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Entre las vulneraciones de derechos identificadas destacan la discriminación en el acceso a derechos, la falta de garantías procesales y la excepción permanente en la aplicación de las normas en las fronteras del Estado español. La discriminación en el acceso a la movilidad internacional, la falta de vías legales y la respuesta improvisada y deficiente de las instituciones han generado la creación de espacios de vulneración reiterada de derechos en la recepción de las personas una vez desembarcan en tierra, durante la detención en los CATE y en los CIE así como en los dispositivos de emergencia creados en el Plan Canarias. El informe, que forma parte de un mecanismo de monitoreo de derechos permanente que ambas entidades han iniciado en febrero de 2022, ha sido suscrito por un total de 16 organizaciones entre las cuales Oxfam Intermón, Médicos del Mundo, la Asociación Atlas de Gran Canaria, el Secretariado Diocesano de Migraciones, la Red de Acción e Investigación Social o la red Aquí Estamos Migrando.

Los espacios destinados a la detención de las personas migrantes tras su llegada por vías no regulares durante un tiempo máximo de 72 horas, los llamados CATE, no cuentan con una regulación específica a pesar de haber sido señalado en reiteradas ocasiones por el Defensor del Pueblo. La falta de seguridad jurídica facilita la vulneración de derechos en estos espacios. Concretamente, se ha constatado en diferentes ocasiones desde agosto de 2020 la superación de las 72h máximas de detención establecidas por ley. Asimismo, se han señalado las deficientes condiciones de privación de libertad, las dificultades en el acceso a la información y dificultades en el acceso al derecho de asilo y a la asistencia letrada. 

De hecho, el pasado mes de noviembre el Defensor del Pueblo pidió el cierre del CATE de Lanzarote, conocido como “nave de la vergüenza”. Se trataba de una antigua nave para autobuses que se reconvirtió de manera urgente y con muy poca inversión en un centro de privación de libertad de personas recién desembarcadas. El Defensor alegaba que este espacio no cumplía “con las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad para garantizar la protección de la salud, higiene e intimidad de los detenidos, ni unos estándares dignos para llevar a cabo su detención durante 72 horas”. Dicho CATE fue cerrado y desde finales de febrero de 2022 se ha abierto un nuevo CATE en las inmediaciones de la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife en el que, como pasó durante meses en Barranco Seco, las personas duermen en tiendas con infraestructuras precarias. El Ministerio de Interior denegó la visita del equipo de investigación a las instalaciones de dicho CATE así como al de Barranco SECO en Canarias. Las entidades identifican una tendencia a repetir la vulneración de derechos a las personas privadas de libertad en los CATE donde el Defensor señala las deficiencias existentes y la vulneración de derechos. Es inconcebible que existan espacios de privación de libertad que no estén regulados de manera adecuada a los estándares internacionales en la materia.

Los CIE también son espacios donde se ha detectado una vulneración constante en el acceso a derechos. Se han detectado casos de privación de libertad en CIE en base a órdenes de devolución caducadas a pesar de que la Audiencia de Las Palmas y la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife fallaron en abril y marzo de 2021, respectivamente, que la validez de un expediente de devolución vence si no se ejecuta en un plazo de 72 horas de la detención tras la llegada o tras los 60 días de internamiento en CIE, siempre que se produzcan de manera consecutiva a la dicha detención de 72h inicial. El equipo de investigación pudo documentar el caso de dos personas privadas de libertad en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, con dicha casuística. La subdelegación del Gobierno en Canarias y la Policía Nacional, por tanto, están actuando al margen de la Jurisprudencia de los tribunales en la materia, afectando de manera clara el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas. Además, se ha constatado que en un caso reciente se produjo una obstaculización del derecho a la defensa debido a la aceleración del procedimiento y la negativa a que una persona detenida pudiera entrevistarse con una abogada particular.

También se han detectado casos en los que se están produciendo detenciones en materia de extranjería e interposición de órdenes de expulsión, internamiento en CIE y deportación de personas que acudían a comisaría para obtener información acerca de su solicitud de protección internacional, lo cual supone una grave vulneración del derecho al asilo. El derecho a la libertad deambulatoria también se ha visto vulnerado a través de las identificaciones por perfilamiento étnico-racial, que son una práctica habitual, especialmente en puertos y aeropuertos.

Por otro lado, es especialmente preocupante la situación de los y las menores que migran no acompañados o acompañadas. Los dispositivos de emergencia para menores extranjeros están funcionando como centros de protección estables, y varias expertas en la materia han indicado fuertes vulneraciones de derechos humanos que incluyen situaciones de maltrato físico y psicológico. Asimismo, un centro se cerró tras abrirse una investigación penal por presuntos abusos sexuales.Por último, se ha detectado preocupación acerca de la criminalización de personas migrantes a través de la imposición de penas de prisión por delitos de tráfico de personas por hechos tan fortuitos como sostener el timón o el GPS en una patera o cayuco. Desde agosto de 2020 el número de personas privadas de libertad en prisiones por dicha causa ha aumentado exponencialmente, hecho que genera especial preocupación en organizaciones locales de protección de derechos.

La falta de vías legales y seguras a través de las cuales llegar a territorio español y europeo tiene consecuencias muy graves. Solo en 2021, según Caminando Fronteras, 4.016 personas fallecieron en 124 naufragios tratando de alcanzar las costas canarias. No existe ningún registro ni canal público a través del cual los familiares de personas desaparecidas puedan pedir información ni denunciar los hechos. Tampoco se prioriza su identificación, ya que muchas veces son enterrados en fosas comunes o en nichos sin nombre.

Es urgente que se implementen mejoras que permitan garantizar los derechos humanos y eviten que se sigan llevando a cabo vulneraciones de derechos hacia las personas migrantes que llegan a Europa a través de la Frontera Sur del Estado español contraviniendo la normativa y jurisprudencia estatal e internacional.