En el Día Internacional de Apoyo a las víctimas de tortura, expertos y expertas de distintas partes del Estado, con el apoyo de Amnistía Internacional y Omega Research Foundation, se han unido para presentar un Plan de Acción para la mejora y modernización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español. Se trata de un documento dirigido al Gobierno central y al Congreso los Diputados, así como a los gobiernos territoriales con policía propia y sus respectivos parlamentos, que parte de un diagnóstico previo publicado en el año 2022.

“Se presenta como una hoja de ruta en materia de política pública para garantizar la investigación diligente y efectiva de casos que implican una vulneración grave de derechos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, ha introducido Irene Urango, referente de incidencia de Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, que junto con Novact ha impulsado la iniciativa, presentada el miércoles 26 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La propuesta recoge 36 recomendaciones concretas, divididas en tres bloques, y su elaboración es fruto del trabajo de 18 personas expertas con amplia experiencia en la materia y procedentes de diferentes territorios y campos de trabajo (académico, criminológico, policial, forense, jurídico, de derechos humanos, etc.), unidas en una mesa interdisciplinar que ha dado lugar a distintos encuentros.

El primero de los bloques, en el que más extensamente se ha detenido Urango, plantea la necesidad de crear un órgano externo e independiente de monitoreo y análisis de las actuaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y su implementación. “Una oficina especializada que tiene el mandato de supervisar el funcionamiento de las instituciones policiales y el actuar de sus miembros”, ha concretado la referente de incidencia de Irídia.

La creación de un órgano de esta naturaleza “responde a los llamados de organismos internacionales dirigidos al Estado, para elevar los estándares internacionales en la materia”, ha continuado Urango. Se refiere a recomendaciones de organismos como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que han instado al Estado a español a su creación.

Puedes contribuir a hacerlo realidad, aquí, firmando por un mecanismo independiente de control de la policía.

“Lo que identificamos es que los actuales mecanismos de control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no funcionan, ni son suficientes para acabar con la impunidad que rodea a casos tan graves de vulneraciones de derechos”, ha denunciado Urango, y ha dado ejemplos, como la masacre del 24 de junio en la frontera entre Marruecos y Melilla o casos de muerte (como el de Iñigo Cabacas) o de trauma ocular. “Personas ven truncados sus proyectos de vida y no existe una investigación exhaustiva por parte de las instituciones”, ha enfatizado la referente de incidencia de Irídia.

El segundo bloque de recomendaciones se centra en el análisis de los mecanismos internos de investigación y rendición de cuentas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y el tercero comprende propuestas relativas a la investigación judicial y a la atención a las personas afectadas.

Anja Bienert, responsable del Programa Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Países Bajos, y referente en posicionamientos globales de Amnistía en materia policial, se ha preguntado: “¿Por qué un mecanismo de control externo e independiente? Lo que no entiendo es la pregunta. Es lo más normal del mundo que una institución pública se haga controlar. ¿Cómo puede ser la policía una excepción de esto?”. Y ha afirmado: “La policía tiene la función de hacer cumplir la ley y, por lo tanto, debe rendir cuentas, con transparencia, de que la está cumpliendo”.

Matthew McEvoy, investigador de Omega Research Foundation (organización inglesa dedicada a identificar y denunciar vulneraciones de derechos humanos cometidas en todo el mundo por personas que utilizan equipos policiales, de seguridad y militares) e integrante de la Mesa de Expertas, ha ahondado en la importancia de la transparencia, los mecanismos de investigación internos de la policía y la trazabilidad de las armas policiales. “Hay 3 principios clave que generan confianza y son la base del plan que se presenta hoy: transparencia, profesionalismo y rendición de cuentas (…) Las FCS no solo deben funcionar eficazmente, también se debe ver que funcionan eficazmente”, ha afirmado.

Jorge del Cura, integrante de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y de la Mesa de Expertas, se ha centrado en la dificultad de obtener datos e información relativa a casos graves de vulneraciones de derechos humanos en España. “Para construir confianza ciudadana, las FCS deben informar, justificar y responsabilizarse de sus actuaciones”, ha coincidido.

Por su parte, Sara López, responsable del área jurídica del Centro Sir[a], miembro de la Comisión Legal Sol e integrante de la Mesa de Expertas, ha enumerado algunas de las recomendaciones del plan, como la incorporación de formularios de identificación y registro en que conste el motivo de la identificación y la condición étnico-racial auto-percibida por la persona, la implementación de los cambios necesarios en el uniforme de los agentes antidisturbios para que el número de identificación sea fácilmente recordable y visible desde los 360 grados, o la creación de una fiscalía especializada en violencia institucional, entre otras.

Finalmente, Pau Pérez, doctor en Psiquiatría, fundador y coordinador del Grupo de Acción Comunitaria – Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos, director del Centro SIR[a] e integrante de la Mesa de Expertas, ha explicado los impactos de la violencia institucional y de la necesidad de reparación integral de las personas afectadas. “De la misma manera que la injusticia y la impotencia generan daño, la justicia repara. (…) Pero solo una reparación moral que, además de psicológica, pase por el reconocimiento de hechos y la depuración de responsabilidades”.

Por la tarde del mismo miércoles, han expuesto los resultados del Plan de Acción a los diputados y diputadas de la Comisión de Interior del Congreso.