Las acusaciones particular (Xavi Muñoz) y popular (Irídia) insisten que hechos tan graves tienen que ser juzgados. La entidad de derechos humanos recuerda que la retirada del proyectil SIR-X es un compromiso parlamentario que continúa vigente y que se tiene que hacer efectivo

Las acusaciones particular (Xavier Muñoz) y popular (Irídia) han anunciado la presentación de los respectivos recursos de apelación a la Audiencia Provincial de Barcelona para que se siga el procedimiento contra dos escopeteros de la BRIMO de Mossos d’Esquadra y un sargento por los hechos ocurridos el 16 febrero de 2021, durante las protestas por el encarcelamiento del cantante Pablo Hasél en Barcelona, cuando una chica de 19 años perdió el ojo por el impacto de una bala de foam. Los agentes estaban siendo investigados por un delito de lesiones por la pérdida de órgano principal (arte. 149.1 del Código Penal) y uno de tortura y/o contra la integridad moral (arte. 173 y siguientes del Código Penal).

El pasado 10 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona archivó la investigación al asegurar que la actuación de los agentes de los Mossos d’Esquadra no era constitutiva de delito. Según el Juez, el contexto de disturbios justificaba la utilización de las escopetas de foam por parte de los agentes y, por lo tanto, concluye cerrar el caso antes de llegar a juicio. La resolución ni siquiera entra a valorar que el salvo que mutiló la manifestante no se ajustaba al protocolo de uso de estas armas ni a la normativa internacional, que prohíbe disparar en la zona del jefe.

«Consideramos que la resolución del Juzgado no se ajusta a derecho. Supone una valoración apresurada e indebida de la intencionalidad del disparo y las supuestas causas de justificación del delito que, en todo caso, se tienen que valorar a juicio», ha argumentado Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Irídia, en unas declaraciones este jueves ante la Ciudad de la Justicia.

«Que un juzgado de instrucción considere que estos hechos no tienen que ir a juicio es contrario a los estándares internacionales sobre el deber de investigar y juzgar casos de maltrato policial. Más todavía cuando se trata de lesiones tan graves causadas por armas potencialmente letales”, ha añadido.

Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como los instrumentos de Naciones Unidas han señalado que el uso de la fuerza a través de proyectiles de energía cinética puede constituir tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, en casos en que la persona herida no suponga una amenaza inmediata de causar lesiones graves o muerto, o se apunte o dispare por sobre el abdomen, como es el caso.

Olivella ha recordado que justamente por casos como este, el diciembre de 2022 la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial (CEMP) del Parlamento de Cataluña recogió el consenso social que Mossos d’Esquadra dejara de utilizar los proyectiles más lesivos, los tipos SIR-X: “Nos consta que se han iniciado gestiones para hacer efectiva la retirada, pero es indispensable garantizar que nunca más se puedan volver a usar estos proyectiles. Para Irídia, que uno de los casos que supuso un adelanto social tan importante pueda quedar impune es absolutamente inaceptable”, ha concluido.

Por su parte, y en otras declaraciones, el abogado particular Xavi Muñoz, ha destacado que una vez se ha determinado que la lesión fue causada por uno salvo de foam, hace falta que el caso vaya a juicio, en la medida en que la valoración de la prueba corresponde al tribunal sentenciador, no al instructor: “La carencia de condiciones óptimas para disparar, no justifican herir a nadie, al contrario, obligan a abstenerse de disparar según el protocolo, y mucho menos por encima de la cintura”, ha asegurado. Así mismo, ha recordado que estamos hablando de un agente que disparó al jefe de una manifestante.

Finalmente, en declaraciones efectuadas junto con Olivella, el padre de la chica afectada, Eric, ha leído un texto escrito por su hija en que recoge todos los impactos sufridos durante estos años: “Yo solo estaba ejerciendo mi derecho a manifestarme y el que conseguí fue acabar mutilada”, dice el texto. Y añade: “Uno sin número de trabas se han añadido a mi vida cuando tan solo empezaba a ser adulta, y me acompañarán el resto de mi vida”.

Así mismo, el texto denuncia la carencia de investigación y el alargamiento de un proceso judicial que ya hace tres años que dura: “Parece que todo ello no tiene importancia porque tendré que seguir esperando más tiempo para intentar obtener la justicia que merezco”.

Podéis leer la carta que ha escrito chica afectada aquí.