Escrito APDHA

Entre otras medidas solicitan reforzar las plantillas de personal sanitario dentro de prisión o la excarcelación de aquellas personas con un estado de salud más grave.

[Cataluña], 15 de marzo de 2020. Esta mañana más dos decenas de organizaciones han registrado un escrito ante el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solicitando “una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”. Las organizaciones, entre las que se encuentran el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, la Red Jurídica, Irídia o la Coordinadora de Barrios, muestran su preocupación por “los efectos que puede tener el coronavirus en la salud y en los derechos de las personas presas”.

En el escrito remitido a la Administración penitenciaria al Ministerio dirigido por Grande-Marlaska se advierte que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un “servicio médico inadecuado dentro de prisión puede llegar a constituir un trato inhumano o degradante”. Por ello, señalan que “pueden darse situaciones en las que la correcta administración de la justicia penal requiera la adopción de medidas humanitarias tales como la excarcelación o la detención domiciliaria”. En ese sentido, apuntan que “nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, cuenta con medidas alternativas a la privación de libertad dentro de prisión para aquellas personas enfermas o mayores”.

Por ello, dada la crítica situación de la asistencia sanitaria dentro de prisión y de los efectos que el coronavirus puede tener en una población especialmente vulnerable, las organizaciones han solicitado a la Administración Penitenciaria que, en primer lugar, “refuerce de inmediato las plantillas de personal sanitario dentro de prisión, así como el aislamiento de las personas afectadas por el coronavirus se produzca en una instalación médica en lugar de una celda”. En segundo lugar, entre las medidas de excarcelación por razones humanitarias, solicitan “la excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo del mismo modo que el de la población preventiva estableciendo otro tipo de controles en caso de ser necesarios”. En tercer lugar, respecto a la comunicación entre familiares y personas presas, solicitan la “gratuidad de las llamadas telefónicas extras y el incremento de las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios”.

Asimismo, ante el anuncio de cancelación de todo tipo de comunicaciones realizado por el Ministerio de Interior a lo cual nos oponemos, solicitamos que se instale con carácter urgente un sistema de videollamadas en todas las cárceles entre las personas presas y las personas con las que realizan comunicaciones ordinarias. No tiene sentido en estos momentos no implementar, también en las cárceles, las tecnologías de comunicación con las que cuenta el resto de la ciudadanía.

Se trata, como señalan las organizaciones, de “adoptar medidas urgentes que eviten, por un lado, la propagación del coronavirus dentro de las cárceles y que, por otro, garanticen los derechos fundamentales de las privadas de libertad”.