Exigimos el respeto de los derechos humanos en las fronteras
Las fronteras se han convertido en espacios de vulneración de derechos humanos de las personas migrantes. Esto es así a nivel internacional y europeo, donde el contexto político ha impulsado cambios legislativos que intensifican el control, las restricciones y la criminalización mientras restringen el derecho de asilo. Concretamente, a nivel europeo el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) junto con las propuestas para un sistema común de retorno auguran tiempos difíciles para los derechos de las personas en movimiento.
Estas restricciones están dirigidas a las poblaciones procedentes de países con una historia de dominación colonial. El aumento del control migratorios, se asienta sobre una estructura racista y colonial que ha convertido las fronteras en espacios securitizados donde, en muchas ocasiones, no se garantiza la protección de los derechos fundamentales.
Además, la vulneración de derechos en las fronteras se enmarca en un contexto de impunidad y de falta de acceso a la justicia. Para las personas afectadas, denunciar la violencia y la falta de acceso a la justicia se ha convertido en una tarea muy complicada, casi imposible.
En el Estado español, en los últimos años hemos sido testigos de graves vulneraciones de derechos fundamentales en las fronteras: la violencia policial en marzo de 2022 que provocó la pérdida de un ojo a un adolescente refugiado procedente de Mali; la masacre del 24J de 2022 con decenas de personas muertas, gravemente heridas y desaparecidas en Melilla; personas criminalizadas por el hecho de migrar que se enfrentan a penas de prisión sin garantías en los procedimientos en los CATE; las muertes en la playa de El Tarajal en 2014, donde al menos 14 personas murieron ahogadas mientras la Guardia Civil disparaba balas de goma y 23 fueron devueltas ilegalmente; las devoluciones ilegales de niños, niñas y adolescentes a Ceuta; las detenciones masivas y las condiciones indignas de las llegadas a Canarias durante la pandemia; así como prácticas sistemáticas de devoluciones en caliente y las miles de muertes en el mar.
Estos hechos no son episodios aislados, sino la consecuencia directa de un modelo de control migratorio basado en la securitización, la deshumanización y el racismo institucional. Un modelo que antepone el control de las fronteras a la protección de la vida y la dignidad de las personas.
Ante esta realidad, desde Irídia realizamos un monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos en la frontera, centrándonos en la realidad a la que se enfrentan las personas durante las llegadas tanto terrestres como marítimas y prestando especial atención a los grupos con necesidades y situaciones específicas, como solicitantes de asilo, niños, niñas y adolescentes, víctimas de tortura o personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+.
El monitoreo de derechos tiene como objetivo denunciar e incidir en las políticas y prácticas institucionales en la gestión fronteriza. Nuestras principales herramientas de incidencia son los informes de derechos humanos, los litigios estratégicos y un trabajo constante de incidencia política y transferencia de conocimientos. Estas herramientas se dirigen a exigir el respeto de los derechos humanos en las fronteras del Estado español.
Ante el contexto político actual, exigimos:
- El respeto estricto e integral de la legalidad nacional e internacional en materia de derechos humanos en todas las fronteras, poniendo fin a los espacios de ex-cepción jurídica.
- El fin inmediato de las devoluciones en caliente y la garantía del derecho a la protección internacional y del acceso a la justicia.
- El respeto a los derechos de la infancia.
- La igualdad en el acceso a la movilidad internacional y, por tanto, la garantía de vías legales y seguras.
- Un cambio profundo de paradigma en las políticas migratorias, orientado a la erradicación del racismo estructural que sustenta las políticas restrictivas, espe-cialmente hacia las poblaciones procedentes de países con una historia de domi-nación colonial.
Defender los derechos humanos en las fronteras no es una opción política: es una obligación legal y ética. Ninguna frontera debería situarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos de las personas.
Firma para poder llevar la impunidad a juicio, para que desde Irídia podamos seguir tra-bajando monitoreando y sistematizando la realidad en las fronteras.
