• Irídia y Òmnium recurrirán la decisión y también estudian vías internacionales para denunciar que el Estado español está desestimando todas las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado el archivo de la querella interpuesta por Carles Vallejo, con el apoyo de Irídia y Òmnium Cultural, por las torturas que el sindicalista sufrió en 1970 en la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana 43 a manos de la Brigada Político-Social. Irídia y Òmnium ya están estudiando vías internacionales para denunciar que los tribunales del Estado español están desestimando todas las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.

La resolución se basa en los argumentos habitualmente utilizados en los archivos de querellas por crímenes del franquismo: la prescripción de los delitos y el principio de legalidad e irretroactividad de las normas penales, según el cual en el momento de los hechos no existía como tal el delito de crímenes de lesa humanidad. En este caso, sin embargo, destaca que la resolución de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona coincide con el texto presentado por el equipo jurídico de Irídia en cuanto a la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía de 1977, aunque por argumentos diferentes. Como explica Laura Medina, abogada del caso: “La Audiencia Provincial considera que es un requisito imprescindible para la aplicación de la Ley de Amnistía la previa declaración de responsabilidad penal de una persona en concreto y por un delito en concreto; desde Irídia remarcamos su inaplicabilidad porque los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la normativa internacional de derechos humanos, no son amnistiables y, además, en ningún caso pueden suponer un obstáculo para iniciar una investigación penal”.

Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerado “inadmisible este nuevo archivo, que se suma a una dinámica que no solo implica la falta de reparación, sino también la falta de reconocimiento de las víctimas del franquismo”. Para Antich, la actitud de la justicia de no reconocer los crímenes de lesa humanidad “nos obliga como sociedad civil a seguir insistiendo para mantener viva la memoria democrática y exigir la tan necesaria reparación a las víctimas. Solo así, con memoria, verdad y justicia, se podrá avanzar en la construcción de una verdadera sociedad democrática”. Irídia, en colaboración con Òmnium, recurrirá la decisión de la Audiencia –que ha tardado un año en emitir una resolución al respecto–, argumentando que la gravedad de los hechos requiere una respuesta judicial que cumpla con los estándares internacionales de justicia transicional. Estos estándares establecen que es esencial abordar los crímenes del pasado a través del acceso a la justicia y la consecución de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Según Irídia, ninguno de estos derechos se está cumpliendo y los archivos de las querellas afectan directamente a las víctimas y a las personas represaliadas en su proceso de reparación, perpetuando así la impunidad.

En este caso, Irídia y Òmnium están estudiando vías internacionales para denunciar que los tribunales del Estado español siguen archivando sistemáticamente las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. Esto, a pesar de que, recientemente, la Fiscalía, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, se ha sumado a los argumentos de las acusaciones particulares. En el caso de la querella de Carles Vallejo, el Ministerio Fiscal se posicionó a favor de admitirla a trámite y señaló “la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”. También la Generalitat de Catalunya se personó como acusación popular en este caso.

La querella de Carles Vallejo es la primera del Estado español presentada tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (LMD), según la cual se debería “garantizar la tutela judicial en los procedimientos encaminados a la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados relacionados con las víctimas”. A pesar de que la LMD señala como fundamental el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas, todas las querellas presentadas en este marco legislativo han acabado archivadas, perpetuando así la impunidad de los crímenes del franquismo. Los hechos denunciados en la querella se ubican en la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana 43, centro de la represión franquista en Barcelona que, desde hace décadas, las entidades memorialistas y de derechos humanos exigen que se convierta en un centro de memoria e interpretación de la tortura.