Informe CIE 2020

La entidad de derechos humanos denuncia que los Juzgados de Control del CIE no están garantizando los derechos de las personas internas en su informe anual sobre el CIE.

El trabajo de Irídia en el CIE de Barcelona se centra principalmente en la atención jurídica ante eventuales situaciones de violencia institucional, ya sea por petición directa al servicio por parte de los propios internos o por derivación de organizaciones como Migrastudium o Cerramos Los CIE.

A pesar de que el CIE estuvo cerrado de forma temporal por la pandemia durante más de seis meses, en 2020 hemos presentado seis denuncias por situaciones de violencia institucional contra agentes de la policía nacional, encargados de la custodia en el centro. Este hecho supone un aumento respete años anteriores, puesto que en 2019 se atendieron 4 casos en el ámbito del CIE durando todo el año. En total, pues, estamos representando 10 casos de violencia institucional ante los tribunales, teniendo en cuenta casos abiertos de años anteriores y otros casos que se han ido cerrando por el hecho de deportar la persona víctima de agresiones y no poder continuar con el procedimiento penal. En todos los casos, los internos relatan agresiones físicas por parte de los agentes, así como un trato vejatorio y/o degradante.

Así pues, la celeridad con que actúa la Administración para expulsar la persona en cuestión contrasta con el ritmo judicial de los procedimientos penales para investigar hechos tan graves como tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No hay ningún canal específico para vehicular estas denuncias con rapidez, por el que cuando se reparte el asunto al Juzgado correspondiente y este acuerda (o no) la incoación de los hechos, pueden haber pasado semanas. Precisamente por este motivo, desde el Servicio se actúa con la máxima celeridad cuando se tiene conocimiento de un caso de estas características, y se solicitan medidas cautelares urgentes. A pesar de que desde el Decanato de los Juzgados de Barcelona se han enviado recomendaciones en este sentido, en que ha participado Irídia, en las denuncias presentadas durante el año 2020, no se han acordado las diligencias urgentes en ninguno de las ocasiones, ni se ha suspendido la deportación para poderlas realizar. En consecuencia, se tiene la confirmación de la deportación de al menos tres persones denunciantes pocos días después de presentar la denuncia por maltrato.

El hecho que no haya una regulación específica de los Juzgados de control, en términos de procedimiento o plazos, por ejemplo, acaba comportando que la tarea tenga un componente especialmente personalista y poco regular en el ejercicio de esta función, con diferencias notables entre Juzgados de control, incluso dentro de un mismo partido judicial.

En el caso concreto de Barcelona, los Juzgados de Control competentes son los Juzgados de Instrucción 1 y 30 de Barcelona y es un ejemplo de la anomalía mencionada. Efectivamente, durante años, las organizaciones de derechos humanos han sido testigos de la inacción de uno de los dos Juzgados, el 30, que en muy pocas ocasiones respondía los escritos de queja presentados y, cuando lo hacía, era tarde y poco efectivo. No obstante, ha habido un cambio en la titularidad del Juzgado de Instrucción 30, con una magistrada diferente, que sí que ha ido dando respuesta a determinadas quejas presentadas

Aun así, y precisamente en el contexto de pandemia, consideramos que la actuación de los Juzgados de Control del CIE de Barcelona no ha sido la esperada, con repercusiones directas en los derechos de las personas internas. Concretamente, el 16 de Octubre de 2020, Irídia y Migrastudium presentamos una queja de manera conjunta en la cual solicitamos el cierre cautelar del CIE ante el anuncio que varias personas se habían contagiado de COVID y que, en caso de no ordenar el cierre, el Juzgado competente dictara medidas de protección en el marco de la pandemia. A su vez, un mes más tarde, el 13 de noviembre, Irídia y Migrastudium presentamos una nueva queja al Juzgado de Control, denunciando las condiciones en que los internos habían sido aislados por positivo de COVID-19, adjuntando incluso una de las denuncias presentadas.

A fecha de 17 de diciembre, no consta todavía respondida por parte de ninguno de los dos Juzgados de Control a estas quejas, ni consta que se haya llevado a cabo ninguna investigación, habiendo sido deportadas la mayoría de personas internas, entre ellas una de las denunciantes de estos hechos.

Esta inacción por parte de los Jueces de Control supone una clara indefensión para los internos y es un motivo claro de preocupación por parte de las organizaciones de derechos humanos, dado que se trata del órgano jurisdiccional garante de sus derechos.

17 de Diciembre de 2020

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