Racismo institucional, fronteras y política migratoria

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El informe “Vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur del Estado español 2021-2022 – Racismo institucional, fronteras y política migratoria”, elaborado bajo la coordinación de Irídia y Novact y que ha contado con la colaboración de más de una decena de organizaciones, presenta un análisis cualitativo de las distintas vulneraciones de derechos detectadas en la Frontera Sur española y norteafricana. Su objetivo es que sirva para aportar un mayor conocimiento de la situación, que conduzca a cambios y guíe a entidades e instituciones a nivel internacional a la hora de entender las dinámicas complejas de vulneración de derechos vigentes en este punto. Cabe destacar que se han encontrado graves obstáculos para su elaboración, ya que la información oficial pública sobre las entradas irregulares es escasa y los datos oficiales están fragmentados y son incompletos.

El documento recoge las principales vulneraciones de derechos de las personas migrantes que entraron por vías irregulares al Estado español durante los años 2021 y 2022, prestando especial atención a la situación en Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares, Andalucía y Murcia, así como a Marruecos. Se basa en un monitoreo de vulneraciones de DDHH que se ha llevado a cabo a través del trabajo en red de distintas entidades sobre el terreno. La piedra angular de estas vulneraciones de derechos es la falta de vías legales y seguras de entrada a Europa, originada por la imposibilidad de pedir asilo en puestos fronterizos o conseguir visados en los países de origen. Esto provoca que las personas se desplacen por rutas marítimas peligrosas (y mortíferas) o que emprendan caminos largos atravesando distintos países, para finalmente tratar de acceder a territorio español atravesando las vallas de Ceuta y Melilla (los conocidos “saltos a la valla”). En este punto, especialmente crítico, se enfrentan a situaciones de represión violenta que en muchos casos acaban con devoluciones en caliente o internamientos en centros de estancia temporal en que también se detectan distintas vulneraciones de derechos, así como malas condiciones de vida.

Para entender la situación actual en la Frontera Sur es imprescindible fijarse en el paradigma de la masacre de Melilla del pasado 24 de junio, los hechos del 24J; cuya investigación fue archivada por la Fiscalía hace unos meses sin siquiera practicar diligencias suficientes para esclarecer los sucesos de ese día. La muerte de al menos 40 personas, la desaparición de cerca de 80, la devolución en caliente sin garantías de otras 470, sumadas a las varias decenas de personas heridas que intentaron acceder a la ciudad autónoma de Melilla el 24J configuran, sin duda, la violación de derechos humanos más grave en la que se ha visto envuelto el Estado español en la última década, así como la mayor tragedia en número de muertes en una frontera terrestre de la Unión Europea. La magnitud del suceso contrasta, sin embargo, con las respuestas institucionales española, marroquí y europea, que en ninguno de los casos han llevado a cabo investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes.

La actuación de los cuerpos policiales se basó en la contención de las personas, sin centrar la atención en ningún momento en tratar de rescatar a las personas que estaban en situación de peligro, primero, y riesgo de muerte después. Las graves consecuencias del operativo policial coordinado entre ambas fuerzas de seguridad podrían llegar a ser constitutivas de delitos de lesiones, contra la integridad moral, prevaricación, omisión del deber de socorro o, incluso, homicidio imprudente y deben ser investigadas por un juzgado de instrucción. Hasta el momento no consta que se haya abierto ninguna investigación judicial al respecto. La investigación abierta por el Ministerio Fiscal se ha cerrado sin que, ante la existencia de indicios delictivos, se haya dirigido al Juzgado de Instrucción de Melilla.

