Hoy es 15 de junio de 2023, 15J: Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Un año más, desde la sociedad civil reiteramos nuestro rechazo permanente a la privación de libertad de personas extranjeras por no encontrarse en situación administrativa regular en el territorio español. Lejos de ser una fecha conmemorativa, es una jornada de protesta en la que exigimos el cierre inmediato y definitivo de todos los CIE del Estado, actualmente situados en Algeciras, Barcelona, Fuerteventura, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia, y nos oponemos firmemente a la próxima apertura de un nuevo CIE en Algeciras. Este nuevo CIE, que se pretende vender como una mejora en la gestión y como progreso para la región, es todo lo contrario: un nuevo agujero en nuestro Estado de Derecho que representa la peor cara del racismo institucional y que, con su mera existencia, fomenta los ataques a la población de origen migrante, tanto si está en situación irregular como si no, especialmente a aquellas más vulnerables (clases trabajadoras, colectivos minoritarios o mujeres), ya que toda ella se encuentra afectada por los estereotipos criminalizadores en los que se apalanca una gestión de fronteras basada en el encierro y la deportación.

Como cada vez que va a abrir un CIE, el Estado español se empeña en esconder su verdadera esencia tras palabras vacías de contenido, como si estuviera desvinculado de los CIE que ya están operativos; en esta ocasión, el CIE de Algeciras se plantea engañosamente a la ciudadanía como una infraestructura paradigmática de la seguridad, la habitabilidad, el confort y la salubridad en un entorno alejado de los estándares carcelarios y con garantía de respeto a la dignidad y los derechos humanos. Sin embargo, desgraciadamente la realidad de los CIE sí está llena de contenido, un contenido conformado por la vulneración sistemática de los derechos de las personas internas, los recurrentes abusos policiales, una asistencia sanitaria muy deficiente, la obstaculización para la solicitud de protección internacional, los deficientes o inexistentes servicios de orientación jurídica, la ausencia de la aplicación de la perspectiva de género o la falta de investigación generalizada de cuantas irregularidades suceden tras sus muros. No nos dejemos engañar, los hechos desmontan los discursos vacíos: la aparición en escena del nuevo CIE no ha sido acompañada por ninguna actuación que indique cambio alguno en las vulneraciones de derechos que provoca actualmente el internamiento de personas extranjeras y el único elemento que podemos contrastar hasta el momento para analizar la veracidad del planteamiento del nuevo CIE de Algeciras es su ubicación; al hacerlo, comprobamos que -como todos los demás- forma parte de un complejo evidentemente penitenciario, que en este caso también integran el CIS Manuel Montesinos y el centro penitenciario Botafuegos. Así pues, no existe ningún indicio de que este CIE vaya a ser diferente a los otros en ningún aspecto, solo nuevo. Por si esto fuera poco, ante las denuncias de la sociedad civil, la contraargumentación de las autoridades se tiñe de elementos que apuntalan aún más el racismo institucional y añade leña al fuego de un racismo social que es crucial reconocer para poder combatirlo. En lugar de aceptar y enfrentar la necesidad de deconstrucción del racismo imperante en nuestra sociedad a todos los niveles, el Ministerio del Interior decide apostar por la construcción de un nuevo dispositivo racista: el CIE de Algeciras, para el que ha asignado una dotación presupuestaria que asciende a 33.627.378 euros y cuyas obras está previsto que finalicen a finales de este año. Localmente, se ha querido vender como una inversión que llevará dinero y puestos de trabajo a un área deprimida y con un alto nivel de paro, como es el Campo de Gibraltar. Nada más lejos de la realidad: mientras que el impacto económico en la región será mínimo, el discurso criminalizador para las personas que serán internadas puede tener efectos muy negativos en la convivencia, fomentando estereotipos racistas hacia las personas migrantes y una interesada confusión entre delincuencia y situación irregular que dificulta la convivencia entre comunidades.

Los CIE son cárceles racistas en las que se encierra a personas extranjeras “por no tener papeles”, no por la comisión de delitos, y constituyen espacios torturadores incompatibles con el Estado de Derecho. Por eso, desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones no queremos ningún CIE, ni nuevo ni viejo, ni en Algeciras ni en ningún otro lugar, y llamamos a todas aquellas personas y colectivos antirracistas y que defienden los derechos humanos, a unirse a este día de protesta para que la existencia de estos agujeros negros que son los centros de internamiento de extranjeros no se normalice como un elemento inevitable de nuestro sistema.

Los CIE, ni nuevos ni renovados: cerrados.