciados a la justicia.

• Es indispensable que la memoria llegue a las aulas y universidades como garantía de no repetición, pero el actual redactado presenta aún claras deficiencias para poder hacerlo efectivo.

• Es necesario que el contenido del texto legislativo se refiera de forma efectiva también al último periodo del franquismo y la Transición; ya que en el actual redactado prácticamente no se hace referencia a las luchas y represalias de los años 60 a los 80.

• No ha habido una participación real de las entidades memorialistas en su redacción pese a que son las que han venido reivindicándola durante décadas y haciendo el servicio público. Se reclama su participación efectiva durante el debate parlamentario, como sociedad civil con pericia y personas represaliadas. Además, esta ley debe servir para dotar de estructura y apoyo a las entidades memorialistas que llevan décadas haciendo un servicio público que la administración no ha asumido.