• Irídia, Novact, Algorace y la Oficina Europea de Amnistía Internacional han celebrado hoy una rueda de prensa para analizar los impactos del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), cuya entrada en aplicación es inminente, y del nuevo reglamento europeo de deportación, actualmente en tramitación.

Las entidades convocantes han alertado de un conjunto de riesgos graves para los derechos humanos derivados de la nueva normativa europea, entre los que destacan el aumento de los internamientos y las deportaciones, la generalización del perfilamiento racial, el uso de inteligencia artificial en el control migratorio y las restricciones en el acceso al derecho de asilo. Han denunciado, además, la falta de transparencia de las instituciones españolas en los planes de implementación de la normativa.

Maite Daniela Lo Coco, referente de políticas migratorias y frontera de Irídia, ha alertado de que la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y el nuevo reglamento europeo de deportación supondrán un retroceso en derechos humanos y un aumento de las detenciones, deportaciones y mecanismos de vigilancia sobre las personas migrantes.

También ha denunciado la falta de transparencia en la implementación del Pacto y ha advertido de los impactos que tendrá sobre las personas migrantes y racializadas, especialmente por el aumento del perfilamiento racial y la recopilación sistemática de datos biométricos e imágenes faciales en frontera.

Clara Calderó, de Novact, ha criticado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo no aborde la creación de vías legales y seguras de entrada y que, en cambio, se centre casi exclusivamente en las llegadas por vías irregulares, reforzando una visión securitaria y criminalizadora de la migración.

También ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno español en los planes de implementación del Pacto y ha reclamado mecanismos independientes de monitoreo de los derechos humanos en frontera, con participación efectiva de la sociedad civil.

Olivia Sundberg, de Amnistía Internacional, ha denunciado que, más allá del Pacto Europeo de Migración y Asilo, varios Estados miembros han impulsado nuevas demandas para endurecer aún más las políticas migratorias, incluyendo la externalización del control migratorio, la creación de centros de retorno fuera de la UE y el aumento de medidas para prevenir las llegadas.

Ha señalado que, ya al día siguiente del acuerdo del Pacto en mayo de 2024, 15 Estados miembros pidieron a la Comisión Europea “soluciones innovadoras” para reforzar estas líneas, evidenciando un giro político hacia la contención y la externalización.

También ha advertido de que el Reglamento de Retorno en tramitación, sobre el que se prevé un acuerdo este lunes 1 de junio, amplía el uso de la detención migratoria e introduce medidas coercitivas y punitivas para intensificar las deportaciones.

Ha criticado que la propuesta se ha tramitado de forma acelerada, sin evaluación de impacto y en un contexto de opacidad, y ha recordado que ha recibido oposición de más de 250 organizaciones de la sociedad civil y de expertos de Naciones Unidas.

Entre las medidas señaladas como más preocupantes están la ampliación de la detención migratoria hasta dos años, la posible detención de menores, requisitos de “cooperación” que pueden derivar en sanciones y el uso de conceptos amplios como “seguridad” u “orden público”.

También ha alertado de la creación de centros de retorno en terceros países, con riesgos de detención arbitraria y vulneraciones de derechos humanos, y ha advertido de una tendencia creciente hacia políticas migratorias más restrictivas y punitivas.

Youssef M. Ouled, de Algorace, ha denunciado que el perfilamiento racial sigue siendo una práctica estructural en el sistema policial, que convierte en sospechosas a las personas por su origen o color de piel y que está provocando identificaciones, detenciones e intentos de expulsión incluso en el marco de procesos de regularización.

Ha advertido de que esta realidad, ampliamente documentada por organizaciones y organismos internacionales, tiene un impacto directo en los derechos, la salud e incluso la vida de las personas racializadas, y que a menudo es negada o minimizada por las instituciones.

También ha señalado que la vigilancia policial genera grandes volúmenes de datos que se están utilizando para entrenar sistemas de inteligencia artificial y algoritmos de predicción del crimen, reforzando la hipervigilancia de determinados barrios y consolidando dinámicas de criminalización racial.

En este sentido, ha alertado de que el desarrollo tecnológico en el ámbito migratorio se está orientando hacia la militarización de fronteras y la externalización del control migratorio, en lugar de garantizar vías legales y seguras.

En definitiva, las entidades han reclamado el fin del perfilamiento racial, la garantía de los derechos humanos en todas las políticas migratorias y la creación de mecanismos independientes de control y transparencia en la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

• Rueda de prensa en el canal de YouTube de Irídia: aquí.