[COMUNICADO Y ADHESIONES]

88 organizaciones muestran su apoyo a las cinco activistas que han denunciado la infiltración durante varios años en movimientos sociales y sindicales libertarios de Barcelona por parte de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. El agente utilizó las relaciones sexoafectivas como forma de iniciar y/o consolidar el vínculo de confianza con los movimientos, con el aval y cobertura del resto de la estructura policial. La actividad del policía se ha podido documentar entre mayo de 2020 y octubre de 2022, gracias a una investigación realizada por el medio de comunicación La Directa.

El 31 de enero de 2023 cinco de las activistas defensoras de derechos humanos y derechos sindicales afectadas iniciaron un procedimiento penal contra el agente de la policía por delitos de abusos sexuales continuados, de tortura o subsidiariamente contra la integridad moral, de descubrimiento y revelación de secretos y, finalmente, de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, entre el que destaca la vulneración de la libertad de asociación. La querella interpuesta, que también se dirige contra el superior jerárquico del agente, cuenta con el apoyo jurídico de Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo).
Ante la gravedad de los hechos expuestos, las entidades y colectivos firmantes quieren manifestar que:

1. En este caso, dicha operación policial se centra en una clara discriminación de género y responde a un doble objetivo. En primer lugar, conseguir información e incidir en la sociedad civil y el tejido asociativo de diferentes movimientos sociales y sindicales de Barcelona. En segundo lugar, castigar y señalar el hecho de ser una mujer vinculada en unos colectivos y luchas determinadas.
2. Utilizar las relaciones sexoafectivas con finalidad de espionaje estatal es resultado de la violencia policial e institucional sexualizada existente en el Estado español. En este caso, la violencia sexual se vincula con la violencia institucional porque las conductas y los hechos ocurridos fueron perpetrados por parte de un agente de la policía en ejercicio de sus funciones, con indicios de estar autorizados, avalados y permitidos por la estructura institucional a la que pertenece.
3. Este tipo de operaciones policiales son innecesarias e injustificables en cualquier Estado de derecho y democracia, ya que promueven la instauración de herramientas destinadas a la persecución de la disidencia política, las defensoras y defensores de derechos humanos, así como la reducción del espacio de la sociedad civil y su capacidad para organizarse.
4. Si bien sabemos que el espionaje estatal es una realidad en el Estado español (con el uso de programas como Pegasus y el conocimiento de otros dos policías infiltrados en Barcelona y Valencia, destapado por La Directa el 7 de junio de 2022), este caso supone un salto cualitativo en la implementación de estrategias policiales y represivas, por la afectación de los derechos individuales y colectivos y el impacto que genera en las personas directamente afectadas y en los propios movimientos.
5. Estos hechos no son un caso aislado. A pesar de que deberían ser un recurso excepcional y sometido a condiciones muy estrictas y determinadas, la infiltración de agentes de policía en los movimientos sociales y políticos es una práctica que también se ha utilizado en otros países. Es especialmente destacable el precedente en Inglaterra, en el que en 2021 el Investigatory Powers Tribunal concluyó que en el caso de Mark Kennedy, un agente encubierto que mantuvo relaciones con varias mujeres, una de ellas durante dos años, se habían vulnerado hasta 5 derechos fundamentales: la prohibición de la tortura y/o los tratos inhumanos y degradantes, la vida privada y familiar, la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión y la prohibición de la discriminación, por tratarse de una discriminación sexista.
6. Los hechos ocurridos ponen en evidencia que toda la ciudadanía y el tejido asociativo es susceptible de convertirse en víctima de este tipo de vulneraciones, tan arbitrarias como abusivas. De esta manera, el empleo de este tipo de operaciones produce un efecto intimidatorio en la ciudadanía y restringen, así como reducen, el espacio cívico. Tal como en Inglaterra, este caso debería promover el debate público sobre cuáles deberían ser los límites y el control de la policía en un estado de derecho y democrático.

Las organizaciones firmantes constatan que el Estado español ha traspasado todas las líneas rojas por lo que respecta a la vulneración de derechos fundamentales, llegando al extremo de utilizar la explotación de relaciones sexoafectivas con la finalidad de monitorear a la disidencia política. Por ello, se considera que es esencial exponer, nombrar, reconocer y señalar el empleo de este tipo de estrategias policiales, integradas en una política de Estado, así como esta forma específica de violencia de género, a fin de exigir verdad, justicia, reparación y, por encima de todo, que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Es importante recordar que el derecho internacional establece el deber de investigar de forma efectiva y exhaustiva como una doble exigencia para los Estados: para cumplir con las obligaciones de investigar y rendir cuentas en el caso individual de la víctima y, por otro lado, cumplir con sus obligaciones de diligencia para prevenir futuras violaciones, a la vez que actuar ante las agresiones más graves de los derechos humanos.
Asimismo, el Relator Especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, en su misión de seguimiento al Reino Unido en 2017, destacó que este tipo de operaciones pueden causar un daño profundo e irreparable “para las personas sobrevivientes y el bienestar de la población general con respecto al libre ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, dados el incremento de los niveles de desconfianza” derivados de la publicación del caso. El mismo apuntó que en estos casos “el daño solo se puede remediar de manera parcial a través de un proceso de rendición de cuentas real y transparente para las personas afectadas, a la vez que reparador.”

