• Según el último informe del Consejo de Europa, el Estado español se encuentra entre los países con la cifra más elevada de personas presas mayores de 65 años de toda Europa.

8 de abril de 2020. En un comunicado publicado esta mañana distintas organizaciones sociales han denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) “aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa”. Si bien estos organismos internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las personas presas, hasta ahora, advierten desde las distintas organizaciones, “la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la SGIP, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo”.

Por otra parte, recuerdan que la semana pasada el Defensor del Pueblo Español (DPE) emitió un comunicado en el que recomendaba al Ministerio del Interior “llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación” en relación con las recomendaciones emitidas por los organismo internacionales. Sin embargo, aunque estas organizaciones celebran que después de haber presentado varias quejas “por fin se haya pronunciado el DPE sobre la situación en las prisiones”, consideran que las recomendaciones emitidas son “muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa”.

Así, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, apuntan que el Síndic de Greuges catalán emitió el mismo día que el DPE una declaración pública en la que recomendaba a las instituciones penitenciarias “la agilización de las actuaciones para excarcelar (…) al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2”. Se trata, según las organizaciones que firman el comunicado, “de una declaración mucho más acorde con los estándares y recomendaciones realizadas por la OMS y el Consejo de Europa”. En este sentido, recuerdan que el Estado español es, según los últimos datos del Consejo de Europa, “uno de los Estados europeos con el mayor número de personas mayores de 50 años (20% de la población total) y mayores de 65 años (2,5%)”.

Sin embargo, tal y como denuncian, “Instituciones Penitenciarias ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones”. En este sentido, además del escaso uso que se ha realizado de los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario -en sus artículos 100.2 y 86.4-, denuncian que “apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Así, critican que en esta materia la principal y única medida adoptada por la SGIP ha sido repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas. “En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”.

Por todo ello, las organizaciones insisten en que es necesario “adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad”. En este sentido, tal y como solicitaron al Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo, es “esencial reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión al mismo tiempo que activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria”. Por último, solicitan que “se deben garantizar de forma efectiva canales alternativos de comunicación entre las personas presas y sus familias”.

Organizaciones

Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia

Associació Memòria Contra la Tortura

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Movimiento Antirrepresivo de Madrid

Solidarios de la sanidad

Coordinadora de Barrios

Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

Obra Social Madrid Tetuán

Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos

Asociación Apoyo

Colectivo Cassandra

Salhaketa Nafarroa

Oteando – Observatorio para la defensa de las libertades

Red Jurídica

CAMPA

ALAZ

Movimiento Feminista de Murcia

Asamblea contra el CIE de Aluche

OMV Obra Mercedaria Valencia

Colectivo Pronoia

Colectivo Anticarcelario La Corda

Grupo de apoyo a presxs

CNT-AIT Granada

Juventudes Libertarias de Jaén

CGT Región de Murcia

Osabideak

Salhaketa Araba

Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense (CAXPOU)

Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense

Comisión Legal Sol

Colectivo Anticarcelario Todo Puede Caer

Stop Represión Granada

CNT-AIT Tarragona

EsCULcA – Observatorio dereitos e liberdades

Rights International Spain (RIS)

Anticapitalistas Aragón

Derechos Civiles 15M Zaragoza

Comisión Penal ALA

Marcha contra la macrocárcel de Zuera

Oficina de Dereitos Sociais – Coia

Sare Herritararra – Red ciudadana Sare

Etxerat

Grupo Juristas por los Derechos Humanos en Andalucía, 17 de marzo

CGT Estatal

FUIG – Grup de Suport a Persones Preses

Altsasu Gurasoak

Familias frente a la crueldad carcelaria

Fundación Gaztelan

IACTA Cooperativa d’advocades

Puyalón de Cuchas

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Salhaketa Bizkaia

CGT Aragón – La Rioja

Colectivo anticarcelario Fuera del Orden

Grup de Suport Amadeu

HENAS

Centro Social Autogestionado Librería La Libre

Distribuidora Anarquista Polaris

SOS Racismo Nafarroa

Pastoral Penitenciaria de Navarra

Madres contra la Represión

Ateneo Libertario Xosé Tarrío

Familias de presxs en Catalunya

Comité Isabel Aparicio

Socorro Rojo Internacional (SRI)

Coordinadora Fran Molero

CNT-AIT Catalunya

Eraikiz Kolektiboa