Esta forma de actuar tiene conexión directa con las dificultades de acceso de las personas migrantes para solicitar asilo. Existe una gran dificultad para las personas que se encuentran en Marruecos de acercarse a los puestos fronterizos para poder solicitar asilo, en particular para las personas negras. Por tanto, “no hay un acceso genuino y efectivo al asilo en la frontera, a menos que se ponga en riesgo la vida, nadando o saltando la valla,” como señaló en su última visita la Comisaria de DDHH del Consejo de Europa. Incluso si las personas consiguen acceder al Estado español por una de estas vías, existen posibilidades de que sean devueltas en caliente, en lugar de analizarse individualmente sus casos para determinar si son potenciales solicitantes de asilo o si pertenecen a grupos sensibles (mujeres y niños, niñas y adolescentes, personas con algún problema de salud, personas que podrían tener estatus de refugiadas, etc.), como se vio el mismo 24J o tras los saltos a la valla de Melilla de marzo de 2022.

Como ejemplifica este caso, la violación de DDHH y la muerte en las fronteras se han convertido en características fundamentales en el control migratorio. En el Estado español no se observa una voluntad política de investigar y de facilitar el acceso a la información; se dan niveles intolerables de impunidad y de excepcionalidad ante las graves vulneraciones de derechos en la frontera. Además, la política migratoria de la UE ha intensificado la externalización y la lógica de contención en las fronteras exteriores, creando zonas donde las personas quedan prácticamente inmovilizadas o se ven obligadas a ralentizar su movimiento.

En el caso del Estado español estos incluyen Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y otros centros de migraciones. La opacidad y la burocracia rigen estos espacios, y hacen muy complicado para las personas migrantes saber quiénes son sus abogados/as, cuanto tiempo permanecerán allí, si serán deportadas o cómo comunicarse con sus familiares. Además, las personas migrantes se enfrentan, incluso durante años, a condiciones indignas y a altos niveles de incertidumbre, que tienen un fuerte impacto en su salud física y psicológica. Cabe resaltar ejemplos como los del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se mantuvo a más de 2.000 personas hacinadas durante más de 72 horas (el límite legal), en una suerte de CATE improvisado sin ninguna infraestructura; o el de la “nave de la verguenza” en Lanzarote, situada en una antigua nave industrial destinada a guardar autobuses, que fue clausurada tras repetidas denuncias de insalubridad.

Por ello, las organizaciones de DDHH y el Defensor del Pueblo han señalado en reiteradas ocasiones que estos centros, especialmente los CATE, son espacios de vulneración de derechos: se dan deficiencias en instalaciones, sobreocupación y celdas inapropiadas para la acogida. Además, el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 2021 señaló que “la detención de inmigrantes debería ser excepcional, proporcionada” y que “sólo debería ser un último recurso, tras un examen detenido e individual de cada caso”, añadiendo que “los rescatados en el mar o detenidos en la costa precisan de una atención específica y diferenciada”.

Por otro lado, la tecnificación de la Frontera Sur española es ya una parte central de la fortificación exterior de la UE, con sistemas de videovigilancia sofisticados, inteligencia artificial y tecnología biométrica para cerrar el paso a la migración.Esto fomenta también cambios forzados en los itinerarios hacia rutas más peligrosas y costosas en términos económicos y de vidas. El proceso de automatización, tal como ha analizado el Observatori de Drets Humans i Empresa (ODHE), supone un negocio millonario; con una inversión de más de 100 millones de euros que ha beneficiado a una veintena de empresas, muchas de ellas presentes en la industria del armamento y la guerra. Destacan especialmente Indra, Dragados (ACS) y Ferrovial. La UE apuesta por el despliegue de controles de reconocimiento facial de quienes atraviesen la frontera, junto a un sistema que calculará automáticamente el tiempo de estancia para facilitar la expulsión cuando éste se haya agotado y cuya información estará compartida entre Frontex y los cuerpos policiales.

También es imprescindible para comprender el porqué de la alta mortalidad en la Frontera Sur fijarse en las rutas marítimas que unen el continente africano y el Estado español. En 2021 y 2022 la ruta canaria ha sido la ruta de acceso a territorio español más mortífera; seguidade la ruta de Levante. Cabe tener en cuenta también el aumento de llegadas por la ruta del Mediterráneo Occidental, que recoge las rutas del Estrecho y de Alborán, que parten de las costas de Marruecos y Argelia y llegan a Andalucía. El férreo control migratorio de la zona ha obligado a las personas que emprenden el trayecto migratorio hacia el Estado español a través de estas rutas a salir desde puntos cada vez más alejados de la península, aumentando la distancia y por tanto la peligrosidad del trayecto.

