Una veintena de entidades sociales de los ámbitos de los derechos humanos, el antirracismo y la salud mental han presentado alegaciones al reglamento propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona que permitirá a la Guardia Urbana utilizar pistolas eléctricas (Dispositivos Conductores de Energía, DCE) una vez se apruebe en el Pleno.

Podéis leerlas aquí.

La acción tuvo lugar coincidiendo con el último día para presentar estas alegaciones, e incluyó una rueda de prensa a las 10 h frente al Ayuntamiento de Barcelona (Plaza Sant Jaume) y una representación simbólica de la entrega de los documentos en el registro municipal.

Las entidades denuncian:

• Que los DCE son armas potencialmente letales, con graves riesgos para la salud y los derechos humanos.

• Que el reglamento no incorpora las salvaguardas internacionales mínimas para evitar vulneraciones de derechos.

• Que no se ha realizado ninguna evaluación independiente ni se ha abierto un proceso participativo con la sociedad civil.

Con esta acción, las entidades recuerdan al gobierno municipal su obligación de proteger los derechos humanos y exigen que cualquier regulación sobre el uso de la fuerza policial cumpla con los estándares internacionales.

Durante el acto, las portavoces de las entidades hicieron énfasis en los riesgos de los DCE y la falta de garantías en el reglamento propuesto:

Irene Urango (Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos):

“Denunciamos que tal como está planteado ahora, es un reglamento que podría dar cobertura legal a graves vulneraciones de derechos humanos.”
“Esta es la última oportunidad para que el Ayuntamiento incorpore garantías de protección de los derechos humanos.”

Júlia Pérez (Amnistía Internacional Cataluña):

“Consideramos que el reglamento no se ajusta a los estándares internacionales y no limita suficientemente los usos, permitiendo su aplicación en supuestos demasiado amplios.”

“Es necesario que se publique toda la información sobre este tema para que la ciudadanía conozca la legislación y los posibles efectos físicos y psicológicos.”

Ivan Cano (Salud Mental Cataluña):

“Denunciamos la contradicción que supone, desde el ámbito de la administración local, impulsar un plan de salud mental mientras se mantiene una política que acompaña la salud con violencia y prejuicios.”

“Reivindicamos servicios y recursos reales para la salud mental, y recordamos que el uso del taser está completamente contraindicado en estos contextos; Barcelona, pionera con su plan de salud mental, debe continuar siendo un referente.”

Kaire Ba (Sos Racisme Cataluña):

“La vigilancia policial recae de manera desproporcionada sobre personas racializadas y habitantes de barrios periféricos; el uso de nuevas tecnologías como el taser solo agravará esta desigualdad.”

“Estas prácticas tienen un impacto directo en la salud mental de las personas no blancas, que no pueden ocupar el espacio público con libertad por miedo a ser detenidas de manera arbitraria.”