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El sistema de deportación constituye un pilar clave de las políticas de control migratorio e implica consecuencias que vulneran gravemente los derechos fundamentales de las personas en situación de irregularidad administrativa, así como también, y de forma indirecta, de aquellas que cuentan con la situación administrativa regularizada pero que podrían encontrarse en situación de irregularidad sobrevenida. No obstante, la deportación es una práctica que permanece invisibilizada tanto en la esfera pública, como en la institucional.

Las deportaciones rompen proyectos vitales. Cerca de medio millón de personas en el Estado español se encuentran en situación administrativa irregular, y muchísimas otras pueden encontrarse en situación irregular sobrevenida. Las deportaciones no solo afectan a las personas que son efectivamente deportadas, sino que también damnifica a aquellas que son deportables. Esto evidencia que la deportación adquiere alcances diferentes y se resignifica: ya no es únicamente sinónimo del acto abrupto del desplazamiento forzoso, sino que también implica miedo, explotación y precariedad en la cotidianeidad de muchas personas.

La deportación no solo se manifiesta en los vuelos, las fronteras, las vallas y los CIE, sino que se vive, día tras día, en nuestros barrios y ciudades, a través de las identificaciones por perfilación étnico-racial por parte de los cuerpos policiales, de la vigilancia y el control ciudadano y de las dificultades administrativas que existen para la regularización. Teniendo en cuenta este enfoque analítico, el presente informe, elaborado conjuntamente entre Irídia y Novact, pone sobre la mesa las vulneraciones de derechos humanos que son producto del sistema de deportaciones del Estado español, así como los intereses económicos que mantiene la industria militar y de la seguridad en este sistema.