Organizaciones de derechos humanos y víctimas presentamos una campaña para lograr la prohibición estatal de las balas de goma Organizaciones de derechos humanos y víctimas presentamos una campaña para lograr la prohibición estatal de las balas de goma

Organizaciones de derechos humanos y víctimas presentamos una campaña para lograr la prohibición estatal de las balas de goma

Foto: Edgar Celada

INFORME

RESUMEN EJECUTIVO

“Desde el año 2000 ha fallecido una persona por el impacto directo de una bala de goma, 11 han perdido la visión de un ojo. Además 14 personas fallecieron en la playa del Tarajal ahogadas mientras la Guardia Civil lanzaba 145 balas de goma hacia personas que nadaban”.

 

[APOYA LA PROHIBICIÓN DE LAS BALAS DE GOMA]

Madrid, 16 de junio de 2021. Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa un informe elaborado por las organizaciones de defensa de derechos humanos Irídia y Novact  que plantea la necesidad de comprender y exponer los impactos que ha generado el uso de las balas de goma en el Estado español en los últimos veinte años. Para ello se recoge la experiencia y la lucha de organizaciones de víctimas (como Stop Bales de Goma y Ojo con tu Ojo), así como la voz de personas expertas y organizaciones nacionales e internacionales. La investigación se ha topado con la dificultad de acceder a información de los mecanismos públicos de consulta del Estado español: las autoridades han aludido cuestiones de seguridad nacional y pública. 

Asimismo, varias personas que han perdido la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma han presentado la creación de una Asociación estatal para dar apoyo a otras víctimas 

Desde el año 2000, y hasta el último caso conocido de afectación grave en 2017, se contabiliza que las balas de goma han dejado, al menos, 1 persona muerta por impacto directo y 11 han perdido la visión de un ojo. Además 14 personas murieron ahogadas cuando buscaban alcanzar a nado las costas del Tarajal (Ceuta), en 2014, mientras la Guardia Civil realizaba disparos de balas de goma.

La normativa de la ONU prohíbe disparar a la cabeza, el cuello, el pecho y la ingle. Sin embargo, más de la mitad de las víctimas documentadas en el Estado español en esta investigación, 18 personas (el 69 %), recibieron impactos en la zona de la cabeza y 5 en el tronco. En estos casos el perímetro ocular fue la zona más afectada, con 13 de 18 casos. De estos, 7 terminaron con una mutilación del globo ocular y 4 con pérdidas de visión. A las lesiones físicas hay que sumarles las psicológicas y las repercusiones sociales.

En ninguno de los 40 casos identificados entre el 2000 y el 2020 se ha condenado al autor material del disparo. Solo en un caso, el de Iñigo Cabacas, se condenó a un mando de la Ertzaintza por un delito de homicidio cometido por imprudencia grave, por no detener la carga policial. En el caso de Roger Español a pesar de tener individualizado al agente y el momento del disparo, ni los mandos, ni los agentes presentes, ni el Cuerpo Nacional de Policía identificaron al autor. Esta es una dinámica recurrente en casos de violencia policial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atención al Estado español en 13 ocasiones por no investigar denuncias de malos tratos policiales. 

En la actualidad los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tienen permitido el uso de balas de goma en todo el Estado español. La normativa que regula los medios utilizados por las FCSE no es pública, por lo que no se puede determinar si cumple con los estándares internacionales. Por otro lado, su uso está prohibido en Navarra, Euskadi y Cataluña. 

El objetivo de este informe es contribuir al debate público, exponiendo que se trata de un arma imprevisible y con gran potencial lesivo. Las balas de goma se disparan a 144 julios, por loque son potencialmente letales y pueden producir lesiones graves. Por ello no cumplen con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza. 

Se recomienda su prohibición al Gobierno del Estado español y se pide al Ministerio Fiscal la creación de una Fiscalía especializada en violencia institucional que supervise todos los procesos que estén relacionados con la misma, incluidos los casos de balas de goma y otros proyectiles de impacto de energía cinética (PIEC).