Por otro lado, una vez en Canarias, las Baleares o en la península, las personas que no son derivadas al hospital son detenidas y trasladadas a los CATE desde el muelle en que hayan desembarcado. Por tanto, una vez superadas las rutas, continúan las dificultades y vulneraciones de derechos durante el proceso migratorio. Además, se estarían realizando interrogatorios sin asistencia letrada a las personas recién llegadas detenidas a los centros con el pretexto de obtener información sobre el tráfico ilícito de personas, trata de seres humanos y terrorismo por parte de funcionarios de la Policía Nacional y agentes de Frontex. Esto forma parte de un contexto en que se están criminalizando las migraciones.

Todo este entramado de rutas peligrosas, estancias en centros de migraciones, etc., tiene consecuencias en las personas a nivel psicosocial. El centro SIRA apunta que la acogida en la FS española se ha configurado como un entorno de tratos inhumanos, crueles o degradantes, que conllevan sufrimiento psicológico, con reacciones muy frecuentes de apatía y desmotivación, rabia, desesperanza, miedo y, en al menos una de cada cuatro personas, autolesiones o ideas de suicidio. Por ello, es necesario ofrecer mayor claridad y flexibilidad en los procesos de acogida, entender el impacto que provocan los procesos migratorios e impulsar recursos de rehabilitación para reparar el daño, garantizar derechos básicos y trabajar en la construcción de un imaginario y narrativa social humanista e inclusiva.

A estas demandas se suman las de las entidades de derechos humanos, que se concretan en medidas para elevar los estándares de protección de derechos en la frontera a nivel político y legal. En primer lugar, se solicita la derogación de la Ley de Extranjería, por su carácter discriminatorio y poco garantista de los derechos de las personas migrantes, al tiempo que se propone la implementación de una ley específica contra el racismo y la no discriminación. Así mismo, se pide que desaparezca definitivamente la figura de las devoluciones en caliente, abalada por la actual Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), pese a la jurisprudencia de organismos estatales, como el TC, e internacionales, como el TEDH, en su contra. Ante el aumento de tecnificación de las fronteras y del uso de Inteligencia Artificial en las mismas, se señala también la necesidad de limitar el uso de sistemas de vigilancia biométricos e implementar marcos normativos de protección de derechos. En definitiva, se reclama a las instituciones competentes que garanticen el derecho de las personas a desplazarse y que respeten sus derechos en todo momento, a través de la correcta acogida o la debida asistencia letrada cuando sea requerida.

Para terminar, regresando al caso concreto y paradójico del 24J, urge que el Estado cumpla con su deber de investigar y rendir cuentas ante unos hechos tan graves. En
cualquier caso, de vulneración de derechos humanos y/o empleo de la violencia en la Frontera Sur deberían llevarse a cabo investigaciones eficientes y diligentes, con el objetivo de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y garantizar a las personas afectadas y sus familiares su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no-repetición. Además, este episodio pone sobre la mesa la necesidad de replantear el sentido de las actuaciones policiales en frontera, que deberían tener por objetivo la garantía de derechos y no la represión de las migraciones; y en ningún caso deberían emplear el uso de la fuerza de forma desproporcionada y/o innecesaria.

Organizaciones colaboradoras: Algeciras Acoge, APDHA, Aquí Estamos Tenerife, Asociación Elín, Coordinadora de Barrios, Geum Dudou, M.D.L.R, No Name Kitchen, Oxfam Intermón, Plataforma CIEs no Algeciras, Programa Ödos (Fundación EMET), Proyecto Frontera Sur, Red de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote, Red Interlavapies, Servicio Jesuita a Migrantes, SIR[a], Solidary Wheels, Valiente Bangla