Por todo lo mencionado, las 88 organizaciones firmantes reclaman al Estado español que:

1. Asuma responsabilidades ante la seriedad de los hechos y responda a ellos con consecuencias para sus autores, sancionando estos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. Asimismo, que cumpla con su deber a dar explicaciones públicas sobre los hechos.
2. Cumpla con su obligación de realizar una investigación independiente, exhaustiva y efectiva, con el objetivo de dar a conocer el alcance de la operación y tomar las medidas necesarias para garantizar un proceso reparador y efectivo para las personas y movimientos afectados.
3. Cese inmediatamente cualquier otra operación policial de carácter similar y establezca las garantías necesarias para que no se vuelva a repetir.

Entitades adheridas:

1. Abolish Frontex
2. Alianza por la Justicia Global
3. Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá
4. Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Hounduras (ARCAH)
5. Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH)
6. Big Brother Watch
7. Bürgerrechte & Polizei / CILIP de Alemania
8. Calala Fondo Mujeres
9. Campaign Against Arms Trade
10. Campaña Defender la Libertad: Asunto de todxs
11. Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid – Stop the Wall
12. Centre Delàs d’Estudis per la Pau
13. Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) de México
14. Centro de Estudios Legales y Sociales CELS
15. Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH) de México
16. CGT, Confederació General del Trabajo
17. CIVICUS (formada por 4.000 organizaciones)
18. Civil Liberties Union for Europe – Liberties (conformada por 19 organizaciones)
19. Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina
20. Colectivo Insurrección Visual de México
21. Colectivo Reexistencia Creativa de México
22. Colombianas y Colombianos por la Paz
23. Comisión Multisectorial de Uruguay
24. Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO) de México
25. Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CODEM) de México
26. Comité de Justicia por Keyla Patricia Martínez de Honduras
27. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (DPDH)
28. Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA)
29. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) de Bolivia
30. CooperAcció
31. Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ de Venezuela
32. Defender a Quien Defiende (conformada por 9 organizaciones)
33. Derechos Humanos y Derecho Internacional Huminanitario de Colombia
34. Digital Freedom Fund
35. Digitalcourage de Alemania
36. End Deportations Belfast
37. EuroMed Rights (conformada por 60 organizaciones)
38. European Civic Forum (conformada por 49 organizaciones)
39. European Group For Studying Deviance and Social Control
40. FACQ Berlin
41. Fair Trials
42. Federación de Mujeres del CUSCO – Micaela Bastidas Puiucagua de Perú
43. Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH)
44. Frente de Pueblos en Defensa del Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural
Las Jarillas
45. Front Line Defenders
46. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) de Colombia
47. Gentium
48. Granada Visible
49. Grupo FIST Mujeres Migrantes Internacionalistas Solidarias en Zurich
50. Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
51. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)
52. Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) de México
53. Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans
54. LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global (conformada per 124 organizaciones)
55. Movimiento Alfa y Omega de Perú
56. Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela
57. Movimiento de Favelas de Rio Janeiro
58. Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores de Venezuela
59. Novact – Institut Internacional per l’Acció Noviolenta
60. Observatori DESC
61. Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU
62. Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza
63. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
64. Observatorio de la violencia policial en Chile
65. Observatorio de Paz de Colombia
66. Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas de Chile
67. ObsPol Observatoire des violences policières
68. OMCT – Organización Mundial Contra la Tortura (conformada por 200 organizaciones)
69. Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX)
70. Police Spies Out of Lives
71. Programa Compañeros de A.C. de Ciudad Juáles Chihuahua México
72. Radio Lora Zurich
73. Red de Colectivas La Araña Feminista de Venezuela
74. Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos
de Guatemala
75. Red Global contra la Violencia Policial (conformada por 20 organizaciones)
76. Red por la Defensa de la Infacia Mapuche
77. SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuelas de las Américas
78. Soldepaz – Pachakuti
79. StateWatch
80. Stop Represión Granada
81. Stop Wapenhandel (Dutch campaign against arms trade)
82. Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury de Colombia
83. Temblores
84. The Campaign Opposing Police Surveillance
85. The Network for Police Monitoring
86. The Undercover Research Group
87. Transnational Institute, The Netherlands
88. Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador